Una entidad financiera que operaba sin autorización en Ecuador habría captado cerca de USD 50 millones de clientes antes de ser detectada por las autoridades. Aunque su nombre no ha sido divulgado, el caso forma parte de un registro de 127 organizaciones identificadas por la Superintendencia de Bancos por ofrecer servicios financieros sin estar habilitadas para ello.
El listado incorpora 60 entidades detectadas durante 2025 y otras 67 registradas en 2026. Según el superintendente de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, algunas de estas organizaciones desarrollaron estructuras destinadas a proyectar una imagen de formalidad ante potenciales usuarios, mediante publicidad digital, páginas web y, en ciertos casos, oficinas físicas.
La existencia de una dirección comercial, una plataforma aparentemente profesional o anuncios en redes sociales no acredita que una firma pueda captar recursos del público ni otorgar servicios reservados al sistema financiero. La Superintendencia mantiene registros separados de las instituciones autorizadas y de las entidades detectadas operando sin permiso.
Entre las denominaciones incorporadas durante 2026 figuran Plata Puntual-Préstamo Listo, Rico-Créditos y Préstamos, DineroFácil-Préstamo Fácil, Crédito Smart, Préstamos Ecuador, Crece Credit, Credipaguitos, Cooperativa Pro Credit, CréditoFast-Préstamo Fast, CrediQuito, Crédito Ágil, Finanzas Trust y PrestaYa EC.
El organismo regulador también emitió precisiones sobre nombres que podrían inducir a confusión con compañías legalmente establecidas. La entidad señalada como “Facilito” no guarda relación con Red de Recaudación, Pagos y Servicios Facilito Redfacilito S.A.; de forma similar, “Credi Pasa” no está vinculada con la Caja de Ahorro Credipasa.
Préstamos informales y riesgos para los usuarios
Romero estimó que el mercado de préstamos manejado por agiotistas o usureros, conocidos en Ecuador como “chulqueros”, podría superar los USD 10.000 millones. Esa cifra no corresponde al dinero captado por las 127 entidades detectadas, sino a una estimación del tamaño que puede alcanzar el financiamiento informal en el país.
De acuerdo con el funcionario, algunas personas que recurren a estos créditos terminan enfrentando tasas superiores al 1.000% anual. El incumplimiento de los pagos puede derivar además en amenazas u otras formas de intimidación, un fenómeno distinto de las operaciones de las instituciones sujetas a supervisión estatal.
El Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe la captación de recursos sin autorización. Su artículo 254 establece que las personas naturales o jurídicas que no integren el sistema financiero nacional no pueden recibir habitualmente dinero de terceros ni realizar actividades reservadas a entidades habilitadas.
La expansión de las plataformas digitales ha complicado la delimitación territorial de estas operaciones, ya que una oferta difundida en redes sociales puede llegar al mismo tiempo a usuarios de distintas provincias. La Superintendencia actualiza su registro conforme identifica nuevas organizaciones y remite los casos a las autoridades competentes. Antes de entregar dinero, invertir o solicitar un préstamo, recomienda verificar en sus canales oficiales que la institución esté autorizada.
