Uno de cada cuatro cigarros vendidos actualmente en México tiene procedencia ilícita, alertó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que advirtió que la expansión de este mercado puede colocar a los dueños de tiendas frente a amenazas y extorsiones para obligarlos a vender mercancía de contrabando. La organización señaló que la diferencia de precios ha favorecido el crecimiento del comercio ilegal: una cajetilla pirata puede conseguirse desde 15 pesos, mientras que una legal supera los 100 pesos.
La brecha de precios expone a las tiendas
Para la ANPEC, el problema no se limita a la pérdida de ingresos fiscales. La organización sostuvo que los pequeños comercios también enfrentan riesgos para su seguridad cuando grupos dedicados al contrabando buscan incorporarlos a la cadena de distribución. Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, afirmó que el comerciante puede quedar ante la disyuntiva de vender productos ilegales o enfrentar presiones, amenazas y extorsiones.
Un caso reciente en Uruapan, Michoacán, fue presentado como ejemplo de esa situación. Según las denuncias de comerciantes, dos personas los obligaban a comprar y vender cigarros ilícitos. Ambas fueron detenidas el pasado 18 de agosto; durante el operativo se aseguraron 14,400 cigarros y una libreta con nombres y direcciones de comerciantes presuntamente afectados por la extorsión.
Rivera advirtió que aceptar mercancía de procedencia dudosa puede comprometer el patrimonio, el negocio y la seguridad del comerciante. La ANPEC recordó que este año se endurecieron las sanciones para quienes participan en la comercialización de cigarros ilegales, con multas, clausura definitiva del establecimiento y penas de hasta nueve años de prisión.
Decomisos muestran la escala del contrabando
Las autoridades también han reportado operaciones de gran volumen. En enero, agentes federales aseguraron cerca de 20 toneladas de tabaco ilegal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, equivalentes a 954,380 cajetillas y con un valor comercial superior a 70.7 millones de pesos. El cargamento procedía de Narita, Japón.
En agosto, en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se decomisaron en dos operaciones distintas alrededor de 62.5 millones de cigarros apócrifos procedentes de Vietnam. La ANPEC afirmó que estos productos operan fuera de las reglas sanitarias, fiscales y comerciales, además de representar un riesgo para la salud pública y una fuente de financiamiento para el crimen organizado.
Nuevo León activa campaña para pequeños comerciantes
Ante este escenario, la ANPEC anunció una campaña de prevención y combate a la venta de cigarros de contrabando en Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Subsecretaría de Administración Tributaria del Gobierno estatal. Las acciones comenzarán en el área metropolitana de Monterrey y en los principales municipios de la entidad, considerada por el organismo entre las que concentran mayores niveles de venta ilegal.
La campaña distribuirá volantes y carteles para ayudar a los comerciantes a identificar cajetillas ilegales y conocer las consecuencias legales, fiscales y de seguridad de su comercialización. En mayo, el Gobierno de Nuevo León informó el decomiso y destrucción de más de 20 millones de cigarros introducidos ilegalmente al país. En julio, la autoridad tributaria estatal reportó más de 232,000 cigarros asegurados en cinco semanas, incluidos 123,000 decomisados en una sola semana en bodegas y puntos de venta del área metropolitana de Monterrey.
Las medidas forman parte de la campaña “No Vale la Pena”, lanzada por la ANPEC a principios de año. El organismo recomendó a los comerciantes organizarse con sus compañeros de zona y denunciar en el número 089 cualquier amenaza, extorsión o intento de venta forzada. También sostuvo que el aumento de la carga fiscal sobre los cigarros ha ampliado la diferencia de precios y planteó que los cambios en el consumo deben impulsarse mediante educación, información y políticas públicas multifactoriales.
