El reporte del primer trimestre de 2026 revela un incremento sostenido de tomas clandestinas en los ductos de Pemex, con 2 563 casos detectados a nivel nacional. Esta cifra representa un aumento del 4,9 % respecto al mismo periodo del año anterior y traduce un promedio de una toma cada 51 minutos. El dato, sistematizado por el Observatorio Ciudadano del IGAVIM, expone una presión constante sobre la infraestructura de transporte de hidrocarburos y obliga a revisar cómo esta tendencia puede alterar tanto la operación diaria de la empresa como la estabilidad de las regiones afectadas.
El estado de Hidalgo concentra 731 tomas, un alza del 19,8 %, mientras que Jalisco y el Estado de México registran crecimientos del 27,6 % y 98,9 % respectivamente. A nivel municipal, Cuautepec de Hinojosa encabeza la lista con 202 casos. Estas concentraciones geográficas permiten identificar corredores de mayor vulnerabilidad donde la combinación de ductos antiguos y proximidad a zonas urbanas amplifica tanto la probabilidad de incidentes como las consecuencias derivadas.
Presión sobre la capacidad de respuesta de Pemex
El aumento en la frecuencia de tomas obliga a Pemex a destinar más recursos humanos y técnicos a labores de vigilancia y reparación. Cada intervención implica detener temporalmente el flujo, realizar soldaduras de emergencia y verificar la integridad del ducto. Esta dinámica eleva los costos operativos y reduce la disponibilidad de personal para tareas de mantenimiento preventivo, lo que a largo plazo puede traducirse en mayor probabilidad de fallas estructurales no relacionadas con el robo.
Al mismo tiempo, la mayor visibilidad de las tomas permite a la empresa generar bases de datos más precisas sobre patrones de sustracción. Esa información puede utilizarse para priorizar inversiones en sensores y sistemas de monitoreo remoto, siempre que exista continuidad presupuestal y coordinación con autoridades locales.
Impactos económicos diferenciados por región
Las pérdidas directas por hidrocarburo sustraído representan un impacto inmediato en los ingresos de Pemex. Sin embargo, el efecto se multiplica en las cadenas de suministro locales que dependen de combustibles estables. En estados como Jalisco y Puebla, donde también crecen las tomas de gas LP, transportistas y pequeños comercios enfrentan interrupciones intermitentes que afectan la planeación de inventarios y elevan los precios al consumidor final.
Por otro lado, la detección temprana de tomas puede evitar fugas mayores que generarían sanciones ambientales y costos de remediación más altos. En ese sentido, el incremento reportado no solo refleja mayor actividad delictiva, sino también una capacidad de identificación más eficiente por parte de las autoridades.
Riesgos ambientales y de seguridad pública
Las tomas clandestinas en ductos de gas LP, que se incrementaron un 6,8 %, introducen un factor adicional de riesgo. El gas licuado es más volátil y su manipulación inadecuada puede derivar en explosiones o intoxicaciones masivas. Los municipios de Tepeaca y Tlahuapan, con 44 y 330 tomas respectivamente, concentran una densidad de incidentes que exige protocolos específicos de evacuación y respuesta médica que muchas localidades aún no poseen.
Además, la cercanía de algunas tomas a cuerpos de agua o zonas agrícolas incrementa la probabilidad de contaminación del suelo y mantos freáticos. Aunque los volúmenes derramados por toma individual suelen ser limitados, la acumulación de eventos repetidos en los mismos puntos puede generar pasivos ambientales de difícil reversión.
Relación con la delincuencia organizada y efectos sociales
El análisis del IGAVIM señala que la conversión de tomas de hidrocarburo a gas LP responde a incentivos económicos claros: el gas LP tiene mayor margen de utilidad por litro y menor infraestructura de distribución. Esta adaptación indica que los grupos responsables poseen capacidad logística para modificar sus operaciones según la rentabilidad, lo que complica las estrategias de contención basadas únicamente en vigilancia estática.
En las comunidades donde se registran más tomas, la presencia de estas actividades puede alterar la cohesión social. Algunos residentes obtienen ingresos indirectos al proporcionar información o materiales, mientras que otros enfrentan riesgos directos por fugas o explosiones. Esta dualidad genera divisiones internas que dificultan la colaboración con las autoridades y prolongan la permanencia del fenómeno.
Incertidumbres en la evolución del fenómeno
El crecimiento del 98,9 % en el Estado de México sugiere que el problema se está desplazando hacia zonas con menor tradición de robo de combustible pero con ductos de reciente instalación. Si esta tendencia se mantiene, las estrategias de vigilancia diseñadas para estados como Hidalgo podrían resultar insuficientes en el mediano plazo.
Otro factor de incertidumbre radica en la posible interacción entre el aumento de tomas y los proyectos de modernización de ductos anunciados por Pemex. Si las obras de reemplazo avanzan más lento que la aparición de nuevas tomas, el parque de ductos vulnerable podría ampliarse en lugar de reducirse.
Observaciones sobre la trayectoria futura
Los datos del primer trimestre muestran que la detección de tomas clandestinas puede servir tanto como indicador de deterioro como de mejora en los mecanismos de control. La clave radica en convertir la información recopilada en acciones preventivas que reduzcan la rentabilidad del robo sin generar desplazamientos hacia zonas aún más sensibles. La evolución de estas variables durante los próximos trimestres permitirá evaluar si el incremento actual representa un pico temporal o el inicio de una nueva fase de mayor complejidad para la seguridad de la infraestructura energética.
