El anuncio de que el gobierno de Donald Trump instruyó a su representante comercial Jamieson Greer para negociar cuotas, aranceles o reglas de origen más estrictas durante la revisión del T-MEC responde directamente al déficit récord de bienes de Estados Unidos con México, que alcanzó 196 mil 900 millones de dólares en 2025. Esta cifra, un aumento de 17 por ciento respecto al año anterior, marca el punto más alto desde la entrada en vigor del acuerdo comercial y obliga a revisar si las herramientas disponibles en el tratado actual pueden absorber tensiones de esta magnitud sin fracturar las cadenas productivas que ya operan de manera integrada entre los tres países.
Greer fue explícito al señalar que cualquier resultado de las negociaciones debe incluir un mecanismo que permita a Washington limitar ese desequilibrio. La declaración, hecha en el Aspen Security Forum y confirmada por Reuters, deja claro que la administración estadounidense considera el déficit no solo un dato económico, sino un desafío de seguridad nacional que requiere intervención directa en el flujo de mercancías mexicanas.
¿Por qué el déficit se convirtió en prioridad de seguridad?
La decisión de vincular el déficit comercial con cuestiones de seguridad nacional marca un cambio de enfoque. Greer reconoció que otros funcionarios priorizan aspectos diferentes, pero insistió en que el desequilibrio refleja subsidios, exceso de capacidad y prácticas que Washington considera desleales. Esta lectura ignora en parte el análisis del Fondo Monetario Internacional, que relaciona los déficits con variables internas como ahorro, inversión y política fiscal, y advierte que gravar a un solo socio puede desplazar importaciones hacia terceros países sin reducir el saldo total.
El hecho de que 1993 fuera el último año con superávit estadounidense frente a México añade contexto histórico: el desequilibrio no es nuevo, pero su tamaño actual coincide con la revisión obligatoria del T-MEC y con la presión política interna para mostrar resultados concretos antes de las próximas elecciones intermedias.
Reglas de origen endurecidas como herramienta de contención
Además de cuotas y aranceles, Estados Unidos busca elevar el contenido regional exigido en sectores clave como automóviles, autopartes, electrónicos, farmacéuticos, acero y aluminio. El objetivo es reducir la participación de componentes asiáticos en productos que hoy circulan libremente bajo el T-MEC. Esta exigencia obligaría a muchas plantas mexicanas a reconfigurar proveedores o a absorber costos adicionales si no logran acreditar el nuevo porcentaje de origen norteamericano.
El sector automotriz es el más expuesto. Una elevación del requisito de contenido regional al 82 por ciento, como ya sugirió Trump en declaraciones previas, podría desplazar proveedores chinos que actualmente suministran piezas a armadoras instaladas en México, pero también encarecería la producción y reduciría la competitividad frente a otros polos manufactureros.
Perspectivas contrapuestas entre Washington y Ciudad de México
Desde la óptica estadounidense, el déficit representa una pérdida de empleos manufactureros y una vulnerabilidad en cadenas de suministro críticas. Greer ha reiterado que las conversaciones con Marcelo Ebrard avanzan de manera pragmática y que la tercera ronda de negociaciones bilaterales está programada para la semana del 20 de julio en la Ciudad de México. La ausencia de Canadá en esta etapa inicial refleja que el foco inmediato está puesto en equilibrar el flujo bilateral.
Desde la perspectiva mexicana, cualquier restricción adicional amenaza exportaciones que representan más del 80 por ciento de las ventas totales del país al exterior. Sectores como el automotriz y el electrónico concentran millones de empleos directos e indirectos, muchos de ellos en estados del norte que dependen de la integración con el mercado estadounidense. Una cuota o un arancel inesperado podría generar paros temporales y presionar las finanzas públicas por menor recaudación de impuestos ligados a la exportación.
Precedentes que anticipan posibles desenlaces
Estados Unidos ya aplica mecanismos restrictivos en productos específicos. El azúcar mexicano opera bajo cuotas y licencias desde hace años. En julio de 2025, el Departamento de Comercio terminó el acuerdo de suspensión de derechos antidumping sobre el tomate y fijó un arancel de 17.09 por ciento. Estos casos muestran que las medidas pueden adoptar formas distintas según el sector y que su aplicación suele negociarse bilateralmente para evitar litigios prolongados en la Organización Mundial del Comercio.
La experiencia acumulada indica que las empresas tienden a anticipar cambios mediante ajustes en inventarios y diversificación de rutas de suministro, lo que puede atenuar el impacto inicial pero no elimina la incertidumbre para la planeación de mediano plazo.
Riesgos de fragmentación en cadenas integradas
Uno de los riesgos más relevantes es que las nuevas reglas de origen o cuotas rompan la lógica de producción compartida que ha permitido a México, Estados Unidos y Canadá competir como bloque frente a Asia. Si las empresas deben verificar con mayor detalle el origen de cada componente, los costos administrativos aumentarán y algunas líneas de producción podrían trasladarse a otros países con menor exigencia regulatoria.
Otro riesgo es la posible respuesta mexicana. Aunque el gobierno de Sheinbaum ha mantenido un tono constructivo, la historia muestra que restricciones unilaterales suelen generar represalias en productos agrícolas o industriales sensibles para los exportadores estadounidenses. La escalada podría afectar también a Canadá, que hasta ahora permanece en un plano secundario de las negociaciones.
Escenarios probables hacia 2027
Las revisiones anuales del T-MEC que se realizarán mientras el tratado siga vigente hasta 2036 ofrecen ventanas periódicas para ajustar las condiciones. Es probable que las partes lleguen a un acuerdo intermedio que incluya mayores requisitos de contenido regional en automóviles y acero, pero que preserve la mayor parte del flujo comercial actual mediante excepciones sectoriales negociadas.
Un escenario más disruptivo implicaría la imposición de cuotas globales por país, lo que obligaría a México a redistribuir exportaciones hacia Europa y Asia. Este camino reduciría la dependencia del mercado estadounidense, pero también erosionaría la ventaja de proximidad que hoy sostiene la competitividad de la manufactura mexicana.
El desenlace final dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para separar el debate comercial de la retórica electoral y de la disposición de las empresas a invertir en trazabilidad y proveedores regionales antes de que las nuevas reglas entren en vigor.
