CIUDAD DE MÉXICO.— Somos México calificó como una “provocación irresponsable” hacia Estados Unidos el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa y advirtió que la decisión podría aumentar la tensión bilateral. La organización atribuyó políticamente la reincorporación a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque el Gobierno federal y Morena han sostenido que el mandatario estatal decidió por cuenta propia concluir su licencia temporal.
La controversia se desarrolla mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones relacionadas con señalamientos contra Rocha Moya. La organización opositora sostuvo que el retorno al cargo no equivale a una exoneración judicial y que tampoco elimina las acusaciones formuladas en México y Estados Unidos. Hasta ahora, la información pública citada en el caso no establece que exista una resolución judicial definitiva que determine la responsabilidad penal del gobernador.
Una acusación política con dimensión bilateral
En un comunicado, Somos México afirmó que la reincorporación responde a una determinación política destinada a proteger a integrantes de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. La agrupación argumentó que el caso coloca al Gobierno mexicano ante un dilema diplomático, debido a que las acusaciones mencionadas tendrían implicaciones en ambos países y podrían ser observadas por autoridades estadounidenses.
“El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa es una decisión política de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador”, señaló la organización. A partir de esa valoración, sostuvo que la medida no fortalece la defensa de la soberanía, sino que expone a México a una confrontación con su principal socio comercial.
La afirmación sobre una supuesta decisión conjunta de Sheinbaum y López Obrador constituye, sin embargo, la postura política de Somos México. La Secretaría de Gobernación indicó que la reincorporación fue una determinación de carácter personal del gobernador. Esa diferencia es central para entender el alcance de la disputa: mientras la oposición interpreta el regreso como una decisión concertada desde el poder federal, el Gobierno lo presenta como el ejercicio de una facultad individual del mandatario sinaloense.
Rocha retoma el cargo después de 112 días
Rocha Moya volvió a desempeñar sus funciones como gobernador de Sinaloa después de permanecer 112 días con licencia temporal. La reincorporación reabrió el debate sobre las circunstancias que motivaron su separación provisional del cargo y sobre el estado de las investigaciones que, de acuerdo con la información difundida, continúan bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República.
La Secretaría de Gobernación señaló que corresponde a la FGR proporcionar cualquier información adicional que considere pertinente sobre las carpetas de investigación abiertas. Con ello, la dependencia federal se deslindó de anticipar conclusiones sobre los expedientes y dejó en manos del Ministerio Público la comunicación de eventuales avances, imputaciones o determinaciones.
El gobernador ha rechazado los señalamientos en su contra. Según su posición, decidió regresar porque no existen elementos legales que le impidan continuar al frente del Gobierno de Sinaloa. Esa defensa no cancela por sí misma las investigaciones, pero refleja la diferencia entre una acusación pública, una indagatoria ministerial y una resolución judicial firme.
El impacto que anticipa la oposición
Somos México consideró que la reincorporación puede enrarecer la relación entre México y Estados Unidos, especialmente si las autoridades de ese país mantienen interés en los señalamientos relacionados con funcionarios o actores políticos mexicanos. La organización también afirmó que permitir el regreso del gobernador representa una afrenta al Estado de derecho y un agravio para la población de Sinaloa.
La advertencia se produce en un contexto en el que la cooperación bilateral en materia de seguridad depende de canales institucionales, intercambio de información y confianza entre las autoridades. Por esa razón, cualquier señalamiento sobre presuntos vínculos con organizaciones criminales puede adquirir una dimensión diplomática, aun cuando no se haya informado de una acusación formal o de una resolución emitida por tribunales estadounidenses contra Rocha Moya.
No obstante, el posible efecto internacional del caso dependerá de hechos verificables y de las decisiones que adopten las instituciones competentes. La continuidad de una investigación no prueba responsabilidad, pero tampoco permite considerar cerrado el asunto. La publicación de resultados por parte de la FGR, o la ausencia prolongada de explicaciones oficiales, será determinante para evaluar si el regreso del gobernador deriva en nuevas presiones políticas y diplomáticas.
Una disputa abierta sobre responsabilidades
El episodio deja planteadas dos discusiones distintas. La primera corresponde a la situación jurídica de Rocha Moya y al avance real de las investigaciones. La segunda se refiere a quién tomó la decisión de finalizar la licencia y bajo qué criterios políticos se permitió su retorno. Mientras esas preguntas no reciban respuestas documentadas, las acusaciones de Somos México seguirán formando parte de la confrontación partidista más que de una conclusión institucional.
Por ahora, Rocha Moya permanece nuevamente al frente del Gobierno de Sinaloa, la FGR conserva la responsabilidad de informar sobre las indagatorias y el Gobierno federal niega que su reincorporación haya sido ordenada por la presidenta o por el expresidente. El caso mantiene abierta la tensión entre la autonomía política del gobernador, el escrutinio sobre sus actuaciones y la necesidad de preservar la cooperación de seguridad con Estados Unidos.
