En Chihuahua, el problema no está únicamente en cuánto se compra, sino en cuántas compras públicas no consiguen llegar a una resolución. Una revisión del portal estatal de contrataciones muestra que 105 de los 852 procedimientos convocados durante 2026 por dependencias, organismos autónomos y municipios fueron cancelados o declarados desiertos. La proporción, equivalente al 12.32 por ciento del universo revisado, significa que aproximadamente uno de cada ocho procesos no produjo un contrato en las condiciones originalmente previstas.
El dato reúne dos situaciones distintas. Doce procedimientos fueron cancelados por causas como fuerza mayor, desaparición de la necesidad, o la posibilidad de ocasionar un daño o perjuicio al ente público. Otros 93 fueron declarados desiertos, sin que el registro consultado ofreciera una explicación específica. Esa diferencia es decisiva: una cancelación puede responder a una decisión administrativa justificada, mientras que una licitación desierta suele apuntar a la ausencia de propuestas, incumplimientos técnicos, precios inviables o deficiencias en el diseño de la convocatoria. Sin información suficiente, el ciudadano no puede distinguir entre prudencia institucional y falla de planeación.
El 12.32 por ciento no es una cifra homogénea
La concentración de los procedimientos permite observar dónde se acumula el problema. El Municipio de Juárez encabezó las declaraciones desiertas con 24 casos, seguido por el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, con ocho; la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, con siete; la Junta Central de Agua y Saneamiento, el Municipio de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda, con seis cada uno. En las cancelaciones también aparece Juárez como la entidad con mayor número, con cinco expedientes, mientras que el DIF estatal y la JMAS de Juárez registraron dos cada uno.
Sin embargo, no sería correcto interpretar automáticamente que las entidades con más procedimientos fallidos son las menos eficientes. Un organismo que convoca más, atiende servicios más complejos o publica sus procesos con mayor regularidad puede acumular más incidencias en términos absolutos. El portal no permite, con los datos descritos, calcular la tasa de fracaso de cada institución sobre el total de sus convocatorias, ni conocer el monto económico de cada expediente. Para comparar desempeños se requiere saber cuántos concursos convocó cada dependencia, qué modalidad utilizó, cuánto presupuesto estaba involucrado y cuánto tiempo transcurrió hasta la reposición o adjudicación.
La primera conclusión sólida es, por tanto, más acotada: existe un volumen relevante de procesos que no concluyeron conforme a la convocatoria inicial, y ese volumen se concentra en municipios y organismos vinculados con servicios cotidianos. La segunda es más preocupante: 93 declaraciones desiertas sin explicación visible representan una brecha de transparencia que impide evaluar causas, responsabilidades y soluciones.
Cuando falla una licitación, el servicio espera
Los expedientes no son abstracciones administrativas. La JMAS de Juárez declaró desiertos, entre otros, los procesos para adquirir 3 mil 408 juegos de uniformes para personal de campo y para comprar cemento gris y cemento de fraguado rápido. En el primer caso, la consecuencia inmediata puede recaer en trabajadores que necesitan equipo adecuado para desempeñar labores operativas; en el segundo, en la capacidad de atender reparaciones, obras menores o mantenimiento de la red hidráulica.
También quedó desierto el contrato abierto para adquirir alimentos destinados a las alumnas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón durante el ejercicio fiscal 2026. En Juárez se reportaron procesos fallidos para suministro de material de curación, medicamentos y despensas del programa de Asistencia Alimentaria. Son bienes con una característica común: la demora no sólo encarece la operación, también puede afectar directamente a personas que dependen de la continuidad institucional.
El riesgo se intensifica cuando la necesidad obliga a convocar nuevamente con urgencia. Una segunda licitación puede incorporar cambios razonables en especificaciones, plazos o condiciones comerciales, pero también puede reducir el margen de competencia si las áreas compradoras actúan bajo presión. Si la urgencia conduce a una adjudicación directa o a una contratación temporal, el procedimiento debe estar particularmente bien documentado. De lo contrario, una falla inicial de planeación puede convertirse en una cadena de decisiones menos competitivas y más difíciles de fiscalizar.
En infraestructura, las consecuencias tienen otra escala. La JMAS de Juárez canceló adquisiciones de tubería de PVC de seis y ocho pulgadas, así como de concretos hidráulicos. La Junta Central de Agua y Saneamiento canceló la contratación del proyecto ejecutivo para rehabilitar y ampliar el sistema de alcantarillado sanitario de Santa Eulalia, en Aquiles Serdán. Aunque cancelar un procedimiento puede ser correcto si el expediente contiene errores o cambió la necesidad pública, cada retraso desplaza obras, pospone soluciones y puede elevar los costos por inflación, deterioro físico o nuevas exigencias técnicas.
