Tabasco enfrenta una contradicción que rebasa el deterioro de varias obras públicas: mientras el estado conserva infraestructura inutilizada, abandonada o subutilizada por un valor aproximado de 3 mil 200 millones de pesos, el gobierno de Javier May Rodríguez impulsa un nuevo paquete de proyectos denominado Villahermosa 2030, con una inversión cercana a 6 mil millones. La discusión, por tanto, no se limita a si la ciudad necesita un nuevo Centro de Convenciones, una avenida modernizada o un sistema de seguridad más sofisticado. La pregunta decisiva es si las instituciones que no pudieron preservar ni aprovechar obras anteriores cuentan ahora con mecanismos capaces de evitar que el siguiente ciclo de inversión produzca nuevos pasivos urbanos.
La cifra acumulada no representa necesariamente una pérdida contable homogénea. Algunas obras todavía pueden recuperar una función pública mediante rehabilitación, equipamiento o una nueva forma de administración. Otras, sin embargo, exhiben fallas de origen: fueron concebidas sin consulta suficiente, terminaron sin presupuesto operativo, presentaron vicios ocultos o quedaron desconectadas de las necesidades cotidianas de la población. Esa diferencia es fundamental. El problema no es únicamente construir mal, sino decidir sin calcular el costo completo de mantener viva una infraestructura después de inaugurarla.
Una cadena de obras sin ciclo de vida
El caso del Museo Elevado de Villahermosa, conocido como Musevi, resume varias de esas deficiencias. La estructura fue construida en 2011 con una inversión de 60 millones de pesos, durante la administración municipal de Jesús Alí de la Torre, con el propósito de convertirse en un espacio de promoción artística. Cerró desde 2013 y, de acuerdo con la denuncia de colectivos ciudadanos, terminó asociado con abandono, deterioro y usos ajenos a su objetivo original. La obra, que debía ampliar la oferta cultural de la capital, quedó reducida a una estructura visible pero sin programa, mantenimiento ni responsable institucional claramente identificado ante la ciudadanía.
La protesta organizada el 26 de julio pasado bajo la estructura del Musevi, con motivo de sus quince años, tuvo un significado que va más allá de la celebración simbólica. Los colectivos convirtieron el aniversario en una auditoría social: utilizaron el espacio abandonado para recordar cuánto cuesta una decisión pública cuando no existe continuidad administrativa. El señalamiento del activista Alejandro May resulta relevante porque desplaza el foco del objeto arquitectónico hacia el proceso político que lo produjo. Una estructura no se convierte por sí sola en un fracaso; fracasa cuando la planeación se subordina a la visibilidad del gobernante y no a una demanda verificable.
El Centro Gerontológico de Tabasco, edificado en 2012 con una inversión de 82.5 millones de pesos durante el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, muestra otra modalidad de la misma falla. Su objetivo era funcionar como casa de día para adultos mayores, pero permaneció cerrado durante años por falta de equipamiento y presuntos vicios ocultos. Aquí la construcción no era el punto final: el servicio requería personal especializado, mobiliario, protocolos de atención, presupuesto recurrente y conexión con una política social de largo plazo. Sin esos componentes, los 82.5 millones produjeron un inmueble, pero no una capacidad pública.
La Plaza Bicentenario, construida en 2009 durante el gobierno de Andrés Granier Melo, agrega el problema de la conservación. Costó más de 65 millones de pesos e incorporó un obelisco de 30 metros que hoy presenta corrosión, mientras sus 2 mil 010 lámparas están fundidas y las losetas con fechas históricas se encuentran quebradas o vandalizadas. El deterioro de una plaza no es sólo una cuestión estética. Cuando una obra monumental carece de un programa de mantenimiento, el gasto inicial se transforma en una obligación diferida: cada año de abandono incrementa el precio de rehabilitación y reduce las opciones de reutilización.
Cuando inaugurar sustituye a planear
La Unidad Especial de Terapia y Estimulación, inaugurada en 1999 durante el sexenio de Roberto Madrazo Pintado, expone la consecuencia social más severa. Se destinaron 25 millones de pesos a un inmueble pensado para atender a niños con discapacidad y en situación de pobreza, pero nunca funcionó y actualmente es utilizado como refugio por personas en condición de calle. El contraste es especialmente duro: un espacio diseñado para una población vulnerable terminó atendiendo otra emergencia, también resultado de la insuficiencia de las políticas públicas.
