La advertencia de Claudia Sheinbaum sobre lo que habría ocurrido con la inflación mexicana sin acuerdos como el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PASIC) o los convenios con gasolineros no puede leerse como una simple celebración de una cifra mensual favorable. Detrás de su mensaje hay una discusión de fondo sobre el papel del Estado en un entorno de presiones inflacionarias persistentes, cadenas de suministro todavía sensibles y mercados que, en sectores clave, no siempre operan con suficiente competencia. La baja anual de 3.12% reportada en julio ofrece alivio, pero también abre una pregunta más relevante: qué parte de esa estabilidad responde a una desinflación global y qué parte depende de una estrategia política de contención de precios cuidadosamente negociada.
En México, la inflación ha sido un problema especialmente sensible desde la pandemia. Primero se encarecieron alimentos, combustibles y servicios básicos; después, la transmisión de costos importados y la volatilidad energética mantuvieron la presión sobre los hogares. En ese contexto, los acuerdos voluntarios impulsados por el gobierno no sustituyen a la política monetaria, pero sí actúan sobre un frente distinto: evitan que aumentos en bienes de consumo masivo se propaguen con mayor rapidez a la canasta familiar. El caso del PASIC es ilustrativo. Su lógica no consiste en congelar toda la economía, sino en impedir que un grupo de productos esenciales empuje el gasto doméstico hacia arriba en un momento de fragilidad social.
El dato de que la canasta pactada se mantenga por debajo de 913 pesos, frente a niveles superiores a mil pesos en 2024, tiene un valor político y social concreto. Para un hogar de ingresos bajos o medios, una diferencia de ese tamaño no es estadística: es margen para resistir una semana más sin sacrificar proteína, higiene o transporte. Ahí radica una de las implicaciones más profundas de esta estrategia. La inflación no golpea de forma abstracta; erosiona hábitos de consumo, altera dietas y obliga a decidir entre gasto inmediato y necesidades posteriores. Si el gobierno logra mantener estable una parte de esa canasta, reduce la velocidad con la que se deteriora el poder adquisitivo y amortigua tensiones sociales que suelen verse semanas después, no al momento de publicar el índice.
El acuerdo sobre las gasolinas y el diésel apunta en la misma dirección, aunque con un alcance diferente. Mantener la gasolina magna en 24 pesos por litro y el diésel en 27 pesos tiene efectos encadenados sobre el resto de la economía. El transporte de mercancías depende del combustible; por tanto, cualquier alza sostenida en ese rubro termina reflejándose en abarrotes, materiales, servicios y logística urbana. Cuando el gobierno acuerda con distribuidores y estaciones de servicio contener ese ajuste, no solo protege al automovilista. También busca evitar que el costo del traslado se convierta en un impuesto invisible sobre toda la cadena de distribución. En términos macroeconómicos, eso ayuda a desacelerar la transmisión de la inflación hacia el consumo cotidiano.
La referencia de Sheinbaum al jitomate muestra otro ángulo importante: la política de estabilización no solo responde a combustibles o bienes industriales, sino también a mercados agroalimentarios altamente expuestos a intermediación, especulación y shocks estacionales. El jitomate es un producto emblemático porque su precio puede subir por clima, logística o acaparamiento con rapidez suficiente para alterar la percepción pública de la economía. La negociación con centrales de abasto y grandes distribuidores intenta ordenar ese mercado y evitar picos injustificados. Si funciona, su valor no reside únicamente en el precio final, sino en el mensaje que envía a otros segmentos: el gobierno no está dispuesto a tolerar dinámicas especulativas en productos sensibles para el consumo popular.
Esa estrategia, sin embargo, también tiene límites que conviene mirar con precisión. Los acuerdos voluntarios pueden ser útiles cuando existe disposición de los actores privados y cuando el entorno externo no se dispara con fuerza. Pero si los costos internacionales suben de forma sostenida, o si la estructura de competencia local es demasiado concentrada, la contención administrativa se vuelve más frágil. Además, mantener precios por pacto requiere vigilancia, transparencia y capacidad de corrección para evitar que la estabilidad aparente se traduzca en escasez, menor calidad o ajustes ocultos en otros puntos de la cadena. La experiencia comparada muestra que los controles parciales funcionan mejor como puente temporal que como solución permanente.
También hay una dimensión política que no debe subestimarse. Al presentar estos acuerdos como parte de la defensa del ingreso familiar, Sheinbaum coloca la inflación dentro de la narrativa de la protección social, no solo de la disciplina fiscal. Eso fortalece la legitimidad del gobierno en un terreno donde los ciudadanos suelen medir la eficacia con el ticket del mercado, no con los modelos económicos. Pero esa misma narrativa eleva el nivel de exigencia: si los precios vuelven a acelerarse en productos básicos, el costo político será mayor porque el Ejecutivo ya vinculó directamente su gestión con la estabilidad cotidiana.
A mediano plazo, el impacto más relevante podría estar en la construcción de una nueva relación entre Estado y mercado. Si los acuerdos logran sostener precios sin generar distorsiones graves, México podría consolidar un modelo híbrido de administración económica: menos intervencionista que un control rígido, pero más activo que la simple observación regulatoria. Eso abriría espacio para políticas similares en otros bienes estratégicos, siempre que haya diagnóstico fino y una coordinación real con productores, distribuidores y transportistas. Si, por el contrario, la estabilidad depende demasiado de negociaciones discrecionales, el riesgo es institucionalizar una economía de excepciones, en la que cada alza requiere una mesa especial en lugar de reglas de competencia más sólidas.
La señal de julio es favorable, pero su valor completo solo aparecerá si se mantiene en el tiempo y si el gobierno consigue demostrar que la contención de precios no es un gesto aislado, sino parte de una arquitectura económica capaz de proteger a los hogares sin desordenar el mercado. En una economía tan sensible al costo de los básicos, esa diferencia importa tanto como el propio dato de inflación.
