Almeida exige cinco años de empadronamiento para vivienda pública

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presentó el 30 de junio de 2026 un nuevo reglamento de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que introduce requisitos más estrictos para acceder al parque público de alquiler. La medida central exige cinco años de empadronamiento ininterrumpido en la ciudad o, alternativamente, ocho años dentro de la última década. Con esta decisión, el Ayuntamiento busca priorizar a quienes mantienen un vínculo prolongado con el municipio y, al mismo tiempo, excluir a quienes hayan sido condenados por ocupación ilegal, impago de rentas o desahucios derivados de conflictos de convivencia.

El anuncio se produjo durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Almeida vinculó la reforma a dos ejes principales: la insuficiente oferta de vivienda y la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos. Según el regidor, ya se han aprobado instrumentos urbanísticos que permitirán construir hasta 93.000 viviendas en suelo finalista. Esta cifra constituye el marco en el que se inscribe el endurecimiento de los criterios de acceso, ya que el Ayuntamiento sostiene que solo con un aumento real de la oferta se podrá atender la demanda estructural.

Nuevos umbrales de renta y exclusiones

Además del requisito de arraigo, el reglamento eleva el umbral de acceso hasta 7,5 veces el IPREM, lo que amplía el espectro de hogares que pueden solicitar una vivienda municipal. No obstante, se mantiene la prohibición de que los solicitantes sean propietarios de otra vivienda. La renta mensual no podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar, un límite que pretende ajustar el esfuerzo económico de cada hogar a su capacidad real de pago y evitar situaciones de sobreendeudamiento.

Las exclusiones por conductas delictivas o problemáticas de convivencia introducen un filtro adicional que, según el consistorio, busca proteger la convivencia en los edificios públicos. Quienes hayan sido condenados en los últimos cinco años por delitos relacionados con la ocupación ilegal quedan automáticamente vetados. Esta cláusula responde a la voluntad de diferenciar entre quienes necesitan apoyo habitacional y quienes han generado conflictos que afectan al resto de inquilinos.

Alquiler con opción a compra

La reforma incorpora también la fórmula de alquiler con opción a compra, adaptándose a la normativa autonómica. La EMVS sumará 600 viviendas a las 1.000 ya anunciadas por el Área de Urbanismo bajo este modelo. El objetivo declarado es ofrecer una vía de acceso a la propiedad a jóvenes y familias sin capacidad de ahorro inicial, permitiendo que parte de la renta mensual se convierta en capital acumulado. Esta opción reduce la exposición a las fluctuaciones del mercado de alquiler y proporciona mayor estabilidad para proyectos vitales a largo plazo.

El Ayuntamiento presenta esta fórmula como un mecanismo que fomenta el ahorro sin esfuerzo adicional, aunque su efectividad dependerá de la evolución de los precios y de las condiciones concretas de cada contrato. Hasta ahora, el parque gestionado por la EMVS alcanza los 10.000 pisos, un 60% más que en 2019, y se añaden 5.700 viviendas en distintas fases de desarrollo, entre ellas las dos fases ya activas del Plan Suma Vivienda.

Contexto y alcance de la medida

La exigencia de cinco años de empadronamiento sitúa a Madrid entre las ciudades españolas con requisitos más altos de residencia previa para acceder a vivienda protegida. Esta política puede limitar el acceso de personas que se han trasladado recientemente por motivos laborales o familiares, pero también responde a la presión que ejerce la alta demanda sobre un parque todavía limitado. La combinación de este filtro con el programa de alquiler con opción a compra y la ampliación del umbral de renta dibuja un sistema que prioriza la estabilidad residencial y la integración de largo plazo frente a soluciones de urgencia.

La previsión municipal es que a finales de año la empresa pública tenga en marcha o en licitación más de 8.000 viviendas. Parte de estas promociones se ubicarán en barrios ya consolidados, no solo en nuevos desarrollos periféricos. El éxito de la estrategia dependerá tanto de la velocidad con la que se materialicen estas promociones como de la capacidad de la administración para gestionar un parque cada vez más diverso en tipologías y regímenes de tenencia.

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