Los comerciantes de la zona de Otay mantienen una postura firme de rechazo al trazo actual del viaducto elevado y continúan a la espera de una alternativa viable que las autoridades estatales y municipales no han presentado pese a las reuniones sostenidas en las últimas semanas. Rodolfo Toledo, presidente de la Asociación de Comerciantes, ha señalado que los encuentros con funcionarios y representantes de la empresa responsable del proyecto solo han reiterado el diseño original, sin incorporar modificaciones sustanciales que respondan a las preocupaciones expresadas sobre afectaciones directas a los negocios locales.
La convocatoria a la reunión del lunes 29 de junio se realizó bajo la premisa de que se expondría una propuesta distinta, pero el resultado fue la reafirmación del plan inicial. Esta situación ha llevado a los comerciantes a contratar un topógrafo para realizar mediciones precisas que documenten el grado de invasión al estacionamiento y las áreas de servidumbre de sus propiedades. Además, se prevé la participación de especialistas del Colegio de Ingenieros en geología e ingeniería, junto con el abogado del grupo, en la próxima sesión para respaldar técnicamente su postura.
Impacto económico en el corredor comercial
La posible invasión de áreas de estacionamiento y servidumbre representa una amenaza directa a la viabilidad operativa de decenas de establecimientos. En zonas fronterizas como Otay, donde el flujo peatonal y vehicular depende en gran medida de la disponibilidad inmediata de espacios para clientes, cualquier reducción de estos elementos puede traducirse en caídas de ventas estimadas entre 15 y 25 por ciento durante los primeros meses posteriores a la obra, según patrones observados en proyectos similares en Tijuana y Mexicali. Los comerciantes no solo enfrentan la pérdida física de terreno, sino también la interrupción temporal de accesos que afectaría el volumen diario de transacciones.
Este escenario genera un efecto multiplicador sobre proveedores locales, empleados y servicios conexos. La experiencia de otros corredores comerciales mexicanos intervenidos por infraestructura elevada muestra que la recuperación completa de niveles de actividad puede tardar entre dos y cuatro años, periodo durante el cual muchos negocios pequeños carecen de la liquidez necesaria para resistir.
Perspectivas de los distintos actores
Desde el punto de vista de las autoridades, el viaducto responde a la necesidad de mejorar la conectividad entre Otay y Nodo Morelos, reduciendo tiempos de traslado y congestión en una de las zonas de mayor movimiento fronterizo. La empresa constructora, por su parte, defiende el trazo actual como el más eficiente desde el punto de vista técnico y de costos, argumentando que modificaciones sustanciales elevarían significativamente el presupuesto y retrasarían la entrega. Sin embargo, los comerciantes cuestionan tanto la asignación del contrato como la falta de estudios de impacto comercial previos que consideren escenarios alternativos.
Los especialistas convocados por la asociación aportan una tercera perspectiva: la posibilidad de ajustar el alineamiento vertical u horizontal para minimizar invasiones a propiedades privadas sin sacrificar los objetivos de movilidad. Esta opción técnica, respaldada por mediciones topográficas independientes, introduce un elemento de negociación que hasta ahora las autoridades no han explorado de manera concreta.
Riesgos y tendencias futuras
Uno de los riesgos más relevantes radica en la judicialización del proyecto. Si las mediciones y dictámenes de ingeniería demuestran invasiones no contempladas en el expediente original, el proceso de expropiación o servidumbre podría extenderse varios meses, generando sobrecostos y presiones políticas sobre las autoridades. Otro riesgo consiste en la erosión de la confianza institucional: la repetición de reuniones sin resultados concretos puede derivar en movilizaciones más amplias que involucren a otros sectores productivos de la región.
En términos de tendencias, es probable que proyectos de infraestructura urbana en zonas fronterizas enfrenten mayor escrutinio ciudadano en los próximos años. La combinación de herramientas técnicas independientes con asesoría legal especializada, como la que están utilizando los comerciantes de Otay, podría convertirse en un modelo replicable para otros grupos afectados por obras públicas. Esto obligaría a las dependencias a incorporar estudios de impacto económico sectorial desde la fase de planeación, reduciendo conflictos posteriores.
La falta de una propuesta alternativa concreta mantiene abierto el escenario de un posible rediseño parcial del viaducto. Si las autoridades deciden mantener el trazo actual sin ajustes, el costo político y económico podría superar los beneficios de conectividad esperados, especialmente si se confirma que la obra afecta de manera irreversible la dinámica comercial de uno de los puntos de acceso más importantes de la frontera norte.
