La desaparición de Lizeth Yoana Henao Orjuela, colombiana de 34 años reportada en Tijuana, ha movilizado a su familia hacia brigadas de búsqueda organizadas por el colectivo Todos por Liz Puga. La Fiscalía General del Estado mantiene como línea principal la presunción de vida, señalando que la mujer podría encontrarse en situación de calle, consumo de sustancias o vulnerabilidad extrema. Hasta el momento las jornadas iniciadas el lunes no han arrojado resultados concretos, aunque la hermana Wendy Henao ha reiterado que el objetivo central sigue siendo localizarla con vida y que cualquier información puede canalizarse a través del colectivo, la fiscalía o la Comisión Local de Búsqueda.
Las señas particulares difundidas —cabello corto y tatuajes en brazos y rodillas— buscan facilitar el reconocimiento en una ciudad donde la movilidad constante y la presencia de población flotante complican los operativos. Paralelamente, se reactiva la búsqueda de Elizabeth Puga tras seis años, un caso que evidencia la pérdida de información en etapas tempranas y la falta de avances sostenidos por parte de las autoridades.
Patrones estructurales en la frontera norte
El caso de Henao Orjuela no es aislado. Tijuana concentra un flujo migratorio intenso donde mujeres procedentes de Sudamérica enfrentan riesgos específicos de desaparición vinculados a redes de trata, consumo y falta de redes de apoyo. La presunción de vida emitida por la fiscalía refleja un diagnóstico institucional que prioriza escenarios de vulnerabilidad sobre hipótesis de homicidio inmediato, pero también expone la escasa capacidad de seguimiento una vez que la persona sale de los circuitos formales de alojamiento o empleo.
Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda indican que en Baja California el 68 % de las carpetas de personas desaparecidas activas corresponden a mujeres entre 18 y 40 años, con un incremento del 23 % en reportes de nacionales sudamericanos entre 2022 y 2025. Esta tendencia coincide con el endurecimiento de políticas migratorias en la frontera y el desplazamiento de rutas hacia zonas urbanas densas como la colonia Obrera, donde fue vista por última vez Henao Orjuela.
El rol de los colectivos y la brecha institucional
La participación directa de la familia en las brigadas revela una transferencia de responsabilidades que antes recaían exclusivamente en el Estado. Organizaciones como Todos por Liz Puga han documentado más de 140 búsquedas activas en Tijuana durante el último año, muchas de ellas impulsadas por familiares que financian sus propios traslados y materiales de difusión. Esta dinámica genera dos efectos simultáneos: por un lado, mantiene viva la visibilidad mediática de casos que de otro modo quedarían archivados; por otro, expone a los buscadores a riesgos físicos y psicológicos sin protocolos de protección institucional.
Desde la perspectiva de la Fiscalía, la presunción de vida permite justificar recursos limitados en operativos de localización en lugar de investigación criminal compleja. Sin embargo, activistas y familiares cuestionan que esta clasificación se utilice para diferir acciones más profundas, como revisión de cámaras o cruce de datos con albergues y centros de rehabilitación. El caso paralelo de Elizabeth Puga, donde la madre denuncia pérdida de información en los primeros años, ilustra cómo la falta de continuidad administrativa puede convertir una desaparición reciente en un expediente prácticamente insoluble.
Impacto en comunidades migrantes y tendencias futuras
Para las comunidades colombianas y centroamericanas establecidas en Tijuana, cada caso como el de Henao Orjuela refuerza la percepción de inseguridad y reduce la disposición a denunciar por temor a represalias o a ser vinculadas con actividades ilícitas. Esta autocensura dificulta la construcción de mapas de riesgo precisos que las autoridades podrían utilizar para prevenir nuevas desapariciones.
Una tendencia observable es el uso creciente de redes sociales y mensajería instantánea para coordinar búsquedas en tiempo real, aunque esto también introduce el riesgo de difusión de información no verificada que puede entorpecer investigaciones oficiales. Proyecciones basadas en el comportamiento de los últimos tres años sugieren que, sin protocolos de intercambio de datos entre fiscalías estatales y comisiones de búsqueda, el número de casos de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad podría aumentar un 15 % anual en la región fronteriza norte.
Los riesgos incluyen tanto la saturación de los colectivos —que ya operan con recursos limitados— como la posible criminalización de familiares que insisten en mantener abiertos expedientes sin resultados rápidos. La experiencia de seis años sin avances en el caso de Elizabeth Puga muestra que la ventana de oportunidad para recuperar información útil se cierra rápidamente cuando no existe una estrategia sostenida de documentación y cruce de datos.
En este escenario, la presión de las familias y los colectivos seguirá siendo el principal motor para mantener la visibilidad de los casos, mientras que las instituciones enfrentan el desafío de transformar la presunción de vida en acciones concretas de localización antes de que el tiempo convierta cada desaparición en un expediente de largo plazo sin resolución.
