La obra hidráulica proyectada para la colonia Primera de Mayo nació con una promesa concreta: ampliar el acceso al agua potable para un mayor número de familias. Sin embargo, antes de consolidarse como una solución de infraestructura, se transformó en un conflicto sobre tres asuntos que suelen determinar la legitimidad de cualquier obra pública: si se construyó conforme al proyecto autorizado, si los recursos fueron aplicados de manera proporcional al trabajo ejecutado y si la población beneficiaria recibió información suficiente para vigilar el proceso.
La denuncia encabezada por el vecino Mario De La O no constituye, por sí misma, una prueba de desvío o sobrecosto. Sí expone, en cambio, una cadena de inconsistencias que requiere ser documentada por las autoridades: cambios en el trazo de las tuberías, exclusión de dos calles que supuestamente aparecían en los planos originales, dudas sobre el punto de conexión, fugas detectadas durante las pruebas y una diferencia entre documentos técnicos entregados en distintos momentos. A ello se suma un presupuesto señalado por los habitantes de aproximadamente 12.5 millones de pesos, cuya comprobación detallada todavía no ha sido presentada públicamente.
El conflicto comenzó con una modificación que nadie explica
De acuerdo con el relato vecinal, personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y de la Dirección de Obras Públicas Municipales convocó a los habitantes para integrar un comité ciudadano y reunir la documentación necesaria para acceder a recursos federales. Una vez conformado el comité, los vecinos recibieron un plano técnico que mostraba el recorrido previsto para la red. La inconformidad apareció cuando, durante la construcción, observaron que las tuberías se instalaban por una ruta distinta.
Ese punto es decisivo porque una modificación de trazo no necesariamente implica una irregularidad. En una obra hidráulica puede ser técnicamente razonable cambiar una ruta por interferencias con otras instalaciones, problemas de derechos de vía, condiciones del suelo, pendientes o ajustes de costos. Pero una modificación legítima debe dejar una huella administrativa: justificación técnica, autorización del área competente, actualización de planos, estimación de cantidades y, cuando corresponda, ajuste contractual o presupuestal.
La ausencia de esa explicación convierte una decisión posiblemente técnica en una sospecha de discrecionalidad. El vecino afirma que, al cuestionar a los encargados de la obra, recibió como respuesta que actuaban bajo instrucciones de Obras Públicas. Esa contestación, si se confirma, revela una posible fragmentación de responsabilidades: la JMAS reconoce que el proyecto corresponde a su ámbito, pero aclara que no ejecuta directamente los trabajos; Obras Públicas sostiene que ha atendido las inquietudes, aunque no ha difundido la documentación específica que permita reconstruir la toma de decisiones.
La primera conclusión analítica es que el problema no se limita a una tubería mal colocada. Se trata de una falla de trazabilidad institucional. Cuando una dependencia diseña o valida un proyecto, otra instancia ejecuta y una tercera administra los recursos, la ciudadanía necesita saber quién autoriza los cambios, quién supervisa los volúmenes y quién firma la recepción. Si esa cadena no está claramente identificada, la responsabilidad se diluye precisamente cuando surgen reclamos.
Dos calles excluidas revelan el costo social del diseño
La denuncia señala que dos calles de la colonia quedaron fuera del suministro previsto pese a que, según los habitantes, estaban incluidas en los planos iniciales. La diferencia puede parecer menor desde la perspectiva de un expediente presupuestal, pero tiene un impacto directo en la distribución del beneficio público. Una red de agua no se evalúa únicamente por los metros de tubería instalados; también debe medirse por la cantidad y las características de las viviendas efectivamente conectadas.
El señalamiento de que se priorizaron sectores con pocos habitantes mientras permanecen sin servicio calles de mayor densidad introduce una discusión sobre eficiencia social. Si el objetivo era llevar agua potable al mayor número de familias, el criterio de asignación debería poder expresarse mediante variables verificables: número de hogares beneficiados, déficit existente, factibilidad de conexión, presión disponible y costo por vivienda incorporada. Sin esos indicadores, la selección del recorrido puede percibirse como una decisión territorial sin fundamento o como una obra incompleta presentada como terminada.
La infraestructura hidráulica tiene además un efecto multiplicador. Una calle excluida no solo queda fuera del beneficio inmediato; también puede enfrentar mayores costos para conectarse posteriormente, depender de pipas o recurrir a soluciones individuales de almacenamiento. En colonias con crecimiento irregular, cada tramo omitido puede consolidar desigualdades durante años, porque la siguiente ampliación tendrá que volver a cubrir excavación, pavimentación, permisos y conexión a una red que quizá fue diseñada sin capacidad suficiente.
