El proceso de transferencia de gestión iniciado por el gobierno saliente hacia la administración de Keiko Fujimori representa mucho más que un trámite administrativo rutinario. Se trata de un momento que pone a prueba la capacidad del Estado peruano para mantener la continuidad institucional en un contexto de profunda polarización política y de una historia marcada por alternancias entre crisis y recuperaciones económicas parciales.
Perú llega a esta transición tras una segunda vuelta electoral celebrada el 7 de junio, en la que la candidata de Fuerza Popular superó a su contendiente en una contienda que reflejó divisiones regionales, generacionales y de clase muy marcadas. La proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones activó automáticamente los mecanismos previstos en la Resolución de Contraloría N.° 267-2022-CG, que obliga a cada ministerio a entregar inventarios detallados de proyectos, compromisos presupuestarios y obligaciones pendientes.
Antecedentes: del fujimorismo histórico a la victoria de 2026
El ascenso de Keiko Fujimori no puede entenderse sin revisar el legado de su padre, Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000. Durante esa década se implementaron reformas de liberalización económica que estabilizaron la hiperinflación y derrotaron militarmente a Sendero Luminoso, pero también se consolidó un sistema de corrupción estructural que derivó en la condena del expresidente por delitos de lesa humanidad y peculado. Keiko Fujimori ha intentado distanciarse públicamente de los aspectos más autoritarios de ese periodo, aunque su candidatura ha estado permanentemente asociada a ese pasado tanto por sus detractores como por una parte de su base electoral.
Las elecciones de 2026 se produjeron después de un ciclo de inestabilidad institucional sin precedentes. Entre 2018 y 2023 Perú tuvo seis presidentes, varios de ellos destituidos por el Congreso o investigados por corrupción. Esta rotación constante debilitó la capacidad de planificación de mediano plazo y erosionó la confianza ciudadana en las instituciones. En ese escenario, la promesa de orden y continuidad administrativa que representa Fujimori encontró eco en sectores empresariales y en votantes de provincias que priorizan la estabilidad económica por encima de debates sobre calidad democrática.
Impactos en la gobernabilidad y el sistema de partidos
Una de las consecuencias más inmediatas de esta transición será la recomposición del sistema de partidos. Fuerza Popular, que durante años funcionó como una estructura personalista, ahora deberá demostrar capacidad para gobernar con una base congresal que probablemente sea minoritaria. Históricamente, los gobiernos peruanos que carecieron de mayoría parlamentaria han enfrentado parálisis legislativa o han recurrido a medidas de excepción que tensionaron el equilibrio de poderes.
El caso de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski entre 2016 y 2018 ilustra este riesgo. Sin apoyo mayoritario en el Congreso, su administración quedó paralizada y terminó en renuncia. Si el nuevo gobierno de Fujimori repite ese patrón, podría acentuarse la tendencia hacia ejecutivos débiles que dependen de alianzas frágiles o de decretos de urgencia, erosionando aún más la legitimidad del Congreso.
Efectos económicos y en la inversión privada
En el plano económico, la llegada de Keiko Fujimori genera expectativas mixtas. Por un lado, los mercados financieros han reaccionado con moderado optimismo ante la posibilidad de mantener políticas de apertura comercial y disciplina fiscal. Por otro, persisten dudas sobre la capacidad de su equipo para atraer inversión privada en un contexto de elevada conflictividad social en zonas mineras y de creciente informalidad laboral.
La experiencia de Chile tras el triunfo de Sebastián Piñera en 2017 muestra que una transición ordenada puede estabilizar temporalmente las expectativas de los inversionistas, pero no resuelve problemas estructurales como la desigualdad regional o la debilidad de las instituciones de control. En el caso peruano, los equipos de transferencia ya están revisando el estado de los proyectos de infraestructura y los compromisos adquiridos con organismos multilaterales. Cualquier retraso en la ejecución de estos proyectos podría afectar el crecimiento del PBI en 2027.
Repercusiones sociales y en la confianza institucional
El proceso de transferencia también tiene implicaciones profundas en la cohesión social. Una parte significativa de la población percibe el retorno del fujimorismo como una amenaza a los avances en transparencia y derechos humanos alcanzados desde 2000. Organizaciones de derechos humanos ya han anunciado que vigilarán de cerca los nombramientos en sectores sensibles como el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.
Al mismo tiempo, sectores que votaron por Fujimori esperan mejoras concretas en seguridad ciudadana y empleo formal. Si la nueva administración no logra resultados visibles en los primeros 18 meses, el riesgo de protestas y de mayor fragmentación política aumenta. El precedente de las movilizaciones de 2022-2023, que derrocaron a dos presidentes, sigue muy presente en la memoria colectiva.
En el largo plazo, la forma en que se gestione esta transición podría definir si Perú consolida una alternancia democrática pacífica o si regresa a ciclos de inestabilidad. La entrega ordenada de información presupuestaria y de proyectos en curso es un primer paso necesario, pero insuficiente si no va acompañada de una estrategia clara de diálogo con las fuerzas de oposición y de la sociedad civil.
