TV Azteca acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de promover nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias con el propósito de afectar a la televisora y limitar a algunos de sus periodistas. La acusación fue planteada este martes 4 de agosto por Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de la empresa, después de que el Ejecutivo defendiera un proyecto regulatorio que todavía se encuentra en consulta pública.
Pascoe sostuvo que la explicación ofrecida durante la conferencia matutina evidenció, a su juicio, un intento de censura dirigido contra medios críticos de la administración federal. “El ánimo censor del gobierno federal tiene un destinatario con nombre y apellido: TV Azteca y algunos de sus periodistas”, afirmó el directivo en una publicación difundida en redes sociales.
Una acusación en medio de la consulta pública
El proyecto fue puesto a consideración de la ciudadanía el 27 de julio y permanecerá en consulta hasta el 21 de agosto de 2026. Por lo tanto, sus disposiciones aún no son definitivas ni pueden aplicarse como nuevas obligaciones a TV Azteca o a cualquier otra concesionaria. Después del cierre del proceso, la Comisión deberá revisar las observaciones recibidas y determinar si modifica el texto.
La propuesta contempla que los lineamientos entren en vigor 30 días naturales después de su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ese calendario coloca la controversia actual en una etapa preliminar: el debate se desarrolla sobre el alcance potencial de las reglas, no sobre sanciones ya impuestas ni sobre medidas vigentes contra la televisora.
Sheinbaum rechazó que la iniciativa constituya censura. La presidenta afirmó que los derechos de las audiencias son un principio reconocido por la Constitución y negó que el Estado vaya a decidir qué noticias son verdaderas o a castigar a periodistas por sus opiniones. “No hay censura”, declaró, aunque admitió que quienes no estén de acuerdo con el proyecto pueden proponer ajustes para hacerlo más claro.
Qué obligaciones plantea el proyecto
El documento establece obligaciones para las concesionarias de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como para empresas programadoras. No menciona directamente a TV Azteca, Televisa ni a otra compañía, y tampoco identifica por nombre a periodistas, conductores o comentaristas. La afirmación de que la propuesta tiene como destinataria específica a la televisora forma parte de la interpretación de Pascoe y de otros comunicadores de la empresa, pero no está acreditada de manera expresa en el texto público.
Entre las medidas previstas se encuentran la publicación de un código de ética, la designación de una persona defensora de las audiencias y la creación de mecanismos para recibir y responder quejas. También se plantea identificar la publicidad y los espacios patrocinados, diferenciar la información noticiosa de las opiniones y establecer criterios para evitar contenidos falsos o descontextualizados.
En televisión, los programas tendrían que utilizar mensajes, cortinillas u otros elementos visibles cuando una persona conductora combine noticias y opiniones. En radio se prevén avisos sonoros al inicio y al final de determinados contenidos. La lógica de estas reglas es que el público pueda reconocer con mayor claridad la naturaleza de lo que está recibiendo y tenga vías formales para expresar inconformidades.
El Gobierno niega una verdad oficial
La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, explicó que el Estado no certificará noticias ni impondrá una verdad oficial. Según su interpretación, cada concesionaria deberá establecer en su propio código de ética los procedimientos para verificar la información que transmite. La intervención de la autoridad ocurriría ante incumplimientos administrativos, como no publicar el código, no nombrar a la persona defensora de las audiencias o no habilitar un mecanismo de quejas.
El artículo 2 del proyecto señala que los lineamientos no podrán interpretarse para limitar el derecho a la información, la libertad de expresión, la libertad programática o la libertad editorial. También prohíbe cualquier forma de censura previa. El Gobierno sostiene, con base en esas disposiciones, que la regulación busca proteger el derecho constitucional de las audiencias a recibir información plural y oportuna, no controlar la línea editorial de los medios.
TV Azteca advierte sobre aplicación selectiva
La televisora considera que el riesgo no depende únicamente de que exista una prohibición directa, sino de la forma en que la autoridad pueda recibir quejas, interpretar posibles incumplimientos y aplicar sanciones. Desde esa perspectiva, una regulación redactada con conceptos amplios podría generar autocensura o permitir una aplicación selectiva, especialmente contra medios que cuestionan las decisiones del poder público.
Juan Pablo de Leo, periodista de TV Azteca, afirmó que durante la conferencia presidencial se utilizó un video antiguo de Sergio Sarmiento para desacreditar al comunicador y reforzar los cuestionamientos contra la empresa. Sostuvo que no se trata de una regulación general, sino de lineamientos destinados a “callar” a Televisión Azteca. La empresa, añadió, mantendrá su postura crítica y continuará revisando posibles actos de corrupción, abusos, decisiones públicas e irregularidades.
Pascoe acompañó sus señalamientos con acusaciones políticas más amplias contra funcionarios y representantes de la llamada Cuarta Transformación. Esas expresiones reflejan la posición del directivo y no constituyen hechos acreditados dentro de la discusión regulatoria. El responsable de Noticias y Comunicación también sostuvo que la democracia requiere una libertad de expresión irrestricta y que TV Azteca no renunciará a cuestionar al poder.
La disputa queda abierta hasta la versión final
El proyecto prevé multas de entre 0.01% y 1% de los ingresos acumulables de la concesionaria o empresa programadora por infracciones. El Gobierno afirma que no se aplicarían por opiniones o contenidos periodísticos, sino por incumplir obligaciones relacionadas con la protección de las audiencias. Sin embargo, la referencia general a las infracciones y la inclusión de deberes sobre información noticiosa y verificación mantienen abierto el debate sobre el alcance práctico de esas sanciones.
La discusión central dependerá de la redacción definitiva y de los criterios con los que la autoridad interprete las obligaciones. Para el Ejecutivo, el proyecto desarrolla un derecho constitucional y establece controles básicos de transparencia; para TV Azteca, las facultades previstas podrían convertirse en una herramienta de presión contra voces críticas. La consulta pública será el siguiente punto decisivo antes de que la Comisión determine si modifica las reglas y, eventualmente, las envía a publicación oficial.
