La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Perú, ocurrida en 2022, surgió de la postura mexicana frente a la destitución de Pedro Castillo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador consideró que el proceso contra el expresidente carecía de legitimidad constitucional y otorgó asilo a varios de sus colaboradores. Esa decisión provocó que Lima retirara a su embajador y declarara persona non grata al representante mexicano, congelando de inmediato los canales oficiales de comunicación.
Raíces históricas del desacuerdo
El conflicto no surgió de manera aislada. Desde la independencia, México y Perú han mantenido una relación marcada por periodos de cercanía y distancia según las orientaciones ideológicas de cada administración. Durante los gobiernos de izquierda en ambos países, la cooperación en foros multilaterales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños alcanzó niveles elevados. Sin embargo, la alternancia en Perú hacia posiciones más conservadoras y el respaldo mexicano a Castillo alteraron ese equilibrio. La decisión peruana de romper vínculos se basó en la percepción de que México interfería en asuntos internos, mientras que Ciudad de México argumentó que defendía principios de derecho internacional sobre asilo político.
El caso de la persona aún resguardada en la embajada mexicana en Lima ilustra la persistencia de tensiones prácticas. Bajo protección brasileña, esa persona espera un salvoconducto que le permita trasladarse a territorio mexicano. Este detalle, mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, revela que la ruptura no solo afectó el intercambio de embajadores, sino que también dejó pendientes humanitarios que requieren soluciones bilaterales.
El nuevo escenario peruano bajo Keiko Fujimori
La victoria electoral de Keiko Fujimori introduce variables distintas. Su trayectoria política, vinculada a la herencia de su padre Alberto Fujimori, sugiere una posible inclinación hacia acuerdos pragmáticos con actores regionales. Históricamente, gobiernos peruanos de orientación liberal han priorizado el comercio con México, especialmente en sectores como agroindustria, minería y manufacturas. Si el nuevo ejecutivo decide restablecer contactos, podría encontrar en la administración de Sheinbaum una contraparte dispuesta a responder, tal como lo expresó la mandataria mexicana durante su conferencia matutina.
La ausencia de comunicación directa entre Sheinbaum y Fujimori hasta ahora indica que cualquier avance dependerá de gestos iniciales desde Lima. Esta cautela refleja la experiencia acumulada en otras crisis diplomáticas latinoamericanas, donde la reanudación de relaciones exigió primero señales de buena voluntad antes de pasar a negociaciones formales.
Consecuencias económicas y comerciales
El restablecimiento de embajadas permitiría reactivar mecanismos de promoción comercial suspendidos desde 2022. El intercambio bilateral entre México y Perú supera los mil millones de dólares anuales, con productos como aguacate, autopartes y servicios de ingeniería como principales rubros. Sin representación diplomática plena, las empresas enfrentan dificultades para resolver disputas aduaneras o acceder a información actualizada sobre licitaciones públicas. Casos como el de empresas mexicanas que perdieron contratos en proyectos mineros peruanos por falta de apoyo consular demuestran cómo la ausencia de canales oficiales genera costos tangibles para el sector privado.
Además, la cooperación en materia turística podría beneficiarse. Antes de la ruptura, México y Perú exploraban paquetes combinados que aprovechaban el atractivo de Machu Picchu y la Riviera Maya. La normalización facilitaría campañas conjuntas de promoción y acuerdos de conectividad aérea que hoy permanecen estancados.
Impactos en la política regional y el derecho de asilo
Más allá del plano bilateral, el posible acercamiento influye en el equilibrio de fuerzas dentro de América Latina. La posición mexicana sobre el caso Castillo ha sido interpretada por algunos gobiernos como una defensa consistente del principio de no intervención, mientras que otros la ven como una injerencia ideológica. Si Perú decide dar el primer paso hacia la reconciliación, podría sentar un precedente para resolver otras tensiones similares, como las existentes entre Colombia y Venezuela o entre Argentina y Nicaragua en periodos recientes.
El tema del asilo político también adquiere relevancia. La práctica mexicana de otorgar protección a figuras controvertidas ha sido criticada por algunos sectores peruanos, pero defendida por organismos internacionales como una herramienta legítima para preservar vidas. Un diálogo renovado permitiría discutir protocolos compartidos sobre cómo manejar solicitudes de asilo sin que deriven en crisis diplomáticas, algo que beneficiaría a toda la región en un contexto de creciente inestabilidad política.
Perspectivas de largo plazo para la integración
La reanudación de relaciones no resolverá de inmediato las diferencias de fondo sobre la legalidad del proceso contra Castillo. Sin embargo, abre la puerta a una diplomacia más profesional que separe los desacuerdos ideológicos de los intereses compartidos en comercio, migración y seguridad. La experiencia de otros países que lograron recomponer lazos tras rupturas similares, como Chile y Bolivia en la década de 1970, muestra que la normalización requiere tiempo y gestos recíprocos, pero genera dividendos duraderos en estabilidad regional.
Para México, mantener la disposición al diálogo sin renunciar a su postura sobre Castillo representa un equilibrio delicado. Para Perú, la decisión de iniciar el acercamiento dependerá de cómo el nuevo gobierno evalúe los beneficios económicos frente a posibles costos políticos internos. En ambos casos, el resultado influirá en la capacidad de América Latina para construir instituciones regionales más sólidas y menos vulnerables a cambios de administración.