Para las familias, la controversia no es exclusivamente financiera. Es una disputa sobre el derecho a saber por qué unas viviendas fueron incluidas y otras no. Para la autoridad, el riesgo consiste en que un proyecto concebido como ampliación de cobertura termine siendo evaluado solo por su avance físico. Una obra puede estar casi terminada y, al mismo tiempo, no cumplir su propósito si deja fuera a la población prioritaria o carece de capacidad operativa.
Los 12.5 millones de pesos exigen una comprobación completa
El monto aproximado de 12.5 millones de pesos mencionado por el denunciante no permite concluir que exista un daño patrimonial. Tampoco basta con comparar visualmente la longitud de la red con el presupuesto para determinar si el costo fue excesivo. En una obra de este tipo intervienen materiales, excavación, relleno y compactación, cruces, válvulas, cajas, conexiones domiciliarias, reposición de pavimento, supervisión, pruebas y, eventualmente, derechos o trabajos complementarios.
Precisamente por esa complejidad, la respuesta institucional no puede limitarse a negar las acusaciones o afirmar que el caso ya fue atendido. La comprobación debería incluir el contrato o convenio de ejecución, catálogo de conceptos, precios unitarios, generadores de obra, estimaciones pagadas, bitácora, actas de supervisión, planos “as built” o de obra terminada, pruebas de presión, relación de materiales y acta de entrega-recepción. También sería relevante conocer el origen exacto del recurso federal y el mecanismo mediante el cual fue transferido y ejercido por el Municipio.
La solicitud de inventarios y costos unitarios planteada por los vecinos es técnicamente pertinente. No significa que la comunidad pueda sustituir una auditoría profesional, pero sí que existe información básica que debería estar disponible para verificar si el gasto corresponde a las cantidades realmente ejecutadas. La diferencia entre un presupuesto aprobado y un costo final puede explicarse por ampliaciones, conceptos extraordinarios o actualizaciones; lo que no puede permanecer indefinido es la relación entre cada modificación y su autorización.
La respuesta atribuida a la Auditoría Superior del Estado, según la cual el recurso federal habría sido recibido directamente por el Municipio y la ASE no tendría competencia en los términos solicitados, revela otra zona de confusión. La competencia fiscalizadora depende del origen del dinero, las reglas del programa, la transferencia, el ejercicio y los convenios aplicables. Si una instancia considera que no puede intervenir, debe orientar al denunciante hacia la autoridad competente y explicar el fundamento de esa determinación. De lo contrario, la ciudadanía queda atrapada entre oficinas que se remiten unas a otras.
Fugas, conexión y calidad: el proyecto todavía debe probarse
Los vecinos también reportaron fugas importantes durante las pruebas de funcionamiento. Este dato no demuestra automáticamente una mala ejecución: las pruebas iniciales pueden revelar fallas de juntas, válvulas o conexiones que todavía deben corregirse antes de la puesta en servicio. La diferencia está en saber si las fugas fueron reparadas, si se repitieron las pruebas y si quedaron asentadas en la bitácora de obra.
Si una red se recibe con fallas no corregidas, el problema se desplaza rápidamente desde el contratista hacia los usuarios y el organismo operador. Las fugas generan pérdidas físicas de agua, reducen la presión disponible y elevan los costos de operación. En sistemas con abastecimiento limitado, cada fuga representa también una merma en la confiabilidad del servicio. La Organización Mundial de la Salud ha señalado de manera reiterada que la seguridad del suministro depende tanto de la disponibilidad del recurso como de la integridad de la infraestructura; una red nueva con defectos puede producir una falsa sensación de cobertura.
La conexión cercana a la Deportiva plantea una pregunta distinta: cuál es el origen del agua y si el punto elegido tiene capacidad hidráulica para atender a la colonia. No basta con conectar la red a una tubería existente. Se requieren datos sobre diámetro, presión, caudal disponible, sectorización y continuidad del servicio. Si la conexión fue modificada respecto del proyecto original, la autoridad debe explicar qué estudio sustentó el cambio y cómo se evitó afectar a usuarios ya conectados.