Estos casos permiten formular un primer diagnóstico: Tabasco no parece sufrir sólo de “elefantes blancos”, sino de un modelo de inversión que separa la obra de su operación. El expediente de cada proyecto suele concentrarse en el contrato, el avance físico y la inauguración; la vida útil, los costos de vigilancia, la reposición de equipos, la programación de actividades y la evaluación de resultados quedan en segundo plano. La consecuencia es una ilusión de infraestructura: el gobierno puede reportar metros cuadrados construidos, pero la ciudadanía no recibe necesariamente más servicios, seguridad, movilidad o bienestar.
La segunda conclusión es que la rotación política agrava el problema. Cada administración hereda instalaciones cuyo diseño y presupuesto fueron definidos por gobiernos anteriores, pero también puede optar por abandonarlas para evitar asumir el costo político de corregir una decisión ajena. Así se crea un incentivo perverso: resulta más rentable anunciar un proyecto nuevo que invertir en una rehabilitación cuya autoría no pertenece al gobierno en turno. El patrimonio urbano se convierte entonces en una sucesión de símbolos políticos, no en una red acumulativa de servicios.
El Malecón: la obra reciente bajo escrutinio
El Malecón de Villahermosa Carlos A. Madrazo Becerra demuestra que la antigüedad no es la única explicación del fracaso. La obra fue inaugurada el 2 de febrero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, después de tres años de trabajos, entre 2021 y 2024, y una inversión de 2 mil 965 millones de pesos. Incluyó parques lineales, áreas comerciales, zonas deportivas, ciclovías y andadores. En el discurso oficial se presentó como una intervención necesaria para recuperar un espacio emblemático; en la práctica, el reportaje señala abandono, falta de actividades e incidentes delictivos.
El monto del Malecón modifica la escala del problema. Por sí solo representa casi la totalidad de los 3 mil 200 millones atribuidos a las obras que hoy no funcionan o se encuentran en grave deterioro. No es correcto equiparar automáticamente una obra reciente con un inmueble que nunca abrió, porque sus alcances, contratos y condiciones de uso son distintos. Pero sí es razonable utilizarlo como advertencia: una inversión de esa magnitud no garantiza apropiación ciudadana. Una ciclovía vacía, un parque sin programación y un corredor comercial sin seguridad pueden convertirse en infraestructura formalmente terminada, pero socialmente fallida.
La respuesta del gobierno estatal es reveladora. Ante presiones empresariales y ciudadanas, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas anunció modificaciones para atender la falta de estacionamiento, mientras Javier May pidió al ayuntamiento del Centro entregar el Malecón al gobierno estatal para convertirlo también en recinto cultural. La propuesta puede resolver un problema de coordinación y dotar al espacio de una autoridad operativa única. Sin embargo, transferir la administración no equivale a solucionar la seguridad, el mantenimiento o la ausencia de actividades. Si no se publica un modelo de gestión con presupuesto, indicadores y responsabilidades, el cambio institucional corre el riesgo de ser sólo un traslado administrativo.
Villahermosa 2030 y la disputa por la confianza
El nuevo programa contempla un Centro de Convenciones, la modernización de Paseo Tabasco y la construcción del Centro de Mando C5 Escudo Olmeca. Son proyectos con potencial para mejorar la competitividad urbana, la seguridad y la capacidad de atraer eventos. También pueden estimular empleos durante la construcción, elevar la demanda de servicios y ordenar zonas estratégicas de la capital. La dimensión de la inversión, cercana a 6 mil millones de pesos, implica que sus efectos no serán marginales: modificarán movilidad, usos de suelo, finanzas públicas y relaciones comerciales durante años.
El malestar ciudadano no puede interpretarse únicamente como resistencia al desarrollo. Los colectivos cuestionan el costo, la supuesta opacidad, la falta de consultas públicas y los posibles impactos ambientales. Clio Itzel Canudas Romo, del Observatorio Urbano de Villahermosa, ha exigido transparencia, participación y planeación de largo plazo. Alejandro May, de Lab Incide, pidió suspender el inicio de los trabajos hasta que se publiquen los proyectos ejecutivos. Sus demandas apuntan a una condición básica de legitimidad: conocer qué se construirá, cuánto costará, quién lo operará, cómo se medirán sus beneficios y qué ocurrirá si las metas no se cumplen.
Desde la perspectiva gubernamental, retrasar los proyectos puede encarecer materiales, aplazar beneficios y dejar a la ciudad sin inversiones necesarias. Empresarios y sectores vinculados con el turismo de reuniones pueden ver el Centro de Convenciones como una oportunidad para captar congresos y consumo. Los vecinos, en cambio, cargan con los costos inmediatos de las obras: tráfico, ruido, pérdida de accesibilidad, alteraciones ambientales y posibles cambios en el valor de la vivienda. El conflicto no se resolverá con la promesa de modernización, porque modernizar una ciudad también significa distribuir de manera transparente sus costos y beneficios.
