La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha dejado al descubierto las limitaciones estructurales de la política económica mexicana de las últimas tres décadas. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, cerró un acuerdo que garantiza la vigencia del instrumento por al menos diez años adicionales, pero sin presentar un modelo de desarrollo industrial, agropecuario y tecnológico que permita a México pasar de socio subordinado a socio de igual a igual. Las proyecciones oficiales y privadas coinciden en que el crecimiento del Producto Interno Bruto se mantendrá en torno a 1.8 por ciento anual o menos durante la próxima década.
El origen de las expectativas actuales se remonta a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre 1990 y 1993. Entonces, el presidente Carlos Salinas de Gortari fijó cinco metas explícitas: un PIB superior al 4 por ciento anual, reducción significativa de la pobreza, construcción de un modelo de desarrollo de primer mundo, fortalecimiento de la clase obrera y creación de una planta industrial y un sistema de educación-ciencia-tecnología propios. Tres décadas después, el comercio exterior se ha multiplicado por diez, pero ninguna de aquellas metas se ha cumplido de manera sostenida.
La tercera revisión del T-MEC, impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, se desarrolló bajo la amenaza permanente de aranceles unilaterales y la posibilidad de un “EUEXIT” gradual. Ebrard logró el compromiso de Washington de mantener el tratado por una década más, hasta 2036, fecha en la que se reabriría la posibilidad de regresar a esquemas bilaterales. Ese horizonte, sin embargo, es interpretado por analistas como un camino de salida controlada más que como una consolidación del marco trilateral.
Funcionarios de la Secretaría de Economía reconocen en privado que la dependencia de la Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional a finales de 2025 condicionó el margen de maniobra mexicano. El documento, heredado de administraciones anteriores y actualizado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, privilegia la estabilización macroeconómica por encima de cualquier estrategia de reindustrialización. En ese contexto, el llamado Plan México —entregado a Ebrard solo como documento de referencia— no se tradujo en una propuesta negociadora con metas cuantificables de contenido nacional, transferencia tecnológica o formalización del empleo.
Diez años de vigencia y escenarios de bajo crecimiento
Las estimaciones de crecimiento de 1.8 por ciento anual para el periodo 2026-2036 provienen de ejercicios internos de la propia Secretaría de Economía y de proyecciones de organismos internacionales. Ese ritmo resulta insuficiente para absorber la fuerza laboral que cada año se incorpora al mercado y para reducir la informalidad, que sigue concentrando a más de la mitad de los trabajadores. La desindustrialización relativa de sectores que en la primera fase del tratado habían mostrado dinamismo se ha acentuado, mientras la élite exportadora concentra los beneficios del acceso preferencial al mercado estadounidense.
Durante las últimas semanas de la negociación, Ebrard afirmó públicamente que el arancel general del 10 por ciento anunciado por Trump no tendría impacto relevante sobre México porque “todo estaba asegurado”. Horas después, el mismo funcionario salió a advertir sobre nuevos gravámenes sectoriales, lo que reveló la fragilidad de los entendimientos verbales. El contraste entre el discurso de certeza y la realidad de la incertidumbre ha alimentado críticas sobre la capacidad de la Secretaría de Economía para anticipar movimientos geopolíticos de Washington.
Especialistas en comercio exterior señalan que la función del secretario no se limitaba a gestionar la prórroga del tratado. Incluía la obligación de construir, con al menos un año de anticipación, una propuesta integral de reorganización productiva alineada con las nuevas prioridades estadounidenses en materia de nearshoring, seguridad de cadenas de suministro y contención de la influencia china. Esa propuesta nunca se presentó de manera pública ni se sometió a consulta con cámaras industriales, sindicatos o gobiernos estatales.
Antecedentes de tres décadas y continuidad de la 4T
Desde Salinas de Gortari hasta Sheinbaum Pardo, pasando por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, todos los gobiernos han suscrito compromisos de estabilización macroeconómica con el FMI que limitan el uso de política industrial activa. La firma de la última Carta de Intención en 2025 confirma que esa lógica permanece intacta. El resultado es un círculo vicioso: el tratado multiplica el comercio, pero la falta de un modelo de desarrollo propio impide que el crecimiento se traduzca en bienestar social amplio.
La consultora Mariana Mazzucato ha sido mencionada en círculos oficiales como asesora del Plan México, lo que ha generado molestia entre funcionarios que consideran que la estrategia de desarrollo debería elaborarse al interior del Estado y no externalizarse. Ebrard, por su parte, ha insistido en que las relaciones personales con contrapartes estadounidenses fueron determinantes para evitar un escenario peor. Sin embargo, su lenguaje corporal y su estilo de comunicación han sido cuestionados incluso por aliados políticos que esperaban un perfil más técnico y menos personalista.
El balance que dejan las conversaciones es ambiguo. El tratado sobrevive una década más, se evita una ruptura inmediata y se mantiene el acceso preferencial para las exportaciones mexicanas. Al mismo tiempo, no existe un horizonte creíble de crecimiento superior al 2 por ciento, la informalidad laboral se profundiza y la planta industrial no alcanza los estándares de productividad de sus competidores. La narrativa oficial sostiene que “pudo haber sido mucho peor”; la lectura crítica sostiene que la ausencia de un modelo propio convierte la prórroga en una prórroga de la dependencia.
En los próximos meses, el Congreso mexicano deberá revisar los compromisos adquiridos y las cámaras empresariales esperan claridad sobre reglas de origen, mecanismos de solución de controversias y posibles aranceles de retaliación. Mientras tanto, el gobierno de Sheinbaum enfrenta el reto de demostrar que la continuidad del T-MEC puede acompañarse, por primera vez en 32 años, de una estrategia de desarrollo que no se limite a administrar las migajas del mercado estadounidense.
