El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, negó haber recibido una notificación de autoridades mexicanas o estadounidenses sobre una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado. La declaración ocurre tras un reportaje de N+, difundido el 27 de agosto, que señaló que agencias de Estados Unidos revisarían posibles nexos del mandatario con lavado de dinero y financiamiento de organizaciones criminales durante procesos electorales de 2021 y 2022.
“Jamás he recibido notificación, citatorio o comunicación oficial de alguna autoridad mexicana o estadounidense que me informe que exista una investigación en mi contra relacionada con delito alguno”, afirmó Villarreal. El gobernador rechazó de manera categórica los señalamientos y sostuvo que se han retomado acusaciones sin presentar nuevas pruebas ni dar el mismo peso a aclaraciones posteriores.
El mandatario informó además que solicitó formalmente a N+ ejercer su derecho de réplica y pidió que su respuesta sea publicada de forma íntegra. Hasta ahora, la información disponible en las fuentes citadas no muestra una notificación pública de una agencia estadounidense dirigida a Villarreal que confirme una acusación penal en su contra.
El reporte menciona a agencias de Estados Unidos
Según N+, la CIA, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habrían abierto expedientes relacionados con Villarreal y con Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa. El informe aludió a presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento de cárteles mexicanos en campañas electorales, así como a testimonios y grabaciones de operadores políticos y financieros.
Entre las personas mencionadas figura Jocelyn Hernández Jiménez, quien posteriormente sostuvo que algunas de sus declaraciones habían sido manipuladas. El contenido difundido por el medio debe distinguirse de una acusación formal confirmada públicamente por una autoridad estadounidense.
El caso también se relaciona con Rocha Moya, quien fue señalado en abril por autoridades de Estados Unidos junto con otros funcionarios de Sinaloa por presuntamente proteger operaciones del Cártel de Sinaloa, en particular de la facción de Los Chapitos, a cambio de sobornos. Rocha Moya negó las acusaciones, pidió licencia el 1 de mayo y afirmó después que compareció ante la Fiscalía General de la República sin que existieran pruebas que lo vincularan con los señalamientos.
Rocha Moya retomó la gubernatura de Sinaloa el 21 de agosto, tras 112 días separado del cargo, y posteriormente volvió a solicitar licencia, aprobada por el Congreso estatal. La Secretaría de Gobernación señaló que las investigaciones continuaban abiertas y que México había solicitado a Estados Unidos las pruebas que sustentaran las acusaciones.
