El senador de Morena Adán Augusto López Hernández volvió a ser mencionado en reportes periodísticos sobre una posible investigación de autoridades de Estados Unidos por presuntas operaciones vinculadas al huachicol fiscal. Según declaraciones de la periodista María Idalia Gómez, retomadas por Infobae, autoridades estadounidenses habrían retenido bienes relacionados con el legislador y solicitado información a Francia sobre eventuales movimientos patrimoniales en Europa. Hasta ahora no hay confirmación pública de esas medidas por parte del Gobierno estadounidense.
La versión atribuye las gestiones al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, ninguna de esas dependencias ha difundido un comunicado que identifique a López Hernández como destinatario de una retención de bienes, una solicitud de cooperación internacional o una acusación penal. La información permanece, por tanto, en el ámbito de los señalamientos periodísticos sujetos a verificación.
La versión sobre Francia no tiene confirmación oficial
De acuerdo con Gómez, la petición a Francia buscaría conocer operaciones relacionadas con bienes presuntamente vinculados con el senador en territorio europeo. Estados Unidos dispone de mecanismos de cooperación financiera y judicial con otros países para recabar información en investigaciones sobre delitos económicos, lavado de dinero o movimientos patrimoniales. No obstante, no se ha hecho pública una solicitud oficial estadounidense a Francia en este caso ni detalles que permitan corroborar el alcance de la versión.
Los nuevos señalamientos se suman a publicaciones previas sobre el estatus de la visa estadounidense del político tabasqueño. En junio, el periodista Raymundo Riva Palacio reportó que el Departamento de Estado habría confirmado al Gobierno mexicano la cancelación de la visa de López Hernández. Morena rechazó entonces esa versión: Ignacio Mier, quien era coordinador de la bancada en el Senado, negó que al senador le hubiera sido retirada la visa por presuntos vínculos con huachicol fiscal.
El nombre de López Hernández también ha aparecido en referencias periodísticas relacionadas con el caso del excontralmirante Fernando Farías Laguna, investigado por un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos. Las versiones difundidas señalan que durante actuaciones judiciales hubo menciones a personas ligadas al entorno político de Morena. Ser citado en un expediente, una audiencia o un reporte no equivale a una imputación formal ni acredita responsabilidad penal.
Estados Unidos mantiene acciones contra redes de combustible
El contexto de las versiones es una ofensiva documentada de Washington contra redes de contrabando de combustibles, evasión fiscal y lavado de dinero. El 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas que, según la dependencia, estaban vinculados con un esquema de robo y contrabando de combustible asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En ese comunicado, el Tesoro indicó que la red utilizaba contrabando transfronterizo, documentos aduanales falsificados y empresas fachada para eludir impuestos en México. La dependencia sostuvo que esas operaciones generaban decenas de millones de dólares anuales para el grupo criminal. La Red de Control de Delitos Financieros, conocida como FinCEN, también emitió una alerta sobre indicadores de operaciones ligadas al contrabando de combustible y a la evasión fiscal.
El comunicado estadounidense del 30 de junio no incluyó a Adán Augusto López entre las personas o entidades sancionadas, ni lo señaló como integrante de la red descrita. El huachicol fiscal se refiere a esquemas para introducir, trasladar o comercializar combustibles mediante maniobras destinadas a evadir impuestos y controles aduaneros, que pueden involucrar documentación falsa, sociedades fachada y operaciones financieras para ocultar recursos.
Con la información pública disponible, no existe una acusación penal estadounidense divulgada contra López Hernández por huachicol fiscal. Cualquier avance dependerá de que autoridades de Estados Unidos o Francia confirmen oficialmente las medidas reportadas o presenten actuaciones judiciales que establezcan hechos y responsabilidades.
