La crisis de suministro eléctrico que afecta actualmente a veinte estados del país, incluida la Ciudad de México, no surge de manera repentina. Sus raíces se encuentran en una acumulación sostenida de insuficiente inversión en la Red Nacional de Transmisión durante más de una década. Entre 2013 y 2026, el déficit calculado por el ingeniero Salvador Portillo Arellano asciende a 143900 millones de pesos constantes de 2024. Esta cifra representa el resultado de una inversión pública anual que se mantuvo sistemáticamente por debajo de los requerimientos técnicos necesarios para mantener la confiabilidad del sistema.
El análisis técnico contenido en el “Reporte de Revisión: Infraestructura de la Red Nacional de Transmisión de CFE” revela que el 55 % de los componentes de la red ya alcanzan o superan los treinta años de vida útil. Esta situación de envejecimiento coincide con periodos en los que la asignación presupuestal cubrió apenas el 60.5 % de las necesidades durante el último año de la administración anterior y se redujo a un 32.85 % en los dos periodos subsecuentes. La brecha acumulada equivale, según el mismo documento, a 21.2 años de inversión al ritmo registrado en 2024.
Evolución histórica del rezago
Desde la reforma energética de 2013, la planeación de la expansión de transmisión enfrentó limitaciones tanto presupuestales como de coordinación institucional. Los proyectos de generación adjudicados en años recientes, de los cuales solo 17 de 37 cuentan con interconexión viable, evidencian que la capacidad de evacuación de energía no ha crecido al mismo ritmo que la incorporación de nueva oferta. Esta asimetría se traduce en cuellos de botella que se manifiestan primero como apagones regionales y, de persistir, podrían escalar a restricciones estructurales del servicio.
El mecanismo de coordinación entre la Comisión Federal de Electricidad y los gobiernos estatales, anunciado recientemente, permitirá recopilar información más granular sobre las fallas. Sin embargo, la tecnología de medición y detección de picos ya existente en la CFE no resuelve por sí misma la necesidad de reemplazo y refuerzo de líneas, torres y subestaciones a lo largo de los 111114 kilómetros de la red.
Consecuencias para la competitividad industrial
La insuficiencia de capacidad de transmisión actúa como un factor limitante para cualquier estrategia de atracción de inversión productiva. Proyectos de relocalización de cadenas de suministro que contemplan el nearshoring requieren certeza en el abastecimiento eléctrico continuo y de calidad. Cuando las interrupciones se vuelven recurrentes, las empresas evalúan no solo los costos operativos directos, sino también el riesgo de incumplimiento de contratos de entrega y la necesidad de instalar generación propia de respaldo, lo que eleva la inversión inicial requerida.
El Plan México y los denominados Parques del Bienestar enfrentan este mismo obstáculo. La localización de nuevas plantas manufactureras depende de la existencia de capacidad de transmisión disponible en el punto de conexión. Sin esa infraestructura, los incentivos fiscales o de suelo pierden efectividad porque el insumo energético básico no está garantizado. La relación comercial con Estados Unidos bajo el T-MEC añade presión adicional: los compromisos de contenido regional y plazos de entrega se vuelven más difíciles de cumplir cuando la energía eléctrica falla de manera impredecible.
Efectos en la transición energética y el sector agroalimentario
La misma limitación de la red afecta la integración de fuentes renovables. Aunque México cuenta con recursos solares y eólicos significativos, la falta de líneas de transmisión de alta capacidad impide trasladar la energía generada en regiones remotas hacia los centros de consumo. Esta restricción reduce el ritmo al que el país puede diversificar su matriz energética y cumplir objetivos de reducción de emisiones.
En el sector agroalimentario, la dependencia externa de granos y oleaginosas ya alcanza el 42 % del consumo nacional y el 50 % en el caso del maíz. La inestabilidad en el suministro eléctrico agrava esta vulnerabilidad porque el bombeo de agua para riego, el secado y almacenamiento de granos, y la operación de plantas de alimentos balanceados requieren energía confiable. Un incremento en los costos energéticos o en las interrupciones del servicio se traduce directamente en mayores precios de insumos para la producción pecuaria y, por tanto, en presión alcista sobre los alimentos básicos.
Perspectivas de recuperación y requerimientos institucionales
Superar el rezago acumulado demandará, según el análisis técnico, un horizonte de hasta 21 años si se mantiene el ritmo de inversión observado en 2024. Acelerar ese proceso requiere tanto financiamiento adicional como mecanismos de colaboración con el sector privado que permitan incorporar tecnología y capacidad de ejecución sin comprometer el control operativo de la red. La planeación plurianual, la certidumbre regulatoria y la definición clara de proyectos prioritarios son condiciones necesarias para atraer capital y expertise.
La experiencia de otros países que enfrentaron déficits similares muestra que la recuperación de la confiabilidad del sistema de transmisión suele requerir entre cinco y ocho años de inversión sostenida cuando existe coordinación efectiva entre autoridad, operador y proveedores de equipo. En el caso mexicano, la magnitud de la brecha y el estado de envejecimiento de los activos sugieren que cualquier estrategia de solución deberá combinar rehabilitación de infraestructura existente con la construcción de nuevos corredores de transmisión de alto voltaje.
El impacto de no resolver esta limitación estructural se extenderá más allá de los apagones inmediatos. Afectará la capacidad del país para sostener tasas de crecimiento industrial, para reducir su dependencia alimentaria y para avanzar en la descarbonización del sector energético. La decisión de priorizar la inversión en transmisión en los próximos ejercicios presupuestales definirá, en buena medida, el margen de maniobra que México tendrá en la próxima década para competir en cadenas globales de valor.
