La decisión de Claudia Sheinbaum de eliminar el efectivo en gasolineras y casetas ha impulsado los pagos electrónicos hasta alcanzar el 30% de las transacciones con tarjeta. Este cambio modifica la forma en que millones de personas realizan operaciones cotidianas y genera tanto oportunidades de modernización como presiones sobre sectores que aún dependen del dinero físico.
Mejoras operativas en infraestructura vial
La obligatoriedad de pagos digitales en autopistas reduce los tiempos de espera en casetas y disminuye la exposición al robo en zonas aisladas. Los sistemas de telepeaje como TAG o IAVE permiten un flujo más constante de vehículos, lo que beneficia a transportistas y usuarios frecuentes que valoran la agilidad. Al mismo tiempo, las estaciones de servicio evitan manejar grandes cantidades de efectivo, lo que simplifica sus procesos de conciliación y reduce costos de seguridad.
Presión sobre la población sin acceso bancario
Aproximadamente el 80% de las transacciones minoristas en México todavía se realizan en efectivo. La transición obligatoria puede excluir a conductores que carecen de tarjeta o cuenta digital, especialmente en zonas rurales o entre trabajadores informales. Aunque el Gobierno promueve cuentas simplificadas sin RFC, la adopción masiva requiere tiempo y confianza que no siempre existen en sectores con bajos niveles de inclusión financiera.
Las plataformas CoDi y DiMo ofrecen alternativas gratuitas mediante códigos QR y número telefónico, pero su penetración sigue limitada entre quienes no poseen smartphone actualizado o conexión estable a internet. Esta brecha tecnológica puede traducirse en desplazamientos forzados hacia servicios financieros formales que muchos usuarios perciben como costosos o complicados.
Riesgos de ciberseguridad y fraudes
El aumento de operaciones sin contacto eleva la exposición a ataques como GhostTouch, que interfieren con frecuencias NFC. Los datos de Condusef muestran más de 3.82 millones de reclamaciones por fraudes financieros en periodos recientes, y las estimaciones de Fortinet indican más de 40,600 millones de intentos de vulneración anuales en el entorno digital mexicano. La migración acelerada sin campañas masivas de educación puede amplificar estos incidentes.
Impacto en la economía informal
La restricción del efectivo obliga a muchos pequeños comercios y transportistas a integrarse al sistema bancario para mantener sus operaciones. Esta formalización puede facilitar el cobro de impuestos y mejorar la trazabilidad de recursos, pero también genera resistencia entre quienes operan fuera del radar fiscal por temor al monitoreo del SAT. Expertos de la UNAM advierten que la preferencia por billetes persistirá mientras persistan altos niveles de informalidad.
Costos de infraestructura y comisiones
La Asociación de Bancos de México analiza esquemas para reducir o eximir temporalmente comisiones en terminales. Sin embargo, la actualización de equipos NFC y la ampliación de cobertura en carreteras representan inversiones que podrían trasladarse a precios finales si no se establecen subsidios o incentivos claros. Las gasolineras y operadoras de peaje enfrentan la necesidad de modernizar sistemas sin certeza sobre la recuperación de costos en el corto plazo.
Incertidumbres sobre la adopción gradual
El plan gubernamental prevé una implementación progresiva durante 2026, pero la capacidad de las instituciones para atender reclamaciones y resolver fallas técnicas en tiempo real sigue sin probarse a escala nacional. La coexistencia temporal de pagos mixtos podría generar confusión entre usuarios y operadores, mientras que una aplicación estricta sin suficientes puntos de recarga o asistencia podría provocar congestiones y descontento social.
Equilibrio entre eficiencia y equidad
La digitalización de pagos en infraestructura crítica ofrece beneficios claros en seguridad y fluidez, pero exige políticas complementarias que eviten la exclusión de millones de mexicanos. El éxito de la medida dependerá de la velocidad con que se amplíe el acceso a servicios financieros básicos y se fortalezcan mecanismos de protección contra fraudes. Sin estos elementos, el avance hacia una economía sin efectivo corre el riesgo de profundizar desigualdades existentes en lugar de reducirlas.
