La UNAM erogó 101 millones de pesos a Territorium Life por el examen remoto de admisión 2025, más del doble de los 49 millones destinados a la prueba presencial del año anterior. La diferencia de 52 millones refleja el costo de una transición que buscaba mayor inclusión geográfica y económica, pero que terminó marcada por fallas operativas.
Los datos de la Dirección General de Administración Escolar confirman que los gastos presenciales cubrieron impresión, logística y biometría, mientras el contrato con la empresa privada superó por sí solo el total combinado de ambos años presenciales. Las justificaciones iniciales de reducir traslados y papel contrastan con reportes de aspirantes que usaron celulares y herramientas externas durante la evaluación.
Las irregularidades detectadas obligaron a investigaciones internas y pusieron en duda la capacidad de los sistemas de monitoreo basados en inteligencia artificial. El resultado muestra que la externalización acelerada, sin controles suficientes, generó un gasto mayor sin garantizar la integridad del proceso.
Lecciones del sobrecosto
El caso ilustra cómo decisiones orientadas a la inclusión pueden volverse contraproducentes cuando la supervisión tecnológica no alcanza los estándares requeridos. La UNAM enfrenta ahora el desafío de equilibrar accesibilidad con confiabilidad en futuros concursos de ingreso.
