El decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la transparencia del Gobierno federal busca ampliar la información disponible, reducir los supuestos de reserva y obligar a publicar mensualmente los contratos públicos. Sin embargo, especialistas advirtieron que la medida no resuelve por completo los problemas de autonomía institucional ni el uso excesivo de la seguridad nacional para ocultar datos.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, consideró que las disposiciones representan una señal política relevante, pero todavía dejan “un dique a la transparencia total”: la clasificación de información por motivos de seguridad nacional. A su juicio, esta figura ha sido utilizada de manera amplia desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin distinguir con suficiente rigor qué datos pueden afectar realmente la seguridad del Estado.
El decreto modifica la ruta de publicación
Sheinbaum firmó el decreto durante su conferencia matutina del 4 de agosto, con fundamento en el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6 constitucional. La mandataria sostuvo que la información generada por las autoridades debe ser pública y que sólo puede reservarse temporalmente por razones judiciales o de seguridad nacional.
El objetivo anunciado es garantizar el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información plural y oportuna, al tiempo que se transparenta el ejercicio de los recursos públicos. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las disposiciones serán incorporadas posteriormente a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante reformas legales.
Entre los cambios inmediatos destaca la actualización mensual de la información sobre contrataciones públicas. Hasta ahora, explicó la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez, los datos se actualizaban de manera trimestral. La modificación pretende que los contratos federales permanezcan disponibles con mayor rapidez y que la ciudadanía pueda seguir el gasto público mientras los proyectos continúan en ejecución.
El decreto también amplía las obligaciones de transparencia de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, incluidas sus empresas filiales. Deberán difundirse estados financieros, información sobre gobierno corporativo, políticas de operación, contratos e informes presentados ante agencias extranjeras. En materia de fiscalización, se prevé publicar datos sobre el programa anual de auditorías, estadísticas, seguimiento de observaciones y el padrón y designación de despachos externos.
Menos causales, más versiones públicas
Buenrostro señaló que actualmente existen 17 fracciones relacionadas con la clasificación de información reservada. La intención oficial es concentrar los criterios en los parámetros previstos por la Constitución: el interés público y la seguridad nacional. Además, aun cuando un documento deba reservarse parcialmente, las autoridades deberán elaborar versiones públicas y ocultar únicamente los datos estrictamente protegidos.
La simplificación podría reducir interpretaciones administrativas que han permitido ampliar las reservas más allá de lo necesario. No obstante, el resultado dependerá de cómo se definan y apliquen los conceptos de seguridad nacional e interés público. Sin criterios verificables y mecanismos de revisión independientes, una reducción formal de causales no necesariamente impedirá nuevas prácticas de opacidad.
Bohórquez sostuvo que el decreto reconoce un problema generado por la reforma impulsada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Según su interpretación, distintas dependencias entendieron entonces que podían clasificar información como reservada con mayor facilidad. El nuevo ordenamiento, afirmó, intenta dejar claro que la mayor parte de la información debe publicarse de oficio y que la reserva debe limitarse a procesos judiciales en curso y asuntos de seguridad nacional.
La autonomía vuelve al centro del debate
Adrián Alcalá Méndez, último presidente del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, calificó el decreto como un “parche temporal” que no sustituye la autonomía institucional. Aunque reconoció como positivas las medidas de transparencia activa, consideró que persiste una paradoja de fondo: la autoridad encargada de promover el acceso a la información también forma parte del Poder Ejecutivo que produce y administra los datos.
La desaparición del Inai y el traslado de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno modificaron el modelo de vigilancia vigente durante dos décadas. Para los críticos, esa concentración puede debilitar la capacidad de resolver controversias frente a dependencias federales. Para el Gobierno, en cambio, la reorganización permite centralizar criterios, reducir duplicidades y acelerar la publicación de información.
La Secretaría Anticorrupción también informó que la Plataforma Nacional de Transparencia había presentado fallas constantes tras la transferencia de funciones. El sistema, con más de ocho años de operación, se encuentra en proceso de estabilización y recibirá nuevas herramientas para facilitar la descarga y el análisis de datos. En un plazo máximo de 30 días hábiles se prevé incorporar información adicional de interés público.
La utilidad dependerá de quién use los datos
Para Bohórquez, el efecto más importante del decreto consiste en enviar la señal de que la publicidad de la información no debe quedar al criterio discrecional de cada funcionario, sino sujetarse a una política definida por la Secretaría Anticorrupción. Sin embargo, estimó que sus efectos directos para combatir la corrupción serán limitados si los datos no son utilizados por la sociedad, los medios, los periodistas de investigación y las organizaciones de derechos humanos.
La publicación mensual de contratos y la apertura de información financiera pueden mejorar la detección temprana de irregularidades, sobrecostos o conflictos de interés. Esa posibilidad, sin embargo, exige datos completos, comparables y oportunos, además de respuestas oficiales ante los hallazgos. Si las autoridades descalifican las investigaciones o cierran filas frente a evidencias incómodas, advirtió el especialista, el poder disuasorio de la transparencia se reducirá.
El decreto establece una nueva dirección para la rendición de cuentas, pero su alcance se definirá durante la elaboración de las reformas legales y en la práctica cotidiana de las dependencias. La controversia sobre la seguridad nacional, la falta de un órgano autónomo y la capacidad técnica de la plataforma serán pruebas decisivas para saber si el cambio corrige los abusos heredados o sólo reorganiza el mecanismo con el que se publica la información.
