La afirmación más contundente que surge del análisis del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es que su ejercicio del poder lo convirtió en el peor presidente de México en las últimas décadas. Esta valoración no parte de opiniones aisladas, sino de la observación sistemática de cómo sus decisiones afectaron áreas clave del Estado.
El origen de una satrapía
Al asumir la presidencia, López Obrador perdió el equilibrio institucional y transformó el cargo en un espacio regido por caprichos personales. En lugar de fortalecer los avances previos en transparencia y rendición de cuentas, optó por debilitarlos. Los resultados se hicieron visibles en la salud, la educación y la economía, donde las políticas implementadas generaron retrocesos medibles en indicadores públicos.
El mismo patrón se repitió en obras de infraestructura y en el manejo de la legalidad. Cada intervención presidencial tendía a erosionar los controles que limitaban el poder personal, creando un entorno donde las decisiones se tomaban sin contrapesos efectivos.
La extensión del poder militar
Uno de los giros más significativos ocurrió cuando se asignaron funciones ajenas a la misión constitucional de las fuerzas armadas. Al colocar a militares y marinos en aduanas y otros puntos estratégicos, se abrieron espacios de discrecionalidad que facilitaron prácticas de corrupción. El caso de la aduana de Matamoros, vinculado al ingreso de combustibles ilegales, ilustra cómo esa decisión generó consecuencias que persisten más allá del sexenio.
La lógica detrás de estas asignaciones respondía a una visión de control directo, pero ignoró los riesgos de exponer a las instituciones militares a oportunidades de enriquecimiento irregular. Los efectos no se limitaron a casos aislados, sino que afectaron la percepción pública sobre la integridad de las corporaciones armadas.
El contexto histórico del contrabando
Matamoros ha sido históricamente un punto de entrada para mercancías de contrabando. En décadas pasadas, el flujo se limitaba a bienes de consumo como televisores o juguetes, adquiridos mediante pagos a las autoridades locales. Con el tiempo, la escala cambió hacia productos de mayor riesgo, como armas y combustible robado, lo que exigía mayor capacidad de supervisión estatal.
La frase “Arreglao Matamoros” surgió precisamente de esa práctica de comprar facilidades aduaneras. Su uso actual recuerda cómo los mecanismos informales de control pueden persistir cuando las instituciones no logran imponer reglas claras y verificables.
La ausencia de rendición de cuentas
El balance final del periodo muestra que las acciones con mayor impacto negativo sobre el país quedaron sin consecuencias legales. Esta impunidad no es accidental: forma parte de un ejercicio del poder que priorizó la lealtad personal sobre los mecanismos de fiscalización. En ese sentido, la figura presidencial se acercó más a la de un autócrata que a la de un mandatario sujeto a controles democráticos.
La falta de conciencia sobre el daño causado resulta coherente con ese modelo de gobierno. Los dictadores, por definición, operan fuera de los límites que la responsabilidad pública impone a otros líderes. Por ello, cualquier expectativa de autocrítica resulta vana.
El riesgo de repetir el ciclo
La publicación de nuevos libros por parte del expresidente confirma que el relato personal sigue activo. Estos textos buscan reinterpretar los hechos para justificar decisiones que, en su momento, generaron pérdidas institucionales. El lector debe evaluar si esa narrativa logra ocultar el costo real que el país pagó por seis años de centralización excesiva del poder.
