La advertencia de Citi México no gira solo en torno a un número del presupuesto: apunta a un problema de credibilidad. La firma ve un déficit fiscal de 4.4 por ciento del PIB para 2026 y de 3.7 por ciento para 2027, pero el dato relevante es otro: la consolidación prometida por Hacienda ha sido aplazada una y otra vez, y ese retraso ya empezó a ser castigado por las calificadoras. En un entorno donde el costo de la deuda y la percepción de disciplina pesan casi tanto como el saldo fiscal mismo, la discusión sobre el Paquete Económico 2027 se convierte en una prueba de consistencia para el gobierno mexicano.
Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México, puso el foco en una transición que parece técnica pero tiene implicaciones muy concretas: si el presupuesto que se presentará en las próximas semanas vuelve a relajar la senda de ajuste, la deuda pública podría seguir escalando en términos relativos y con ella el riesgo país. El problema no es únicamente el tamaño del déficit, sino la repetición de trayectorias cada vez más graduales, justo cuando las agencias observan con más rigor la capacidad del Estado para estabilizar sus cuentas. Cuando la consolidación pierde velocidad, lo que se erosiona no es solo el balance, sino la confianza en que las reglas fiscales todavía orientan la política económica.
Esa pérdida de confianza tendría efectos inmediatos en tres frentes. El primero es el financiamiento soberano: si el mercado interpreta que el ajuste fiscal se posterga otra vez, exigirá mayor prima para comprar deuda mexicana, lo que encarece la refinanciación del gobierno y también la de empresas con referencia soberana. El segundo es el espacio presupuestal: cada punto adicional destinado a servicio de deuda reduce margen para inversión, salud o infraestructura. El tercero es el canal reputacional: una calificación más vulnerable suele cerrar ventanas de financiamiento más baratas para estados, bancos y compañías que dependen del tono de la deuda soberana para fijar sus propios costos.
La lectura de Citi se vuelve más exigente porque el ajuste fiscal no se está logrando por una mejora estructural de ingresos, sino por una combinación frágil de subejercicio y contención temporal del gasto de inversión. Ruiz fue claro al señalar que el déficit a junio luce menos deteriorado en el agregado, pero peor cuando se revisa el desglose: hay presión en gasto social y, sobre todo, una caída en inversión de infraestructura que no puede sostenerse indefinidamente. Ese matiz importa porque revela una consolidación de baja calidad. Reducir el déficit posponiendo obra pública puede mejorar la foto de corto plazo, pero suele empeorar el potencial de crecimiento y posterga, a su vez, la recaudación futura.
Ahí aparece una de las tensiones centrales del Paquete Económico 2027: el gobierno necesita demostrar disciplina sin sacrificar las prioridades políticas que han definido su agenda. El apoyo a Pemex sigue absorbiendo recursos y complica cualquier intento de ajuste limpio. No es una discusión marginal. Mientras la petrolera continúe requiriendo respaldo fiscal y financiero, Hacienda enfrentará el dilema de recortar inversión productiva o asumir un déficit más amplio. En términos prácticos, cada peso destinado a amortiguar la fragilidad de Pemex es un peso menos para infraestructura con retorno económico más visible y una señal menos clara para las calificadoras.
Otro elemento que agrava el panorama es el entorno macroeconómico. Citi corrigió al alza su pronóstico de crecimiento para 2026, de 1.1 a 1.3 por ciento, pero sigue siendo una expansión modesta para un país que necesita que la economía crezca más rápido que su carga fiscal. Un crecimiento débil limita la recaudación, mientras que un tipo de cambio apreciado reduce los ingresos petroleros expresados en pesos. A la vez, un nivel alto de tasas mantiene elevado el costo financiero de la deuda. Es una combinación incómoda: menos ingresos, mayor costo de servicio y más presión para elegir quién absorbe el ajuste.
Desde la perspectiva de Hacienda, el argumento probable será que se busca una consolidación gradual para no enfriar más la economía ni frenar proyectos prioritarios. Esa postura tiene lógica política y hasta cierto respaldo técnico: un ajuste demasiado brusco puede profundizar la desaceleración. Pero la objeción de Citi es que la gradualidad ya dejó de verse como prudencia y empezó a interpretarse como aplazamiento. En mercados soberanos, esa diferencia es decisiva. La paciencia se agota cuando la deuda crece sin una ruta creíble de estabilización, especialmente si las necesidades de Pemex siguen contaminando la fotografía fiscal del país.
También hay un debate menos visible pero relevante para empresas, contratistas y gobiernos locales: la subejecución de inversión frena obra pública, pero no elimina la demanda futura. Si el gasto se comprime en la primera mitad del año y luego se acelera por presión política o por la necesidad de cerrar proyectos, los cuellos de botella aparecen en la segunda mitad con mayores costos y menor eficiencia. Ese patrón afecta licitaciones, cadenas de suministro y tiempos de ejecución. Para el sector privado, el riesgo no es solo que el presupuesto llegue tarde, sino que llegue desordenado y con poca previsibilidad.
La señal más inquietante es que la posibilidad de perder el grado de inversión, aunque no sea el escenario base de Citi, dejó de ser un tema teórico. Cuando una casa de análisis liga la trayectoria fiscal con Pemex y con el comportamiento de la deuda PIB, está describiendo un umbral: no hace falta una crisis abrupta para deteriorar la percepción, basta una sucesión de metas incumplidas y una narrativa que no logra convencer a los mercados. En ese terreno, el Presupuesto 2027 será leído menos por lo que promete y más por cuánto reduce realmente la distancia entre el discurso de consolidación y la práctica fiscal.
El escenario más probable es un ajuste parcial, todavía gradual, pero ya con menos margen para ambigüedades. Si Hacienda logra mostrar una ruta verificable de estabilización de la deuda, puede contener el daño y preservar el acceso a financiamiento en condiciones razonables. Si vuelve a postergar la corrección, la presión se moverá desde la discusión técnica hacia el terreno de la confianza, donde cada desviación pesa más y cuesta más revertirla. En esa diferencia se juega no solo la lectura del presupuesto, sino la capacidad del país para sostener su política fiscal sin que el costo de la duda termine devorando el espacio de maniobra.
