El 1 de julio de 2026 marcó el inicio de la operación nacional de las agencias aduanales en las 50 aduanas de México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Economía anunciaron de manera conjunta la medida, que busca agilizar el despacho de mercancías y otorgar mayor certeza jurídica a importadores y exportadores. La decisión se enmarca dentro del Plan México y responde a disposiciones ya contempladas en la Ley Aduanera vigente.
Las agencias aduanales, definidas como personas morales autorizadas, pueden ahora promover el despacho aduanero bajo los distintos regímenes establecidos por la legislación. Su incorporación amplía las opciones disponibles para realizar estos trámites sin alterar el marco legal existente. Las autoridades destacaron que las plataformas institucionales fueron previamente ajustadas para soportar el nuevo esquema y garantizar su funcionamiento técnico.
Antes de la liberación nacional, se llevó a cabo una prueba piloto entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2026. Durante ese lapso, las tres dependencias evaluaron el desempeño del modelo, realizaron ajustes operativos y atendieron observaciones técnicas y jurídicas planteadas por las confederaciones de agentes aduanales. El objetivo fue asegurar una transición ordenada y cumplir con compromisos internacionales en materia de comercio exterior.
Cambios en los procedimientos de comercio exterior
Con la entrada en vigor del esquema, los operadores de comercio exterior cuentan con un canal adicional para gestionar el despacho de mercancías. La medida no sustituye a los agentes aduanales ya existentes, sino que complementa el ecosistema de servicios disponibles. Según el comunicado oficial, esta ampliación pretende reducir tiempos de espera y fortalecer la eficiencia administrativa en las aduanas distribuidas a lo largo del territorio nacional.
El Gobierno de México explicó que las modificaciones tecnológicas previas permiten una integración más fluida entre los sistemas del SAT, la ANAM y la Secretaría de Economía. Esta coordinación interinstitucional busca evitar duplicidades y mejorar la trazabilidad de las operaciones. En la práctica, las empresas podrán elegir entre distintas vías autorizadas para cumplir con sus obligaciones aduaneras, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
Contexto del Plan México y compromisos internacionales
La liberación de las agencias aduanales forma parte de un conjunto más amplio de acciones orientadas a modernizar el comercio exterior mexicano. El Plan México contempla varias iniciativas para facilitar las operaciones aduaneras y elevar la competitividad del país en cadenas globales de valor. La medida responde también a compromisos adquiridos en tratados comerciales vigentes, que exigen procesos más predecibles y transparentes.
La certeza jurídica que se menciona en el comunicado oficial deriva de la aplicación uniforme de la legislación aduanera. Al contar con reglas claras y plataformas actualizadas, tanto importadores como exportadores pueden anticipar con mayor precisión los requisitos y plazos de sus operaciones. Esta previsibilidad resulta especialmente relevante para sectores con alto volumen de intercambio, como la industria automotriz, la electrónica y la agroalimentaria.
Coordinación institucional y ajustes previos
La estrategia fue diseñada de manera conjunta por el SAT, la ANAM y la Secretaría de Economía. Cada institución aportó modificaciones en sus sistemas informáticos y revisó los aspectos jurídicos necesarios para sustentar la operación. El comunicado difundido en el portal del SAT subraya que estas acciones se alinean con la legislación mexicana vigente y buscan fortalecer el sistema aduanero en su conjunto.
Durante la fase piloto, las autoridades recopilaron información sobre posibles cuellos de botella y realizaron correcciones antes de la implementación nacional. Este proceso de retroalimentación permitió incorporar observaciones de los actores involucrados y minimizar riesgos operativos. El resultado es un esquema que, según las dependencias, mantiene el control aduanero sin sacrificar agilidad.
En términos prácticos, la medida representa un paso incremental dentro de la modernización de los procesos aduaneros. No altera las facultades de fiscalización ni los requisitos sustantivos establecidos en la Ley Aduanera, pero sí amplía las opciones disponibles para cumplir con ellos. Las empresas que operan en comercio exterior deberán evaluar cómo integrar este nuevo canal en sus cadenas logísticas para aprovechar los beneficios de mayor eficiencia administrativa.
