El gobierno de Sinaloa presentó, en el marco del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum, un balance de inversiones federales que coloca al estado entre los principales receptores de obra pública y programas sociales. Sin embargo, el comunicado estatal reporta inicialmente una cifra cercana a 94 millones de pesos, mientras que el desglose posterior suma montos de miles de millones; la diferencia exige precisión oficial para dimensionar el alcance real de los recursos comprometidos.
Infraestructura con efectos de largo plazo
El paquete más relevante se concentra en proyectos que pueden modificar la capacidad productiva y logística de Sinaloa: 46 mil 877 millones de pesos para modernizar el puerto de Topolobampo, 10 mil 635 millones para tecnificar los distritos de riego Humaya y Río Fuerte, y más de mil 307 millones en carreteras, puentes y conservación de la red federal. A ello se añaden centrales hidroeléctricas y una planta de ciclo combinado en Mazatlán, obras cuyo impacto dependerá de su conclusión en tiempo y de su articulación con la actividad agrícola, industrial y portuaria.
En vivienda, se construyen 55 mil 300 casas con participación de Conavi, Infonavit y Fovissste; 11 mil 524 ya fueron entregadas, equivalente a un avance de 21 por ciento. El reporte también destaca la reestructuración de deudas para casi 172 mil familias y la entrega de más de 30 mil escrituras, un indicador de regularización patrimonial que complementa la construcción física.
Salud, educación y transferencias
La inversión en salud supera los 3 mil 183 millones de pesos, encabezada por el nuevo Hospital General Regional del IMSS en Culiacán, con 216 camas, 40 consultorios y 11 quirófanos. En educación se proyectan nuevos planteles de media superior, una unidad de la Universidad Rosario Castellanos y 20 bachilleratos nacionales, mientras La Escuela es Nuestra ha canalizado 549.25 millones a centros escolares.
Los programas de bienestar concentrarán 26 mil 366 millones de pesos para más de 1.12 millones de beneficiarios al cierre del año. Aunque estas transferencias sostienen ingresos y consumo, el desafío será que la inversión productiva, hidráulica y logística genere empleos duraderos y reduzca la dependencia de apoyos recurrentes en las zonas rurales y vulnerables.