Hay un tercer punto de fondo: la confianza pública ya está condicionada por el historial de proyectos fallidos. En un contexto donde existen ejemplos de 25, 60, 65 y 82.5 millones de pesos vinculados con instalaciones inutilizadas, y una obra reciente de casi 3 mil millones sometida a cuestionamientos, la ciudadanía tiene razones para exigir evidencia antes de respaldar nuevos anuncios. La transparencia no debe limitarse a publicar una cifra global. Debe incluir contratos, modificaciones, estudios de demanda, dictámenes ambientales, calendario de pagos, costos anuales de operación y mecanismos de sanción por incumplimiento.
El costo que no aparece en la ceremonia
La experiencia de Tabasco también contiene una lección para la industria de la construcción pública. El éxito de una infraestructura debe medirse por su uso sostenido, no por la fecha de inauguración. Para un centro cultural, el indicador no es sólo el número de salas, sino la cantidad y diversidad de actividades, visitantes, accesibilidad y presupuesto de programación. Para un centro gerontológico, importa el número de usuarios atendidos, la plantilla profesional y la continuidad de los servicios. Para un Malecón, deben evaluarse seguridad, ocupación de espacios, actividad económica, mantenimiento y percepción de los residentes.
La falta de estos indicadores genera una zona de impunidad administrativa. Una obra puede declararse concluida aunque el objetivo social no se alcance, porque el contrato de construcción termina antes de que aparezca el fracaso operativo. El proveedor entrega el inmueble, la autoridad corta el listón y la responsabilidad se dispersa entre dependencias. Por ello, los nuevos proyectos deberían licitarse junto con planes verificables de operación y mantenimiento, con presupuestos multianuales protegidos y evaluaciones independientes. No se trata de impedir toda obra ambiciosa, sino de impedir que el gasto de capital se contabilice sin el gasto que permite que la inversión funcione.
También existe un riesgo territorial. La modernización de Paseo Tabasco y la intervención de zonas estratégicas pueden aumentar la presión sobre el tráfico, el drenaje, los servicios urbanos y el precio del suelo. En una ciudad expuesta a inundaciones y con una relación intensa con sus cuerpos de agua, cualquier transformación de gran escala requiere estudios ambientales y de movilidad que sean públicos y comprensibles. Una decisión técnicamente correcta puede fracasar si no considera los desplazamientos diarios, la accesibilidad peatonal, el transporte público y la capacidad de respuesta ante emergencias.
Tres escenarios para los próximos años
El primer escenario es el de una corrección institucional. El gobierno publica los proyectos ejecutivos, abre consultas con información técnica, define responsables de cada instalación y vincula la construcción con presupuestos de operación. En ese caso, Villahermosa 2030 podría convertirse en una oportunidad para romper con la lógica de obras aisladas y establecer una cartera urbana evaluable. El Malecón, por ejemplo, tendría que integrarse a una política cultural, turística y de seguridad, en lugar de depender sólo de remodelaciones físicas.
El segundo escenario es el de una ejecución parcial y reactiva. Las obras avanzan, pero los detalles se conocen después de iniciados los trabajos; las modificaciones aumentan el costo y la coordinación entre gobierno estatal y ayuntamiento permanece incierta. Este resultado produciría beneficios visibles en el corto plazo, aunque mantendría el riesgo de espacios subutilizados. La falta de consulta también elevaría la probabilidad de litigios, protestas y retrasos, con impactos financieros sobre contratistas, comerciantes y vecinos.
El escenario más costoso sería repetir el patrón histórico: inaugurar infraestructura sin asegurar su demanda, su administración y su mantenimiento. En ese caso, los 6 mil millones de pesos no sólo comprometerían recursos públicos; podrían consolidar una cultura de desconfianza en la que cada nuevo proyecto se perciba como una promesa electoral antes que como una política urbana. El deterioro futuro no sería un accidente aislado, sino la consecuencia previsible de haber ignorado las señales actuales.
La prueba para el gobierno de Javier May no será demostrar que puede construir más que sus antecesores, sino demostrar que puede administrar mejor lo ya construido y someter lo nuevo a controles públicos antes de comprometer el gasto. Tabasco necesita infraestructura que permanezca abierta, segura y útil cuando cambien los gobiernos. Sin esa garantía, Villahermosa 2030 corre el riesgo de añadir nuevos monumentos al abandono que hoy intenta corregir.
