La adjudicación del contrato para construir el paso a desnivel de Viguera en Oaxaca de Juárez revela patrones persistentes en los procesos de licitación pública mexicana. La empresa Soluntitec, sancionada en Querétaro tras el colapso de una trabe del puente sobre la avenida del Cerro del Sombrerete en agosto de 2022, resultó seleccionada junto con MBLOK Construcciones para una obra valorada en 271.8 millones de pesos. El hecho de que solo dos compañías participaran en la convocatoria LPE/SOPDU/DCSCOP/001/2026 plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de exclusión de proveedores con antecedentes de fallas estructurales.
El antecedente de Soluntitec en Querétaro muestra cómo una inhabilitación de dos años, vigente hasta abril de 2025, no impidió su participación en otra entidad federativa. El colapso de la estructura ocurrió mientras se ejecutaban trabajos de ampliación, y las autoridades queretanas determinaron responsabilidad directa de la constructora. Este episodio no es aislado: en múltiples estados mexicanos se registran casos donde empresas sancionadas en una jurisdicción logran contratos en otra debido a la fragmentación de los registros de proveedores.
La fragmentación regulatoria entre entidades
La falta de un registro nacional unificado de inhabilitaciones permite que empresas con historial de incumplimientos migren entre estados. En el caso de Soluntitec, la sanción queretana se limitó al ámbito estatal y no generó alertas automáticas para licitaciones en Oaxaca. Este vacío normativo se repite en proyectos de infraestructura carretera y urbana, donde la presión por ejecutar obras antes del cierre de administraciones reduce los tiempos de verificación de antecedentes.
MBLOK Construcciones, por su parte, acumula un retraso documentado en la rehabilitación de la red sanitaria de la avenida de La Campiña, concluida en el primer trimestre de 2026 en lugar de enero. El mismo contratista ahora comparte la responsabilidad del distribuidor vial de Viguera. La acumulación de proyectos en manos de pocas empresas que presentan retrasos recurrentes sugiere debilidades en los criterios de evaluación de capacidad técnica y cumplimiento previo.
Implicaciones para la seguridad estructural
El colapso del puente en Querétaro dejó expuesta la necesidad de controles más estrictos durante la ejecución de obras de concreto. Cuando una trabe falla bajo carga durante la construcción, las causas suelen vincularse a deficiencias en el diseño de cimbras, control de calidad del concreto o supervisión de obra. Permitir que la misma empresa intervenga en un nuevo distribuidor vial sin verificación adicional de protocolos de seguridad incrementa el riesgo de incidentes similares en Oaxaca.
Durante la obra de La Campiña ya se registró un evento de colapso de tierra que semi sepultó a un trabajador. Aunque el operario sobrevivió, el suceso evidencia fallas en los sistemas de contención y señalización. La repetición de este tipo de incidentes en contratos adjudicados a las mismas firmas indica que las penalizaciones económicas o suspensiones temporales no modifican sustancialmente las prácticas de ejecución.
Efectos en la planeación de movilidad urbana
El gobernador Salomón Jara Cruz presentó el distribuidor como solución a un punto de alta carga vehicular en la carretera federal 190. Sin embargo, la Coalición Movilidad Segura Oaxaca ha advertido que la obra podría desplazar congestión hacia otras intersecciones sin resolver el problema de fondo. La experiencia de otras ciudades mexicanas muestra que distribuidores viales construidos sin estudios integrales de demanda inducida generan nuevos cuellos de botella en plazos de tres a cinco años.
La inversión combinada de 240 millones de pesos estatales y 31.8 millones municipales se ejecutará entre julio y diciembre de 2026. La ausencia de publicación oportuna de los resultados de la licitación en el portal del ayuntamiento limita la capacidad de la ciudadanía para realizar observaciones antes del inicio de trabajos. Esta opacidad reduce la posibilidad de ajustes en el diseño que incorporen medidas de seguridad vial adicionales.
Consecuencias para la confianza institucional
Cuando dos empresas con antecedentes problemáticos resultan las únicas postoras y obtienen el contrato, se erosiona la percepción de que los recursos públicos se asignan bajo criterios de competencia real. Estudios de organismos internacionales sobre contrataciones en América Latina indican que la participación reducida en licitaciones suele correlacionarse con mayores riesgos de sobrecostos y menor calidad final de la infraestructura.
El caso de Viguera se suma a una serie de proyectos en Oaxaca donde la rehabilitación de drenajes y pasos a desnivel se concentra en un número limitado de contratistas. Esta concentración puede derivar en menor innovación técnica y en la perpetuación de prácticas constructivas que ya demostraron insuficiencias en otras entidades.
Perspectivas de largo plazo
La construcción del distribuidor vial de Viguera ocurrirá en paralelo a otras intervenciones de infraestructura en la capital oaxaqueña. Si los problemas de supervisión y control de calidad se repiten, el municipio podría enfrentar costos adicionales de mantenimiento correctivo en un horizonte de cinco a diez años. La experiencia de Querétaro demuestra que las fallas estructurales no solo generan gastos imprevistos, sino que también afectan la credibilidad de las autoridades responsables de la obra pública.
Para mitigar estos riesgos, sería necesario establecer mecanismos de intercambio de información entre estados sobre inhabilitaciones vigentes y crear requisitos de certificación técnica independientes para empresas con historial de colapsos. Sin tales ajustes, la adjudicación de obras a firmas con antecedentes problemáticos seguirá formando parte del paisaje de la infraestructura mexicana.