La obra vial muestra el costo de reprogramar
El Municipio de Juárez canceló cinco procedimientos relacionados con mezcla asfáltica, riego de liga y rehabilitación vial mediante fresado y carpeta asfáltica en diez vialidades. Los volúmenes previstos eran significativos: uno contemplaba 5 mil toneladas de mezcla asfáltica y 13 mil 900 litros de riego de liga; otros incluían 2 mil 212.90 toneladas y 8 mil 880 litros de emulsión. No se trata, por tanto, de compras marginales, sino de insumos que sostienen la movilidad urbana y la conservación de calles.
La cancelación no prueba por sí misma una irregularidad. Puede derivar de una inconsistencia presupuestaria, una modificación del proyecto, una insuficiencia técnica o una condición externa. Pero sí genera una pregunta de gestión: ¿la dependencia hizo estudios de mercado, validó la suficiencia presupuestaria y revisó sus especificaciones antes de publicar? Cuando esos filtros se realizan tarde, el costo se traslada a los usuarios de las vialidades, a los contratistas que preparan propuestas y al propio gobierno, que debe repetir trabajo administrativo.
La primera propuesta de interpretación es que el 12.32 por ciento debe leerse como un indicador de capacidad de planeación, no sólo como un registro de trámites inconclusos. Una licitación desierta puede tener una causa legítima, pero una frecuencia elevada en bienes previsibles —medicamentos, alimentos, materiales de construcción o asfalto— sugiere que las áreas compradoras necesitan fortalecer la investigación de proveedores y el diseño de requisitos. La competencia no aparece por decreto: depende de que el mercado perciba que puede participar con reglas claras, plazos realistas y riesgos contractuales razonables.
Proveedores: entre el mercado insuficiente y las reglas difíciles
Desde la perspectiva empresarial, una convocatoria desierta puede significar que no existen suficientes proveedores capaces de atender el volumen, que los precios de referencia están por debajo del mercado, que los plazos de entrega son inviables o que las garantías y penalizaciones hacen poco atractivo el contrato. En sectores como medicamentos, asfalto y materiales hidráulicos, los costos logísticos, la volatilidad de insumos y la concentración regional de distribuidores pueden limitar la participación.
Pero el argumento de un mercado estrecho no debe convertirse en una explicación automática. Las entidades públicas también pueden desalentar ofertas mediante requisitos excesivos, especificaciones que favorecen una solución determinada, juntas aclaratorias poco accesibles o calendarios que no permiten preparar documentación. La única manera de separar una restricción real del mercado de una convocatoria mal construida es publicar información: número de empresas que descargaron bases, participantes registrados, preguntas formuladas, motivos de descalificación y comparación entre el presupuesto base y las cotizaciones recibidas.
Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, la incertidumbre tiene un costo. Preparar una propuesta implica invertir horas, estudios, garantías y capacidad financiera. Si el proceso se cancela sin una explicación detallada, el proveedor no sabe si debe corregir su oferta, esperar una nueva convocatoria o abandonar ese mercado. Con el tiempo, la repetición de concursos fallidos puede favorecer a un grupo reducido de contratistas con mayor capacidad para absorber esos costos, disminuyendo la competencia que las licitaciones pretenden proteger.
La transparencia se rompe en el punto más importante
La publicidad de una convocatoria es apenas la primera etapa de la rendición de cuentas. El público necesita conocer qué ocurrió después. En los 93 procedimientos desiertos mencionados, la ausencia de explicación impide responder cuestiones básicas: ¿se presentaron proposiciones?, ¿fueron desechadas por incumplir requisitos?, ¿nadie acudió?, ¿el precio ofertado superó el presupuesto?, ¿se modificará el alcance de la compra?, ¿se volverá a licitar?
Esta opacidad produce dos efectos contrapuestos. En el mejor escenario, alimenta sospechas injustificadas sobre funcionarios que quizá actuaron para evitar una contratación inconveniente. En el peor, oculta errores recurrentes o abre espacio para que la reposición del proceso se diseñe sin aprendizaje ni control público. La transparencia no consiste sólo en colocar un expediente en línea, sino en hacer comprensible la decisión y permitir que un tercero reconstruya la lógica administrativa.
La segunda opinión central es que las declaraciones desiertas deben tratarse como señales de riesgo preventivo. No todas son anomalías, pero varias incidencias en una misma entidad, sector o tipo de bien pueden revelar problemas sistémicos. Un tablero público debería identificar reincidencias, tiempos entre una convocatoria y su reposición, variaciones de precios, cambios de requisitos y la modalidad empleada después del fracaso. Esa información permitiría a los órganos internos de control y a los ciudadanos detectar si una licitación fallida termina en una contratación menos abierta.
