La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca nació como una apuesta política y operativa del gobierno de Javier May Rodríguez para contener una violencia que ya había degradado el espacio público en Tabasco. Su presentación, en marzo de 2025, vino acompañada de una narrativa de contención urgente: 254 elementos, vehículos blindados, patrullas, drones, binomios canófilos y un helicóptero para reforzar la seguridad y acercar al estado a la paz. El problema es que, a más de un año de su arranque, la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal admite que no puede decir cuánto costó el despliegue ni qué resultados concretos produjo. Esa combinación de opacidad financiera y ausencia de balances públicos no es un detalle administrativo; es una señal de falla institucional en una estrategia que se presentó como emblema del nuevo gobierno.
La respuesta oficial a una solicitud de información revela una lógica preocupante. La dependencia sostiene que no existe un mecanismo de identificación presupuestal específico para saber cuánto se destinó a la FIRT y traslada el peso de la decisión a las “áreas usuarias”, que habrían determinado las necesidades operativas y las características de los vehículos adquiridos. En términos prácticos, eso diluye la trazabilidad del gasto justo en un terreno donde debería existir la mayor precisión posible: seguridad pública. Cuando se compran unidades blindadas, equipos de inteligencia o aeronaves bajo el argumento de combatir una emergencia, la rendición de cuentas no puede descansar en una respuesta genérica. Si no hay forma de saber qué se compró, a qué precio y con qué justificación, el proyecto pierde una parte esencial de su legitimidad.
El contexto en que surgió la FIRT explica por qué el gobierno apostó por una unidad de élite. Tabasco llegó a 2024 con 707 homicidios dolosos y con una percepción pública de deterioro acelerado. La administración de Javier May heredó un escenario de alta exposición criminal, pero también la responsabilidad de demostrar que su respuesta sería distinta a las fórmulas que ya habían mostrado límites en otras regiones: más patrullas, más fuerza visible y más discursos de coordinación sin métricas verificables. La FIRT fue vendida como una pieza de precisión dentro de esa arquitectura. Sin embargo, el propio curso de la violencia sugiere que el salto operativo no se ha traducido en una reducción clara del delito de alto impacto.
Las cifras disponibles van en sentido contrario al relato oficial. En 2025, primer año completo del gobierno de May Rodríguez, los homicidios dolosos subieron a 760, por encima de los 707 del año previo. Para 2026, con datos preliminares al 20 de julio, ya se contabilizaban 292 casos. A ello se sumaron jornadas marcadas por incendios de negocios y hallazgos de restos humanos mutilados, señales de una violencia que no sólo persiste, sino que sigue desplegándose con métodos de intimidación pública. El dato no prueba por sí solo que la FIRT haya fracasado, pero sí impide sostener que su creación modificó de manera decisiva la curva delictiva. En seguridad, la distancia entre anuncio y resultado se mide rápido; cuando la tendencia no cambia, la narrativa pierde capacidad de convencimiento.
El contraste es todavía más duro si se observa el fenómeno de las masacres. Causa en Común reportó que Tabasco pasó de tres casos en 2024 a seis en 2025, una duplicación que colocó a la entidad entre las de mayor incremento en ese rubro. La violencia múltiple tiene un efecto político particular: no sólo alimenta las estadísticas, sino que altera la vida cotidiana, retrae la actividad económica y amplifica la sensación de que el Estado perdió control territorial. En ese marco, una fuerza de élite debería ser capaz de mostrar resultados diferenciales en zonas críticas, decomisos de alto valor o reducción de eventos de alto impacto. La ausencia de un balance público impide saber si la FIRT ha incidido en alguna de esas variables o si sólo ha servido como símbolo de respuesta.
La disputa por la información también importa por otra razón: la seguridad pública se financia con dinero de todos, y los recursos extraordinarios o concentrados en equipamiento suelen ser los más sensibles al abuso, al sobreprecio o a la discrecionalidad. Cuando la dependencia dice que no puede identificar el monto destinado a la FIRT, deja abierta una pregunta elemental sobre control presupuestario. En otras palabras, el Estado pide confianza para un dispositivo de alto costo, pero no ofrece el nivel mínimo de desagregación para verificar en qué se tradujo esa inversión. En un contexto de compras complejas como vehículos blindados, drones o sistemas de mando, esa omisión no es inocua: debilita el escrutinio ciudadano, complica la auditoría posterior y dificulta comparar el gasto con los resultados obtenidos.
La rotación en la cúpula de seguridad refuerza esa impresión de inestabilidad. En poco más de dos años de gobierno han pasado tres titulares por la Secretaría de Seguridad estatal: Víctor Hugo Chávez Martínez renunció en febrero de 2025; después fue nombrado Serafín Tadeo Lazcano, quien dejó el cargo en mayo de 2026; y actualmente está al frente Alejandro Leal López. Ese vaivén no es un simple dato de organigrama. Cada relevo altera prioridades, rompe continuidad operativa y complica la evaluación de estrategias que requieren tiempo para madurar. En un estado con violencia persistente, tres cambios en la conducción de seguridad sugieren que la política pública ha operado más como reacción táctica que como plan institucional sostenido.
El riesgo de fondo es que Tabasco quede atrapado en una fórmula conocida: respuestas espectaculares en la superficie y debilidad estructural debajo. Las unidades de élite suelen generar una expectativa alta porque concentran recursos, imagen de capacidad y presencia territorial. Pero si no se insertan en una red de inteligencia, investigación, control interno y evaluación independiente, terminan siendo un recurso de contención temporal. La experiencia de otros estados muestra que la fuerza visible puede contener episodios, pero no sustituye la reconstrucción de capacidades ordinarias ni el desmantelamiento de redes criminales. Sin transparencia sobre costos y métricas, la FIRT corre el riesgo de convertirse en una marca política antes que en un instrumento verificable de pacificación.
El caso además habla del tipo de relación que el nuevo gobierno quiere establecer con la rendición de cuentas. Ocultar o no tener a la mano los datos básicos sobre una fuerza creada precisamente para recuperar la paz equivale a debilitar el principal argumento de su existencia. Si la inseguridad sigue alta, los homicidios no ceden y la sociedad no conoce cuánto se gastó ni qué se consiguió, la discusión deja de ser sólo sobre policías y se vuelve sobre credibilidad pública. En un estado marcado por la violencia, la confianza no se sostiene con operativos simbólicos, sino con información verificable, continuidad institucional y resultados medibles. Hoy Tabasco tiene menos de eso de lo que necesitaría.