En este aspecto, la JMAS ocupa una posición relevante aunque no haya ejecutado físicamente la obra. Como organismo relacionado con el proyecto y eventual operador de la red, debería informar si la infraestructura cumple las condiciones para ser incorporada al sistema, quién validó las pruebas y bajo qué criterios se aceptará el mantenimiento. La distinción entre “no ejecutar” y “no tener responsabilidad” no es absoluta: quien opera una red debe participar en su validación técnica.
La supervisión ciudadana no puede reducirse a una firma
Uno de los episodios más delicados es la solicitud a los vecinos para firmar la recepción de la obra. De La O afirma que se negó a avalarla sin observaciones y firmó únicamente bajo protesta. La participación ciudadana puede ser una herramienta de control, pero pierde sentido si el comité es convocado para reunir documentos y validar una obra sin acceso al expediente técnico ni capacidad real para objetar deficiencias.
Una firma vecinal no sustituye el acta formal de entrega-recepción ni libera a las dependencias de sus obligaciones de supervisión. Tampoco debe utilizarse como mecanismo para convertir la aceptación social en una defensa automática frente a futuras reclamaciones. El comité tendría que recibir una copia del proyecto modificado, la relación de conceptos ejecutados, los resultados de las pruebas y un calendario de correcciones. En caso de observaciones, estas deberían quedar incorporadas con responsables y fechas de cumplimiento.
La controversia enfrenta intereses legítimos pero desiguales. Los habitantes buscan servicio, claridad y protección frente a una obra que afectará su patrimonio y sus gastos cotidianos. Obras Públicas intenta defender su actuación y afirma haber mantenido comunicación con el denunciante. La JMAS busca delimitar que no fue la ejecutora. El Municipio necesita acreditar que los recursos se ejercieron conforme a las reglas. Y los órganos fiscalizadores deben definir quién revisa el expediente. Ninguna de estas posiciones puede resolverse únicamente mediante declaraciones: el expediente completo es el terreno común de la disputa.
El riesgo mayor sería inaugurar una red sin cierre administrativo
La evolución del caso puede seguir tres rutas. La primera sería una aclaración documentada: publicar los planos comparativos, justificar los cambios, demostrar el costo real, reparar las fugas y explicar por qué se excluyeron las dos calles. La segunda consistiría en una revisión parcial que confirme algunos ajustes técnicos, pero deje pendientes las dudas sobre el presupuesto y la cobertura. La tercera, más costosa, sería la apertura de una investigación formal si aparecen diferencias entre lo contratado, lo pagado y lo ejecutado.
El escenario de mayor riesgo es que la red sea recibida y puesta en operación sin resolver las observaciones. En ese caso, cualquier falla posterior podría atribuirse al operador, aunque el origen estuviera en la ejecución; las calles excluidas tendrían que esperar otra asignación presupuestal; y los vecinos enfrentarían el problema de demostrar, con la obra ya cerrada, qué modificaciones se hicieron y quién las autorizó. La prescripción de responsabilidades administrativas y la pérdida de documentos de campo agravarían la dificultad.
También existe un riesgo sectorial. En contextos donde las comunidades participan en programas de infraestructura con recursos federales, un conflicto de esta naturaleza puede desalentar la colaboración ciudadana. Si los comités son percibidos como figuras decorativas, menos vecinos estarán dispuestos a reunir documentación, asistir a reuniones o firmar actas. La consecuencia sería una menor vigilancia precisamente en proyectos donde la distancia entre la autoridad y los beneficiarios facilita errores o decisiones poco transparentes.
Por esa razón, el siguiente paso no debería ser una confrontación pública adicional, sino una verificación independiente y accesible. El Municipio tendría que difundir el expediente financiero y técnico; la JMAS debería pronunciarse sobre la factibilidad hidráulica y la recepción operativa; la instancia fiscalizadora competente tendría que explicar el alcance de su revisión; y los habitantes deberían contar con un mecanismo formal para registrar observaciones. La obra solo podrá considerarse exitosa cuando el agua llegue a las familias previstas, la red funcione sin pérdidas relevantes y cada peso pueda vincularse con un trabajo comprobable.
La denuncia de Primera de Mayo pone en evidencia una regla básica de la infraestructura pública: construir no equivale a cumplir. El cumplimiento exige correspondencia entre el plano y el terreno, entre el presupuesto y los materiales, entre la cobertura anunciada y las viviendas beneficiadas, y entre la participación vecinal y la información que se le entrega. Mientras esas correspondencias no sean demostradas, la red hidráulica seguirá siendo no solo una obra inconclusa en términos de confianza, sino un caso abierto de rendición de cuentas.