Cancelar también puede ser una decisión responsable
Las doce cancelaciones no deben evaluarse con el mismo criterio que los procesos desiertos. La Secretaría de Hacienda canceló el procedimiento para realizar un estudio y elaborar documentación técnico-jurídica sobre una estrategia de uso e implementación de tecnologías. El DIF estatal dejó sin efecto procesos para adquirir bienes de un programa de salud y bienestar comunitario y alimentos para centros de asistencia social, entre ellos la Casa del Menor Migrante y Nohemí Álvarez Quillay. La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua canceló la adquisición e instalación de sistemas de aire y calefacción VRF para edificios administrativos.
En cada caso puede existir una justificación válida: una redefinición presupuestaria, un cambio de alcance, una necesidad que dejó de existir o una revisión técnica. El problema surge cuando la explicación formal es tan general que no permite conocer qué cambió ni cómo se protegerán los objetivos del programa. Si se cancela la compra de alimentos o equipos esenciales, la autoridad debe acreditar que existe una alternativa para evitar la interrupción del servicio. Si se cancela un proyecto tecnológico o de infraestructura, debe aclarar si será replanteado, absorbido por otro contrato o pospuesto.
Para los organismos públicos, cancelar a tiempo puede ser preferible a adjudicar bajo condiciones defectuosas. La decisión protege recursos y reduce el riesgo de litigios, sobrecostos o entregas deficientes. La controversia aparece cuando la cancelación se utiliza para corregir, después de publicar, problemas que debieron resolverse en la etapa de planeación. En ese punto, la responsabilidad no se limita a explicar el acto final: también exige revisar quién autorizó el expediente y por qué los controles previos no detectaron la falla.
Qué puede ocurrir en la segunda mitad del año
El comportamiento futuro dependerá de la velocidad con que las entidades repongan los procedimientos y de la calidad de sus ajustes. Es probable que algunas convocatorias regresen con cambios en cantidades, especificaciones o calendarios. Esa reposición puede mejorar la competencia si incorpora consultas reales al mercado y elimina requisitos innecesarios. También puede producir un efecto contrario si se publica con prisa para ejercer presupuesto antes del cierre fiscal.
El calendario presupuestario es un factor de riesgo. Cuando una compra se retrasa y el área intenta comprometer recursos en los últimos meses del ejercicio, disminuye el tiempo para evaluar propuestas, supervisar entregas y aplicar sanciones. En obras viales, hidráulicas y adquisiciones de salud, la presión por no perder presupuesto puede privilegiar la rapidez sobre la planeación. El resultado puede ser un contrato formalmente válido, pero materialmente vulnerable por falta de supervisión o por entregas concentradas en un periodo demasiado corto.
La tercera deducción es que la métrica más importante no será cuántos procedimientos se vuelven a publicar, sino cuántos terminan en bienes y servicios entregados con competencia verificable. Una reposición exitosa debería mostrar una causa identificada, una corrección concreta y un resultado comparable: más participantes, menor diferencia entre presupuesto y oferta, mejores plazos o una justificación pública de por qué el mercado no pudo responder. Sin esos indicadores, reducir el número de expedientes abiertos podría esconder únicamente una aceleración administrativa.
Un estándar mínimo para recuperar confianza
Chihuahua dispone de un punto de partida cuantificable: 852 procedimientos revisados y 105 sin conclusión ordinaria. El siguiente paso corresponde a las instituciones, que deberían publicar para cada caso la causa precisa, el monto estimado, el número de participantes, la decisión posterior y el impacto sobre el servicio. También resulta necesario separar las estadísticas por tipo de contratación y calcular tasas por dependencia, porque los números absolutos no permiten comparar entidades con cargas operativas distintas.
Los órganos fiscalizadores y los cabildos tienen una oportunidad concreta de convertir estos expedientes en señales de mejora. No se trata de sancionar cada licitación desierta, sino de identificar patrones: requisitos que excluyen proveedores, presupuestos desactualizados, compras recurrentes mal calendarizadas, cancelaciones repetidas o contrataciones posteriores con menor competencia. Las organizaciones empresariales, universidades y usuarios de los servicios también pueden contribuir revisando si las nuevas convocatorias responden a las causas originales.
La contratación pública funciona cuando tres condiciones se mantienen juntas: la administración sabe qué necesita, el mercado puede ofrecerlo y la ciudadanía puede entender por qué se eligió una opción. Los 105 procedimientos detenidos muestran que alguna de esas condiciones falló en una proporción significativa de los procesos registrados. La cifra no permite afirmar por sí sola que exista corrupción ni ineficiencia generalizada, pero sí justifica una revisión institucional más exigente. Sin explicaciones completas y seguimiento público, cada licitación desierta seguirá siendo un expediente cerrado en apariencia y una pregunta abierta para quienes esperan calles transitables, agua, alimentos, medicamentos e infraestructura a tiempo.
