El gobierno de Estados Unidos ha incluido a dos organizaciones criminales mexicanas en su lista de grupos terroristas extranjeros, una medida que coincide con el ciclo electoral que vivirá Chihuahua y Michoacán el próximo año. La decisión del Departamento del Tesoro afecta directamente al Cártel de Juárez y a Los Viagras, y genera expectativas sobre posibles restricciones financieras y operativos de captura en ambos estados.
Las entidades mencionadas celebrarán comicios para gubernatura en 2027. En Chihuahua, la administración actual encabezada por María Eugenia Campos mantiene vínculos con autoridades estadounidenses que datan de administraciones anteriores. En Michoacán, la figura de Grecia Quiroz, viuda del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, ha surgido como precandidata con respaldo local visible.
Designación y efectos inmediatos
La inclusión en la lista de organizaciones terroristas extranjeras permite al Departamento del Tesoro congelar activos y prohibir transacciones con empresas o personas vinculadas. Autoridades mexicanas han señalado que esta clasificación puede intensificar divisiones internas dentro de los grupos señalados y aumentar el riesgo de delaciones entre sus miembros.
Analistas consultados indican que el impacto no se limita al plano económico. La medida también abre la puerta a posibles operaciones conjuntas o unilaterales de agencias estadounidenses, aunque hasta ahora no se han confirmado acciones específicas más allá de las restricciones financieras ya anunciadas.
Contexto electoral y actores locales
Chihuahua y Michoacán representan dos de los estados con mayor presencia de organizaciones criminales y, al mismo tiempo, con mayor interés de Washington por la proximidad fronteriza o por rutas de trasiego de drogas. La continuidad de proyectos políticos alineados con la cooperación bilateral aparece como uno de los objetivos declarados en círculos diplomáticos.
En el caso de Michoacán, la candidatura de Grecia Quiroz se presenta como una opción que busca capitalizar el reconocimiento público generado tras el asesinato de su esposo. En Chihuahua, el panismo estatal mantiene canales de comunicación establecidos con agencias federales estadounidenses desde años anteriores.
Respuestas desde el gobierno mexicano
La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a la Administración para el Control de Drogas que centre sus esfuerzos en el consumo y tráfico dentro de Estados Unidos en lugar de emitir declaraciones que, según la mandataria, tienen un tono predominantemente político. Esta postura replica solicitudes similares formuladas por administraciones anteriores ante intervenciones públicas de funcionarios estadounidenses.
Al mismo tiempo, el caso del piloto conocido como “Jando”, expulsado a Estados Unidos tras ser vinculado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, sigue generando cuestionamientos sobre el intercambio de información entre ambos países. La Fiscalía General de la República reconoció que tardó casi un año en confirmar la identidad y las actividades del detenido.
Repercusiones en Baja California
Las grabaciones difundidas de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda han reavivado el debate sobre la colaboración de funcionarios estatales con autoridades extranjeras. La mandataria ha sostenido que fue objeto de un montaje orquestado por su antecesor Jaime Bonilla, quien ya había formulado acusaciones públicas de vínculos con el crimen organizado.
El episodio ilustra la tensión que generan las operaciones de inteligencia transfronteriza cuando involucran a altos funcionarios estatales. Hasta el momento, las grabaciones no han derivado en investigaciones formales en México, aunque sí han alimentado el enfrentamiento político entre los dos exgobernadores.
Ampliación del escrutinio judicial
En paralelo, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna solicitó a un juez la comparecencia de su tío, el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, para declarar sobre el caso conocido como huachicol fiscal. Esta petición añade otro frente de atención a las relaciones entre mandos militares retirados y las investigaciones sobre combustibles.
El conjunto de estos acontecimientos muestra cómo las acciones de agencias estadounidenses y los procesos judiciales internos se entrelazan con el calendario electoral de 2027. Los estados de Chihuahua y Michoacán concentran, por ahora, la mayor atención de ambos lados de la frontera.
