La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió trasladar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la revisión de un contrato que, hasta hace pocos días, parecía formar parte de la creciente digitalización de sus procesos de admisión. El rector Leonardo Lomelí Vargas solicitó que se examine la contratación de Territorium Life para aplicar los exámenes de ingreso a licenciatura de 2026, después de que el procedimiento quedara bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades.
La petición no equivale a una conclusión de responsabilidad. Su alcance, de acuerdo con el oficio firmado por el rector, es verificar si existe congruencia entre el contrato y el servicio efectivamente prestado, determinar si la normatividad fue aplicada correctamente, deslindar responsabilidades en caso de que las hubiera e identificar áreas de mejora. Esa formulación es relevante: la institución busca que la fiscalización establezca hechos verificables antes de convertir las sospechas en sanciones o en una acusación definitiva.
El caso adquiere mayor dimensión por el monto involucrado. La UNAM informó que durante 2026 erogó 69 millones 189 mil 760 pesos a Territorium, correspondientes a los exámenes de ingreso a licenciatura y bachillerato. La cifra convierte el episodio en algo más que una disputa técnica sobre una plataforma: se trata de una contratación pública de alto valor, vinculada con uno de los procesos más sensibles de la universidad y con decisiones que pueden cambiar la trayectoria educativa de decenas de miles de aspirantes.
El expediente tiene una fecha que debe aclararse
Hay un punto documental que merece atención desde el inicio. La información difundida señala que el oficio del rector está fechado el 4 de agosto de 2025, aunque el contrato y los pagos mencionados se relacionan con los exámenes de 2026. Esa diferencia puede obedecer a un error de transcripción, a una referencia temporal incorrecta en la comunicación pública o a que existan antecedentes contractuales iniciados antes del ejercicio presupuestal señalado. Sin el documento original y el expediente completo, no es posible determinar cuál explicación es correcta.
La precisión cronológica no es un detalle menor. Para auditar una contratación se necesita reconstruir la secuencia exacta: cuándo surgió la necesidad, qué área elaboró las especificaciones, qué modalidad de adjudicación se utilizó, cuándo se firmó el contrato, qué entregables fueron aceptados, cuándo se hicieron los pagos y en qué momento aparecieron las inconformidades. Una fecha equivocada puede dificultar la atribución de responsabilidades y, sobre todo, confundir qué administración o qué funcionario intervino en cada decisión.
La propia UNAM comunicó que está dispuesta a entregar toda la información requerida. Ese ofrecimiento será puesto a prueba por la documentación disponible: convocatoria o justificación de la contratación, dictámenes técnicos, propuestas económicas, actas del procedimiento, anexos de seguridad, reportes de disponibilidad de la plataforma y registros de atención a aspirantes. En contratos tecnológicos, el cumplimiento no se acredita solamente con la entrega de un sistema, sino con evidencia medible sobre su desempeño en el momento crítico del examen.
Tres auditorías para un solo contrato
Además de la revisión solicitada a la ASF, la universidad anunció otras dos auditorías. Una será tecnológica y se concentrará en la plataforma de Territorium Life; la otra estará a cargo de la Contraloría universitaria y revisará la adjudicación del contrato. La división es razonable porque existen, al menos, tres preguntas distintas: si el proceso de compra fue legal y competitivo, si la plataforma funcionó conforme a lo contratado y si el resultado del servicio fue compatible con las obligaciones asumidas.
Sin embargo, tres revisiones paralelas también pueden generar conclusiones fragmentadas si no comparten una metodología y una cadena de custodia documental. Una auditoría administrativa podría considerar correcta la adjudicación mientras la evaluación técnica detecta fallas graves en disponibilidad, autenticación o protección de datos. A la inversa, una plataforma puede haber funcionado técnicamente y aun así haber sido contratada mediante una justificación insuficiente. El valor del proceso dependerá de que los informes puedan leerse conjuntamente y de que se publiquen sus hallazgos esenciales.
La terminación anticipada del contrato, anunciada por el secretario administrativo Tomás Humberto Rubio Pérez y el abogado general Hugo Alejandro Concha Cantú, reduce la exposición inmediata de la universidad, pero no resuelve las obligaciones pendientes. Será necesario conocer si hubo penalizaciones, pagos por servicios no concluidos, devolución de recursos, compensaciones o costos de transición. También deberá aclararse si la terminación fue una medida preventiva, una decisión operativa o el resultado de un incumplimiento ya acreditado.
