Quito, 5 ago (EFE).- La donación de 3,5 millones de dólares concedida por el Grupo Banco Mundial a Ecuador abre una oportunidad relevante para ordenar la preparación de nuevos proyectos de generación y transmisión eléctrica, pero no resuelve por sí misma la fragilidad que expuso la crisis energética de 2023 y 2024. El acuerdo firmado entre el Ministerio de Ambiente y Energía, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y el organismo multilateral financiará estudios, asistencia técnica y análisis de ingeniería durante 18 meses. Su valor principal estará, por tanto, en mejorar la calidad de las decisiones antes de comprometer recursos mucho mayores.
El antecedente que explica la urgencia es contundente: en los momentos más críticos de la crisis, los hogares y negocios ecuatorianos enfrentaron cortes de hasta catorce horas diarias. Aquella situación no obedeció únicamente a una falta puntual de generación. También reveló la exposición del sistema a factores hidrológicos, las limitaciones de la red de transmisión, la necesidad de mantenimiento y la dificultad para ejecutar con rapidez proyectos largamente anunciados. La nueva cooperación puede contribuir a corregir parte de esas deficiencias, aunque sus resultados dependerán de que los estudios se traduzcan en obras financiadas, adjudicadas y terminadas.
La ventaja de decidir con más información
Los recursos no reembolsables del Fondo de Donación para la Preparación de Proyectos pueden reducir uno de los obstáculos más frecuentes de la infraestructura pública: la aprobación de iniciativas sin estudios técnicos, financieros y ambientales suficientemente sólidos. Diagnósticos del sector, proyecciones de demanda, evaluaciones tecnológicas y diseños de ingeniería de detalle permiten estimar costos, identificar cuellos de botella y comparar alternativas antes de iniciar una obra. En teoría, esa fase disminuye la probabilidad de sobrecostos, rediseños y retrasos posteriores.
La línea San Gregorio-Palestina constituye el primer ejemplo concreto mencionado por Celec. Si los estudios confirman su viabilidad y la obra se ejecuta, el refuerzo podría mejorar el suministro en Palestina, en la provincia costera de Guayas, y aumentar la capacidad del Sistema Nacional de Transmisión. La expansión de la red tiene un efecto que va más allá del municipio beneficiado: permite trasladar electricidad desde los puntos de generación hacia zonas con mayor demanda y reduce la dependencia de soluciones locales, más costosas o menos eficientes.
Una red más robusta también puede facilitar la incorporación de nuevas centrales. Sin líneas suficientes, una planta hidroeléctrica, solar, eólica o térmica puede quedar limitada aunque tenga capacidad de producir. Por ello, la transmisión funciona como una condición de acceso al mercado eléctrico y no solamente como un componente complementario. La preparación simultánea de proyectos de generación y red puede evitar que Ecuador repita el desequilibrio entre capacidad instalada y capacidad efectivamente disponible para los consumidores.
Diversificar la matriz sin trasladar nuevos costos
El Gobierno ha presentado el convenio como parte de una estrategia para diversificar la matriz energética y fortalecer la soberanía del país. La meta resulta especialmente significativa para Ecuador, cuya seguridad eléctrica está estrechamente vinculada al desempeño de sus recursos hídricos. Cuando los caudales disminuyen, la generación hidroeléctrica pierde margen y el sistema necesita recurrir a plantas térmicas, importaciones o restricciones de consumo. Una combinación más amplia de fuentes podría reducir esa vulnerabilidad, siempre que las tecnologías seleccionadas sean compatibles con las condiciones económicas, ambientales y operativas del país.
La diversificación, sin embargo, no debe convertirse en una simple suma de proyectos. Las energías solar y eólica son variables y requieren respaldo, almacenamiento o una red capaz de administrar cambios rápidos en la producción. Las plantas térmicas pueden ofrecer capacidad firme, pero exponen al sistema a los precios de los combustibles y generan emisiones. Las centrales hidroeléctricas aportan regulación y costos operativos competitivos, aunque están sujetas a sequías, cambios climáticos y posibles impactos sobre ecosistemas y comunidades. Los estudios financiados por la donación tendrán que valorar el costo total de cada alternativa, incluido el de mantener la estabilidad del sistema.
Un análisis incompleto podría producir una falsa sensación de seguridad. Agregar megavatios nominales no garantiza electricidad disponible durante una emergencia, porque la confiabilidad depende también del combustible, del mantenimiento, de la conexión a la red y de la capacidad de respuesta ante fallas. El desafío consiste en diseñar una cartera equilibrada, con reservas suficientes y criterios transparentes sobre seguridad, precio y sostenibilidad.
El riesgo de confundir estudios con soluciones
El monto anunciado tiene importancia para preparar proyectos, pero es pequeño frente a las inversiones que suelen exigir las grandes líneas de transmisión y las nuevas centrales. Esta diferencia crea una brecha crítica entre la planificación y la ejecución. Ecuador puede obtener diagnósticos técnicamente rigurosos y aun así no disponer de los recursos, las garantías, los permisos o el consenso político necesarios para construir las obras. El éxito del acuerdo deberá medirse por la cantidad y calidad de proyectos que lleguen a una etapa financiable, no por el número de informes producidos.
