Sonora concentró en 2024 la tasa más elevada del país de adolescentes ingresados a centros de internamiento: 67 por cada 100 mil jóvenes de 14 a 17 años, casi cuatro veces el promedio nacional de 17.2, según datos del Inegi. Esta posición coloca al estado por encima de Aguascalientes y Baja California, y revela que la privación de libertad de menores sigue aplicándose con mayor frecuencia en la entidad pese a su carácter excepcional previsto en la ley.
El incremento nacional de 3.6% en ingresos durante el año, con 1 562 casos totales, muestra que Sonora formó parte del grupo de seis entidades que acumularon más de la mitad de los registros. Nueve de cada diez adolescentes internados fueron hombres, lo que apunta a patrones de conducta diferenciados por género que las autoridades aún no han abordado con suficiente profundidad.
Origen familiar del problema
La psicóloga Francis del Real identifica la desintegración de los hogares y la ausencia de supervisión parental como el factor principal. Muchas madres deben incorporarse al mercado laboral sin redes de apoyo, lo que deja a los adolescentes sin acompañamiento diario. Esta dinámica, más que causas externas aisladas, explica el salto estadístico en Sonora y sugiere que las políticas de justicia juvenil deben complementarse con medidas de apoyo familiar para reducir la reincidencia.
El dato de 67 ingresos por cada 100 mil adolescentes no solo refleja mayor conflictividad, sino también una posible sobrerrepresentación de medidas privativas de libertad frente a alternativas comunitarias. Sin cambios estructurales en la estructura familiar y en los programas de prevención, la brecha con el promedio nacional difícilmente se cerrará.