El primer problema es de gobernanza, no de software
La primera conclusión analítica que se desprende del caso es que el riesgo principal no está necesariamente en la existencia de una falla informática aislada, sino en la gobernanza de una función pública crítica. El examen de admisión es un proceso de alta concentración temporal: miles de personas dependen de que una plataforma opere simultáneamente, autentique correctamente a cada usuario, preserve sus respuestas y permita resolver incidentes sin afectar la igualdad de condiciones.
Cuando una institución concentra esa función en un proveedor externo, debe conservar capacidad interna para supervisar, auditar y sustituir el servicio. Si la universidad no tiene acceso suficiente a los registros técnicos, a los protocolos de contingencia o a los mecanismos de verificación del resultado, su dependencia no es solamente tecnológica. También se vuelve contractual y operativa. En ese escenario, el proveedor puede terminar siendo el único actor capaz de explicar qué ocurrió, con qué evidencia y bajo qué criterios se tomaron decisiones durante el examen.
La revisión tecnológica debería ir más allá de comprobar si el portal estuvo disponible. Tendría que examinar pruebas de carga, interrupciones, recuperación ante fallas, cambios de configuración, controles de acceso privilegiado, trazabilidad de modificaciones y separación entre los datos de identificación y las respuestas. También debe verificar si existieron auditorías independientes, pruebas de penetración y mecanismos para demostrar que los resultados no fueron alterados. La confianza en un examen digital exige poder reconstruir cada etapa sin depender de declaraciones generales del proveedor.
Sesenta y nueve millones: el precio de la confianza
El segundo punto que suele quedar oculto por el debate técnico es la estructura económica del contrato. Los 69 millones 189 mil 760 pesos pagados en 2026 abarcan exámenes de licenciatura y bachillerato, por lo que el monto no permite calcular por sí solo el costo por aspirante. Para evaluarlo se requiere conocer el número de personas atendidas, el alcance de cada servicio, la duración de la licencia, el soporte incluido, los equipos o servicios complementarios y las penalizaciones previstas.
Una comparación superficial con otros contratos puede inducir a errores. No cuesta lo mismo aplicar una prueba remota con controles de identidad, monitoreo y soporte en tiempo real que operar un sistema limitado a la captura de respuestas. Pero esa diferencia debe estar reflejada en entregables auditables. Un precio elevado no prueba irregularidad; tampoco la complejidad tecnológica justifica automáticamente cualquier gasto. El parámetro decisivo es la relación entre precio, riesgo asumido por el proveedor y resultados comprobables.
En ese sentido, el antecedente de que Territorium Life obtuvo tres contratos por 50 millones de pesos para exámenes de carrera judicial, mencionado en la cobertura del caso, amplía el interés público. No demuestra que exista una conducta indebida ni permite sumar ambos montos como si fueran un mismo expediente. Sí plantea una pregunta legítima sobre la concentración de servicios de evaluación en un proveedor y sobre la capacidad de distintas instituciones para comparar precios, requisitos técnicos y desempeño antes de contratar.
Mi segunda observación es que la competencia en este mercado puede estar siendo definida más por la capacidad de cumplir con procedimientos administrativos que por la robustez verificable de las soluciones. Si varias instituciones públicas recurren a proveedores similares, la calidad de las convocatorias se vuelve determinante: requisitos excesivamente específicos pueden cerrar el mercado, mientras que requisitos demasiado genéricos permiten competir con ofertas difíciles de comparar. La ASF y la Contraloría deberían examinar si las condiciones favorecieron una competencia real y si los criterios de evaluación ponderaron adecuadamente seguridad, continuidad y protección de datos.
Aspirantes, universidad y proveedor: intereses en tensión
Para los aspirantes, la controversia se traduce en una preocupación concreta: si el sistema falló, ¿puede confiarse en que el resultado del examen fue imparcial? En procesos de admisión, una incidencia que afecte a una parte de los participantes puede tener consecuencias desproporcionadas. Un minuto perdido por una interrupción, una autenticación rechazada o una respuesta que no se guarda no representa el mismo daño para quien cuenta con recursos para presentar una reclamación que para quien no tiene conectividad estable, equipo alternativo o asesoría jurídica.
La UNAM enfrenta una tensión institucional. Por una parte, debe preservar la validez de sus procesos de ingreso y evitar que la incertidumbre se convierta en una crisis de confianza. Por otra, necesita comunicar con precisión y no adelantar conclusiones que después no puedan sostenerse. La terminación anticipada puede interpretarse como reconocimiento de problemas, aunque jurídicamente también puede ser una decisión de conveniencia administrativa. La universidad tendría que explicar qué medidas se tomaron para proteger los resultados ya emitidos y qué procedimiento tendrán los aspirantes que reportaron incidencias.
