Los ministros de Economía de la UE han aprobado de forma definitiva nuevas reglas que otorgan a la Fiscalía Europea y a la OLAF acceso directo a los datos de la red Eurofisc. Esta medida busca acelerar las investigaciones sobre el fraude transfronterizo del IVA, especialmente el conocido como fraude carrusel.
El esquema genera pérdidas anuales estimadas entre 12.500 y 32.800 millones de euros para los presupuestos nacionales y comunitarios. La reforma permite cruzar información en tiempo real entre autoridades nacionales y europeas, lo que reduce el margen de maniobra de redes delictivas organizadas que operan en el comercio intracomunitario.
El acuerdo complementa la digitalización prevista para 2030 de las obligaciones de IVA en operaciones entre empresas. Al limitar la exención automática del impuesto en el comercio libre de la UE, se endurece el control sobre ventas electrónicas e importaciones fraudulentas que distorsionan la competencia.
La decisión refleja un cambio estructural: la UE prioriza ahora la interoperabilidad de datos fiscales para proteger sus recursos frente a esquemas cada vez más sofisticados.