La experiencia regional muestra que los retrasos suelen aparecer después de la fase de estudios. Expropiaciones, licencias ambientales, consultas con comunidades, cambios de diseño, procesos de contratación impugnados y modificaciones presupuestarias pueden extender los calendarios. La línea San Gregorio-Palestina, por ejemplo, podría enfrentar dificultades relacionadas con el trazado, la adquisición de terrenos o la coordinación con autoridades locales. Ninguno de esos riesgos queda resuelto automáticamente por la asistencia técnica del Banco Mundial.
También será determinante la gobernanza de la información. Las proyecciones de demanda pueden quedar desactualizadas si cambian la actividad industrial, la electrificación del transporte, el crecimiento urbano o las condiciones macroeconómicas. Si se subestima el consumo, la red volverá a operar con márgenes estrechos; si se sobreestima, el Estado podría comprometer capital en activos infrautilizados. La publicación de supuestos, metodologías, costos estimados y escenarios alternativos permitiría que universidades, empresas y organizaciones sociales revisen las decisiones antes de que se conviertan en contratos.
Inversión privada: oportunidad con condiciones
El Ministerio de Ambiente y Energía sostiene que la financiación ayudará a crear condiciones para atraer inversión pública y privada. Un marco técnico claro puede reducir la incertidumbre de los inversores y mejorar la estructuración de alianzas, concesiones o contratos de suministro. La participación privada podría acelerar la incorporación de capacidad y aliviar las restricciones presupuestarias del Estado, especialmente si los proyectos cuentan con reglas previsibles y mecanismos transparentes de remuneración.
Pero atraer capital no debe ser el único indicador de éxito. Si los contratos garantizan rentabilidades elevadas sin una asignación equilibrada de riesgos, la factura podría trasladarse a los usuarios o al presupuesto nacional. Si, por el contrario, las reglas cambian con frecuencia, los procesos se politizan o las garantías de pago resultan débiles, los inversores exigirán primas más altas o se retirarán. La preparación financiada por la donación debería incluir modelos de contratación, análisis de riesgos fiscales y evaluación de la capacidad real de pago del mercado eléctrico.
La transparencia será particularmente importante en un sector donde las decisiones de inversión tienen efectos durante décadas. Licitaciones competitivas, criterios de selección verificables y controles independientes pueden prevenir conflictos de interés y reducir la percepción de que la urgencia energética justifica procedimientos excepcionales. La rapidez es necesaria, pero una obra acelerada mediante controles débiles puede terminar siendo más cara y menos confiable.
Usuarios, territorios y sostenibilidad ambiental
El fortalecimiento de la transmisión puede beneficiar a hogares, comercios y actividades productivas al reducir interrupciones que provocan pérdidas de alimentos, daños a equipos, suspensión de servicios y caída de ventas. Para las empresas, la continuidad eléctrica es un factor de competitividad: cortes prolongados obligan a utilizar generadores, elevan costos y pueden desalentar nuevas inversiones. En zonas como Guayas, una red más estable podría apoyar la actividad agroindustrial, comercial y logística, aunque los beneficios dependerán de que también se atiendan las redes de distribución y no solo los grandes corredores nacionales.
La población local, no obstante, puede percibir primero los costos de la infraestructura. Torres, subestaciones y servidumbres afectan predios, paisajes y actividades agrícolas. Los estudios ambientales y sociales deberán identificar impactos acumulativos, alternativas de trazado y medidas de compensación, además de garantizar procesos de información y participación comprensibles. Una consulta tardía o meramente formal puede generar oposición, judicialización y retrasos, precisamente los factores que encarecen los proyectos y reducen la confianza pública.
La sostenibilidad también exige observar el ciclo completo de las inversiones. No basta con que una central tenga bajas emisiones durante su operación si su construcción causa daños irreversibles o si carece de un plan para gestionar residuos, agua y equipos al final de su vida útil. La cooperación internacional ofrece una oportunidad para incorporar estándares ambientales y sociales exigentes, pero su eficacia dependerá de que las autoridades los mantengan durante la contratación, la construcción y la operación.
La prueba será la resiliencia, no solo la capacidad
La promesa de construir un sistema más confiable y resiliente requiere considerar escenarios que van más allá de la demanda promedio. Sequías prolongadas, lluvias extremas, deslizamientos, incendios, ciberataques y fallas en cascada pueden afectar simultáneamente generación y transmisión. Ecuador necesitará planes de contingencia, mantenimiento preventivo, sistemas de control seguros y capacidad para recuperar rápidamente el servicio. La red de San Gregorio-Palestina puede ser una pieza útil, pero no eliminará por sí sola los riesgos nacionales.
También convendría complementar las grandes obras con medidas de menor escala y ejecución más rápida. La reducción de pérdidas en distribución, la gestión de la demanda, los programas de eficiencia energética, el almacenamiento y la generación distribuida pueden aliviar la presión sobre el sistema mientras avanzan los proyectos estructurales. Estas herramientas no sustituyen a la transmisión, pero diversifican la respuesta y disminuyen la posibilidad de que una sola falla provoque apagones extensos.
El acuerdo con el Banco Mundial ofrece a Ecuador una ventana para transformar la reacción ante la crisis en una política de planificación sostenida. Para aprovecharla, el Gobierno deberá proteger la continuidad técnica de los proyectos frente a los cambios administrativos, publicar resultados verificables y vincular cada estudio con una ruta concreta de financiamiento y ejecución. La verdadera recuperación de la confianza no dependerá de la donación en sí, sino de que, al concluir los 18 meses, el país tenga proyectos mejor diseñados, decisiones más transparentes y una red preparada para resistir tanto la variabilidad climática como el crecimiento futuro de la demanda.