Territorium Life, como proveedor, tendría interés en demostrar que cumplió las obligaciones contractuales y que cualquier problema fue externo, marginal o adecuadamente atendido. En una auditoría seria, esa posición debe ser escuchada, pero no puede sustituir la evidencia independiente. El proveedor debería conservar y entregar bitácoras, reportes de incidentes, respaldos, comunicaciones con la universidad y registros de cambios. La falta de información verificable, incluso si no prueba una manipulación, aumentaría la sospecha sobre la trazabilidad del proceso.
También están los trabajadores universitarios que diseñan, supervisan y califican los exámenes. La externalización puede aliviar cargas operativas, pero desplaza conocimiento estratégico fuera de la institución. Si la universidad deja de desarrollar capacidades propias, cada renovación contractual puede comenzar desde una posición de dependencia. La modernización resulta útil cuando amplía las capacidades institucionales; se vuelve riesgosa cuando reemplaza la supervisión interna por confianza en un tercero.
El precedente puede cambiar las futuras contrataciones
El caso probablemente influirá en la forma en que universidades y organismos públicos contraten plataformas de evaluación. La tendencia más probable es un aumento de cláusulas de auditoría, pruebas previas obligatorias, certificaciones de ciberseguridad, planes de continuidad y obligaciones de portabilidad de datos. También podrían generalizarse mecanismos de pago por hitos: una parte al poner en marcha el sistema, otra después de pruebas de carga y otra una vez validados los resultados y cerrados los incidentes.
Ese cambio sería insuficiente si se limita a añadir documentos al expediente. Las instituciones necesitan equipos capaces de interpretar métricas técnicas y de cuestionar las afirmaciones del proveedor. Un comité de evaluación debería incluir especialistas en contratación pública, seguridad informática, protección de datos, accesibilidad y derechos de los estudiantes. La auditoría posterior puede encontrar fallas, pero no siempre puede reparar la pérdida de confianza ni revertir decisiones de admisión.
Mi tercer planteamiento es que la contratación de exámenes digitales debe tratarse como una infraestructura pública sensible, aunque el servicio sea prestado por una empresa privada. Esa clasificación implica aplicar estándares similares a los de otros sistemas críticos: redundancia, pruebas de recuperación, controles sobre subcontratistas, conservación de registros y simulacros antes del día de la evaluación. El argumento se sostiene por la combinación de tres factores presentes en este caso: gran cantidad de usuarios, consecuencias individuales irreversibles y un proveedor con acceso a información personal y resultados académicos.
Los riesgos que siguen abiertos
El primer riesgo es jurídico. Si la auditoría detecta incumplimientos, la universidad deberá definir responsabilidades administrativas, civiles o contractuales sin afectar los derechos de los aspirantes. La terminación anticipada no debe convertirse en una salida que elimine la posibilidad de reclamar daños o recuperar recursos. El segundo riesgo es de privacidad: los expedientes deben establecer qué datos fueron recopilados, cuánto tiempo se conservarán, quién tuvo acceso y si intervinieron subcontratistas o servicios alojados fuera del país.
El tercer riesgo es reputacional. La UNAM no administra únicamente un examen; administra una señal de legitimidad para el acceso a la educación superior. Si los participantes perciben que los resultados no pueden reconstruirse, aumentarán las solicitudes de revisión, los litigios y la presión para repetir pruebas. Esa eventualidad tendría costos financieros y académicos mucho mayores que los 69 millones de pesos originalmente pagados.
El cuarto riesgo es de continuidad. La salida de Territorium puede obligar a la universidad a recurrir con rapidez a otro proveedor o a recuperar capacidades internas. Una sustitución apresurada reproduciría los mismos problemas bajo otro nombre. La prioridad debería ser asegurar los datos, documentar el estado del sistema, conservar la evidencia y comunicar a los aspirantes un calendario claro de decisiones.
La calidad de este proceso se medirá menos por el anuncio de auditorías que por la información que finalmente se haga pública. La UNAM tendrá que explicar la cronología del contrato, la base legal de la adjudicación, el alcance exacto de los servicios, las fallas detectadas, el destino de los datos y las medidas de reparación. La ASF, por su parte, deberá distinguir entre errores administrativos, deficiencias técnicas e indicios de responsabilidad. Solo una revisión con evidencia, metodología y resultados verificables podrá convertir una crisis de confianza en una oportunidad para elevar los estándares de los exámenes de admisión digitales.
