El Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón acordó contratar un despacho externo para revisar y depurar los adeudos de corto plazo que el organismo mantiene con proveedores. La medida busca comprobar que las obligaciones financieras estén respaldadas por contratos, trabajos ejecutados y servicios efectivamente recibidos, en un contexto de presión administrativa y financiera para el operador municipal.
El acuerdo fue aprobado durante la sesión mensual del Consejo Directivo, celebrada el jueves, y complementará la revisión interna que ya se realiza en el Simas. También se espera que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) inicie próximamente una fiscalización sobre la situación financiera del organismo. La participación de tres instancias, con alcances distintos, pretende establecer con mayor precisión el origen, la validez y el monto real de los pasivos.
Una deuda que creció en un periodo
La decisión ocurre después de que el Simas reportó pasivos por 2 mil 081 millones de pesos en su Avance de Gestión Financiera correspondiente al cierre del primer semestre de 2026. El documento fue entregado por Roberto Escalante González, entonces gerente general, quien presentó su renuncia ante el Consejo Directivo en medio de cuestionamientos relacionados con el manejo financiero y el incremento de las obligaciones pendientes.
Las cifras oficiales muestran un aumento considerable frente al periodo anterior, cuando los adeudos ascendían a aproximadamente 354 millones de pesos. La diferencia entre ambos reportes hizo necesario separar las obligaciones reconocidas, las cuentas sujetas a comprobación y los compromisos derivados de litigios o disposiciones legales. Sin esa clasificación, el monto global no permite identificar por sí mismo qué parte corresponde a servicios contratados, deuda institucional, sanciones, derechos no cubiertos o resoluciones judiciales.
Proveedores y servicios bajo revisión
Los consejeros señalaron que una de las prioridades será determinar cuánto de los 2 mil 081 millones de pesos corresponde específicamente a adeudos de corto plazo con proveedores. En algunos casos, indicaron, existen dudas sobre la documentación que sustenta las obligaciones y sobre la ejecución efectiva de las obras o servicios contratados.
Entre los trabajos y servicios que podrían ser revisados se encuentran la reposición de líneas sanitarias, la rehabilitación de pozos, el mantenimiento de equipos, así como la renta de pipas y camiones tipo vactor utilizados en labores de desazolve. La revisión deberá confrontar contratos, órdenes de servicio, estimaciones, actas de entrega, facturas y comprobantes de pago con la evidencia física y operativa de las actividades realizadas.
Este procedimiento también puede ayudar a distinguir entre una deuda vencida y una obligación que todavía se encuentra en proceso administrativo. La diferencia es relevante para determinar la liquidez inmediata del organismo, sus compromisos exigibles y la posibilidad de que algunos saldos deban corregirse, aclararse o someterse a una investigación adicional. Hasta ahora, el Consejo Directivo no ha informado el nombre del despacho, el costo de la contratación ni el plazo previsto para entregar resultados.
CFE, Conagua y obligaciones judiciales
Una parte importante de los pasivos reportados no corresponde directamente a proveedores de obras y servicios. Alrededor de 441 millones de pesos son adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que el Simas no cubría la totalidad de la energía consumida por los equipos de pozos y cárcamos. El suministro eléctrico es indispensable para la extracción, conducción y manejo de las aguas, por lo que este compromiso representa una presión operativa además de financiera.
El organismo también debe aproximadamente 218 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por derechos de extracción y descargas que no fueron pagados. De esa cantidad, 136 millones se generaron hasta 2024 y el resto corresponde a obligaciones acumuladas entre 2025 y el primer semestre de 2026. La antigüedad de estos saldos será un elemento relevante para establecer responsabilidades, posibles recargos y mecanismos de regularización.
Asimismo, se contabilizan cerca de 200 millones de pesos a favor de la empresa Ecoagua, derivados de laudos relacionados con un juicio ordinario mercantil iniciado en 2015. El litigio se originó por el contrato de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Al tratarse de una obligación vinculada con resoluciones judiciales, su tratamiento financiero es distinto al de una factura pendiente, aunque igualmente afecta la capacidad del Simas para atender sus compromisos corrientes.
Litigios pendientes y rendición de cuentas
El pasivo incluye además otras demandas en las que el organismo podría estar obligado a resarcir daños y perjuicios. Entre los casos mencionados está el del agricultor Juan José Fernández García, quien desde 2008 reclama la restitución de derechos de agua tratada. La existencia de estos procesos introduce un componente contingente: el impacto final dependerá de las resoluciones, los montos reconocidos y las condiciones en que, en su caso, deban cumplirse.
Para el Consejo Directivo, la revisión externa debe servir para esclarecer el manejo de los recursos públicos y ofrecer una base documental para las decisiones que se adopten. Sin embargo, la auditoría no sustituye las responsabilidades de administración, contratación y supervisión que corresponden al organismo. Sus resultados deberán precisar qué adeudos están comprobados, cuáles requieren aclaración y si existen irregularidades que deban turnarse a las autoridades competentes.
El proceso también será determinante para ordenar las finanzas del Simas Torreón sin poner en riesgo la continuidad de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Conocer el monto real de las obligaciones permitirá establecer prioridades de pago y negociar, cuando sea procedente, con acreedores como la CFE, Conagua y proveedores. Mientras concluyen las revisiones interna, externa y estatal, el Consejo Directivo enfrenta el reto de corregir la información financiera y garantizar que cualquier nuevo compromiso esté sustentado y pueda ser verificado.
