El sistema financiero mexicano recibió una nueva herramienta para identificar operaciones vinculadas al robo y contrabando de hidrocarburos. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores distribuyeron una guía que amplía los escenarios de alerta y refuerza los criterios de monitoreo para cerca de cinco mil entidades supervisadas.
Coordinación con autoridades de Estados Unidos
La emisión de la guía se produjo después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocara el huachicol y el huachicol fiscal entre sus prioridades de seguridad financiera. El 30 de junio, esa dependencia sancionó a operadores y empresas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y difundió una alerta similar para el sistema financiero estadounidense. En ese mismo día, la UIF mexicana informó que había bloqueado más de 120 millones de pesos desde septiembre de 2025 gracias a la colaboración con agencias de ambos países.
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos ya había señalado que el robo de combustibles representa la principal fuente de ingresos ilícitos no relacionados con drogas para los cárteles mexicanos. Durante los doce meses previos, el Departamento del Tesoro recibió más de 160 reportes de actividad sospechosa por un monto superior a los 7 mil millones de dólares.
Contenido de la guía UIF-CNBV
El documento incorpora nuevos factores de riesgo, indicadores y escenarios de alertamiento. Entre ellos destacan el uso de empresas fachada, la triangulación financiera internacional, la importación con documentación aduanera irregular y los esquemas de evasión fiscal asociados a la comercialización de combustibles. También se presta atención a canales que facilitan la dispersión de recursos, como el efectivo intensivo, las transacciones remotas, los activos virtuales y las stablecoins.
Las entidades deben vigilar con especial cuidado a empresas de reciente creación, sociedades por acciones simplificadas y estructuras cuyos beneficiarios finales resulten poco claros. Asimismo, se recomienda revisar clientes vinculados con transporte, logística, importación y exportación de hidrocarburos, así como compañías cuya infraestructura no corresponda con el volumen declarado de sus operaciones.
Indicadores que deben activar revisiones
La guía establece que múltiples transferencias nacionales o internacionales sin justificación aparente, depósitos en efectivo estructurados, dispersión inmediata de recursos y pagos por combustibles sin respaldo documental suficiente constituyen señales de alerta. Las instituciones deberán actualizar sus metodologías de evaluación de riesgos y ampliar el análisis de redes entre proveedores, transportistas y comercializadoras.
Cuando se detecten elementos que puedan relacionarse con actividades ilícitas vinculadas al robo de hidrocarburos, las entidades supervisadas tienen la obligación de realizar el análisis correspondiente, documentarlo, dictaminarlo y, en su caso, reportar a la UIF.
Áreas geográficas de mayor exposición
El documento identifica como zonas de mayor riesgo los ductos, refinerías, terminales de almacenamiento, cruces fronterizos, puertos marítimos y aduanas. También se mencionan las rutas habituales de transporte de petrolíferos y los municipios con alta incidencia de tomas clandestinas o presencia de delincuencia organizada.
Implementación y plazos
Los oficiales de cumplimiento deben presentar la guía a los comités de comunicación y control de cada institución. Una vez aprobada, las entidades tienen quince días naturales para notificar a la autoridad supervisora. La medida busca fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano ante un fenómeno que, según las autoridades, ha permeado los ámbitos social, económico y financiero del país.
