La formalización del acuerdo entre la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y el Consejo Nacional de Inversiones representa más que un protocolo de cooperación. Marca un intento concreto de alinear esfuerzos públicos y privados para revertir la percepción histórica de inseguridad jurídica que ha limitado el flujo de capital hacia Honduras. El convenio suscrito por Epaminondas Marinakys y Karim Alejandro Faraj establece mecanismos operativos que van desde la organización conjunta de eventos hasta la provisión de asesoría legal coordinada.
El convenio como punto de inflexión institucional
Durante años las iniciativas de atracción de inversiones en Honduras han sufrido de fragmentación. Cada entidad operaba con agendas paralelas que generaban duplicidad de esfuerzos y mensajes contradictorios ante potenciales inversionistas. El nuevo marco obliga a ambas organizaciones a compartir información estratégica y a diseñar una ruta única de atención que comienza con la identificación de oportunidades y continúa hasta la expansión operativa. Esta integración reduce los tiempos de respuesta que anteriormente superaban los seis meses en trámites básicos.
La decisión de utilizar las instalaciones de la CCIT como sede principal de capacitaciones y encuentros de networking introduce un cambio práctico. El sector privado aporta infraestructura física y una red consolidada de afiliados, mientras el CNI aporta el respaldo institucional y los contactos internacionales. El resultado es una plataforma que combina credibilidad estatal con agilidad empresarial.
Seguridad jurídica como variable diferenciadora
El énfasis en mecanismos de conciliación y acompañamiento legal no responde únicamente a una demanda declarativa. En Honduras persisten casos documentados donde contratos de inversión han enfrentado revisiones unilaterales tras cambios de administración. Al involucrar firmas legales especializadas desde el diseño del proyecto, el convenio busca crear un escudo preventivo que reduzca la probabilidad de disputas posteriores. Esta estrategia resulta más efectiva que los intentos de resolver conflictos una vez iniciados.
Empresarios nacionales consultados destacan que la principal barrera no siempre es la falta de capital, sino la incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas durante el horizonte de recuperación de la inversión. La participación del CNI en procesos de conciliación ofrece un canal institucional que antes dependía exclusivamente de la vía judicial ordinaria, caracterizada por lentitud y altos costos.
Perspectivas del sector privado frente al sector público
Desde la óptica de la CCIT el acuerdo representa una oportunidad para que sus afiliados accedan a información de primera mano sobre proyectos internacionales y a programas de fortalecimiento de capacidades. La canalización de empresarios hacia el CNI permite que pequeñas y medianas empresas locales participen en ruedas de negocios que históricamente estaban reservadas a grandes corporaciones.
Para el CNI el beneficio radica en ampliar su base de contactos y en contar con un socio que legitima sus iniciativas ante el empresariado nacional. Marinakys ha señalado que la articulación institucional es indispensable para que las políticas de atracción de inversiones trasciendan los periodos de gobierno. Faraj, por su parte, subraya que el crecimiento sostenible requiere certeza jurídica y colaboración estrecha entre ambos sectores.
Impacto esperado en flujos de inversión extranjera directa
Los datos históricos muestran que Honduras ha captado montos de IED inferiores a los de países vecinos con condiciones macroeconómicas similares. Entre 2018 y 2023 el promedio anual rondó los 650 millones de dólares, cifra que contrasta con los más de 1.200 millones registrados en Costa Rica durante el mismo período. El convenio introduce variables que podrían modificar esa brecha: reducción de tiempos de trámite, mayor visibilidad internacional mediante ferias conjuntas y acompañamiento legal preventivo.
Sin embargo, el efecto no será inmediato. Los inversionistas evalúan primero la trayectoria de cumplimiento de los compromisos adquiridos. Si las primeras tres o cuatro operaciones que utilicen el nuevo mecanismo de conciliación logran resolverse sin escalar a instancias judiciales, la señal enviada al mercado será más potente que cualquier campaña promocional.
Riesgos estructurales que persisten
El convenio no modifica factores externos como la percepción internacional de corrupción o la inestabilidad política derivada de procesos electorales. Estos elementos continúan influyendo en las decisiones de fondos de inversión y empresas multinacionales. Además, la efectividad del acuerdo depende de que las siguientes administraciones mantengan la misma prioridad otorgada a la seguridad jurídica. Cambios abruptos en la orientación de la política de inversiones podrían anular los avances logrados.
Otro riesgo radica en la capacidad de ejecución. Tanto la CCIT como el CNI operan con presupuestos limitados y personal técnico reducido. Si la agenda conjunta de conferencias y seminarios no cuenta con financiamiento adicional, existe la posibilidad de que las actividades se diluyan en eventos de bajo impacto.
Escenarios futuros y condiciones para el éxito
En un escenario optimista el modelo de cooperación se replica en otras cámaras regionales del país, creando una red nacional de atención al inversionista. En un escenario intermedio el convenio genera resultados parciales en sectores específicos como agroindustria y logística, mientras que en manufacturas el avance es más lento por la mayor complejidad regulatoria. En el peor de los casos la alianza queda en el plano declarativo y los flujos de inversión mantienen su tendencia histórica.
El éxito dependerá de la capacidad de medir resultados concretos: número de proyectos acompañados hasta su ejecución, porcentaje de disputas resueltas mediante conciliación y variación en el índice de percepción de seguridad jurídica que elaboran organismos internacionales. Sin indicadores verificables el convenio corre el riesgo de convertirse en otro documento protocolario sin efectos tangibles sobre la economía hondureña.
