El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque consignó ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco un pago por siete millones 662 mil 213 pesos al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). La operación fue presentada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, como una vía para cumplir con las obligaciones reconocidas por la administración y, al mismo tiempo, dejar constancia formal de que el organismo operador no ha aceptado el recurso ni ha entregado la documentación completa que sustenta los cobros.
La consignación judicial permite que el municipio ponga el dinero a disposición de la autoridad competente cuando el acreedor se niega a recibirlo o existen desacuerdos sobre las condiciones del pago. En este caso, el Tribunal deberá notificar al SIAPA, revisar los antecedentes y definir el procedimiento aplicable. La medida no resuelve por sí misma la totalidad de la controversia, pero fija una posición institucional: Tlaquepaque sostiene que cuenta con los recursos para cubrir el monto que considera procedente y que busca evitar que la falta de recepción sea interpretada como incumplimiento.
El municipio cuestiona el origen del adeudo
El conflicto se remonta a 2024, cuando el SIAPA notificó al Ayuntamiento un presunto adeudo superior a 200 millones de pesos. Ante esa reclamación, el Gobierno municipal solicitó un desglose de las cuentas y de los conceptos incluidos. Durante la revisión, identificó que 95 de las 211 cuentas originalmente atribuidas al municipio no correspondían a Tlaquepaque, por lo que inició una depuración del expediente.
La administración municipal también señaló la inclusión de intereses calculados sobre intereses, práctica conocida como anatocismo y que calificó de ilegal. Además, afirmó haber aplicado la prescripción en aquellos casos en los que la legislación lo permite. Estos cuestionamientos son relevantes porque modifican el monto reclamado y muestran que la disputa no se limita a la existencia de una obligación de pago, sino que abarca la identificación de los usuarios, la antigüedad de los cargos y la metodología empleada para actualizar la deuda.
“Hemos venido a hacer la consignación del pago del adeudo del municipio al SIAPA”, declaró Pérez Segura al acudir al tribunal. La alcaldesa explicó que el organismo no ha querido recibir el pago bajo los términos planteados por el Ayuntamiento y que la información proporcionada sigue incompleta. Por ello, añadió, el municipio solicitó que se entreguen los recibos correspondientes a las cuentas que está cubriendo.
Qué cubre el cheque certificado
De acuerdo con la presidenta municipal, los siete millones 662 mil 213 pesos corresponden a las obligaciones de la administración actual, consideradas desde octubre de 2024 hasta diciembre de 2026. El recurso fue presentado mediante un cheque certificado con fondos del Ayuntamiento. La funcionaria afirmó que el gobierno local tiene capacidad y liquidez para cubrir ese monto y que el SIAPA puede recogerlo en cualquier momento.
La delimitación temporal del pago busca separar las obligaciones generadas durante el actual periodo de gobierno de aquellas atribuidas a administraciones anteriores. Esa distinción puede influir en la revisión financiera y jurídica del caso, ya que el Ayuntamiento pretende acreditar que no está desconociendo de manera general los servicios recibidos, sino objetando cargos que considera incorrectos, insuficientemente documentados o legalmente prescritos.
Una deuda anterior permanece en conciliación
El resto de la controversia permanece en una mesa de conciliación. El municipio sostiene que las administraciones previas realizaron obras hidráulicas por un valor de 320 millones de pesos, y busca que esos trabajos sean reconocidos dentro del balance entre ambas instituciones. No se ha informado que exista un acuerdo definitivo sobre ese reconocimiento ni sobre la forma en que podría compensarse con las obligaciones reclamadas por el SIAPA.
La posible incorporación de esas obras agrega una dimensión financiera al conflicto. Mientras el SIAPA reclama pagos por consumo o servicios, Tlaquepaque plantea que también deben considerarse inversiones ejecutadas directamente por el Ayuntamiento en infraestructura hidráulica. La solución dependerá de que ambas partes acrediten los montos, la naturaleza de los trabajos, su fecha de ejecución y la relación que guardan con las responsabilidades del organismo intermunicipal.
El tribunal definirá la ruta institucional
El Tribunal de Justicia Administrativa es la instancia competente para intervenir en controversias de esta naturaleza entre entidades públicas. Su participación deberá establecer si la consignación cumple con los requisitos legales, cómo se notificará al SIAPA y qué efectos tendrá la puesta a disposición del dinero. También podrá contribuir a ordenar la discusión documental, un punto central debido a las diferencias sobre el número de cuentas y la justificación de los cobros.
La decisión del tribunal será relevante no sólo para determinar si el pago puede tener efectos liberatorios para el municipio, sino también para precisar qué conceptos siguen en disputa. La recepción del cheque por parte del SIAPA, si ocurre, no necesariamente implicaría la aceptación de todos los argumentos del Ayuntamiento; de igual forma, la negativa a recibirlo no cerraría el debate sobre la validez de los cargos reclamados.
Mientras avanza el procedimiento, el Gobierno de Tlaquepaque informó que continuará con obras hidráulicas consideradas esenciales para la población, incluso cuando correspondan al ámbito de responsabilidad del organismo operador. También mantendrá el abastecimiento mediante pipas. Esa decisión busca reducir el impacto operativo de la disputa en los habitantes, aunque mantiene abierta la discusión sobre la distribución de competencias y el financiamiento de los servicios de agua y alcantarillado.
