La presión sobre las finanzas públicas de Colombia ha vuelto a centrar la atención en alternativas para elevar el recaudo tributario sin recurrir a una nueva reforma. Con un déficit cercano a 106 billones de pesos, equivalente al 5,3% del PIB, y una deuda que podría alcanzar el 70% del PIB hacia el final de la década, el debate se orienta hacia medidas que eviten aumentar la carga sobre los contribuyentes actuales.
La abogada Katherine Díaz, socia fundadora de V&V Asociados y exfuncionaria de la Dian, ha planteado tres vías concretas que permitirían mejorar los ingresos sin necesidad de una ley de financiamiento adicional. Su análisis parte de la estimación del Ministerio de Hacienda, que calcula un faltante de unos 30 billones de pesos para equilibrar las cuentas. El recaudo tributario cayó del 16,7% al 14,4% del PIB en los últimos años, mientras los intereses de la deuda absorben ya uno de cada tres pesos recaudados.
Ratificar convenios de doble imposición pendientes
El primer mecanismo consiste en destrabar los tratados para evitar la doble tributación que Colombia ya firmó pero que permanecen sin ratificar. El país cuenta con alrededor de 15 acuerdos de este tipo, una cifra inferior a la de México (más de 40) y Brasil (cerca de 30). Entre los convenios estancados figuran los suscritos con Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Luxemburgo, Países Bajos y Brasil.
Díaz señala que la ratificación de estos instrumentos representa una de las formas más rápidas y menos costosas de obtener recursos adicionales. Los tratados no solo reducen la carga fiscal para empresas y personas colombianas, sino que también mejoran la seguridad jurídica y favorecen la llegada de inversión extranjera directa. La brecha con otros países de la región pone de relieve una desventaja competitiva que afecta la atracción de capitales.
Negociar un acuerdo de renta con Estados Unidos
El segundo frente propuesto es la negociación de un convenio de doble imposición sobre la renta con Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia. La ausencia de este acuerdo genera incertidumbre para los inversionistas y desvía flujos de capital hacia otros destinos regionales como Santiago o Ciudad de México. Aunque la negociación resulta compleja tanto en el plano técnico como político, su potencial para impulsar la inversión y facilitar la repatriación de utilidades es significativo.
Díaz plantea que la negociación de tratados debe convertirse en una política de Estado, con una unidad técnica permanente y alineada con estándares internacionales como los de Naciones Unidas, BEPS y Pilar Dos. Los convenios modernos incluirían cláusulas antiabuso e intercambio de información, convirtiéndose en herramientas efectivas contra la evasión en lugar de mecanismos que reduzcan obligaciones de grandes compañías.
Modernizar la tecnología de la Dian
El tercer mecanismo se centra en fortalecer la capacidad operativa de la autoridad tributaria. El sistema MUISCA, diseñado en 2006 para atender 200.000 contribuyentes, hoy debe gestionar más de 700.000. Esta brecha limita la fiscalización, el cruce de información y el cierre de espacios para la evasión. Existe un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 250 millones de dólares aprobado desde 2018, cuya ejecución apenas alcanzaba un tercio a finales de 2024.
Una modernización que incorpore inteligencia artificial y análisis de datos podría agregar decenas de billones de pesos anuales al recaudo. El principio es directo: mejorar el cobro de obligaciones ya causadas y reducir la evasión y el contrabando. Esta medida resulta complementaria a la ampliación de la base gravable y a la revisión de beneficios tributarios ineficientes.
El planteamiento de Díaz trasciende los tres mecanismos específicos e incluye también combatir la informalidad, mejorar la eficiencia del gasto público y participar activamente en la convención marco de cooperación tributaria de Naciones Unidas. La combinación de estas acciones busca equilibrar las cuentas sin depender exclusivamente de incrementos tarifarios que, según la experta, resultarían insuficientes si no se amplía la base y se refuerzan los controles.
El deterioro fiscal actual exige respuestas que combinen agilidad administrativa, coherencia en la política de tratados y aprovechamiento de recursos ya disponibles. Las propuestas presentadas ofrecen rutas concretas que, de implementarse de manera coordinada, podrían contribuir a estabilizar las finanzas públicas sin generar mayor presión sobre los contribuyentes existentes.
