El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cerró 2025 con un gasto de 3,384 millones de pesos, 9.7% por debajo del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. Esta contención, basada en principios de racionalidad y disciplina presupuestal, contrasta con el comportamiento de otras instituciones y generó recortes específicos que afectaron tanto la operación diaria como la capacidad de respuesta institucional.
Impacto en inversión y modernización
El gasto corriente cayó 8.7% y la inversión física se redujo 47%. Entre las cancelaciones destacan la renovación de cámaras robóticas del Pleno, la adquisición de switches de telecomunicaciones y la actualización de equipos de cómputo. Estas decisiones congelan proyectos de transmisión en vivo y automatización de sesiones, lo que podría limitar la transparencia en la resolución de controversias electorales futuras.
Efectos en personal y apoyos sociales
La partida de “Otros de Corriente” descendió 22.6%, en parte por la suspensión de ayudas sociales para el personal. La nómina registró un ahorro de 9.4%, atribuido principalmente a plazas vacantes y no a recortes salariales directos. Esta estrategia reduce costos inmediatos, pero debilita la red de apoyo a los trabajadores y genera vacíos operativos que podrían afectar la eficiencia del tribunal en periodos de alta demanda electoral.
El resultado muestra una disciplina fiscal clara, aunque a costa de postergar mejoras tecnológicas y de bienestar laboral. La ausencia de estos recursos podría traducirse en mayor vulnerabilidad ante litigios complejos o en menor capacidad para mantener estándares de modernización que otras instancias electorales sí han preservado.
