El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó este miércoles un balance positivo de la primera fase de implantación de los tribunales de instancia. Según los datos oficiales, la litigiosidad ha descendido cerca de un 10 % en el territorio gestionado directamente por el Ministerio durante el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.
El nuevo modelo organizativo, previsto en la Ley de Eficiencia de la Justicia, sustituyó progresivamente los antiguos juzgados unipersonales por tribunales colegiados. Bolaños resumió los resultados con la frase “hay más juicios, más jueces y menos litigiosidad”, y subrayó que el incremento en la celebración de vistas no ha generado demoras adicionales.
Datos cuantitativos del primer año completo
En el último ejercicio analizado se señalaron un 7,3 % más de juicios y se celebraron un 5,4 % más de vistas. Al mismo tiempo, la entrada de nuevos asuntos cayó un 10 % en términos generales y superó el 21 % de descenso en el orden civil. Esta última reducción se atribuye principalmente a la obligatoriedad de recurrir a los medios adecuados de solución de controversias (MASC) antes de presentar una demanda judicial.
Los territorios incluidos en el cómputo corresponden a las comunidades sin transferencias de Justicia —Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla— junto con Asturias y La Rioja. El Ministerio considera que estos resultados son representativos del funcionamiento del nuevo sistema en su fase inicial.
Evolución de la pendencia y comparación histórica
Por primera vez en una década, excluyendo el período de la pandemia, los asuntos pendientes en el orden civil han comenzado a descender de forma moderada. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirma esta tendencia: en el primer trimestre de 2026 la litigiosidad civil se redujo un 35,8 % y la pendencia interanual bajó un 0,7 %.
Estos datos contrastan con los incrementos registrados en años anteriores. Entre 2023 y 2025 los asuntos pendientes crecieron un 13,7 % en 2024 y un 3,4 % en 2025, mientras que la entrada de nuevos asuntos aumentó un 4,8 % en 2023 y un 11,4 % en 2024. La coincidencia temporal entre la obligatoriedad de los MASC y el cambio de tendencia sugiere una relación directa, aunque el Ministerio advierte que será necesario esperar varios ejercicios para consolidar la serie.
Coste y alcance de la transformación organizativa
Entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre del mismo año se crearon 431 tribunales de instancia que sustituyeron a 3.900 juzgados unipersonales. El proceso se desarrolló sin suspensiones ni retrasos significativos en la tramitación de los procedimientos ya iniciados.
La inversión total durante la legislatura ascendió a 1.120 millones de euros, distribuidos en 850 millones para digitalización, 192 millones para incremento de medios personales y 79 millones para infraestructuras. Bolaños recordó que la necesidad de este cambio organizativo ya había sido planteada por todas las asociaciones judiciales en 2017 y contó con el respaldo de gobiernos anteriores de distinto signo político.
Eficiencia económica y modelo de plazas judiciales
Uno de los argumentos más reiterados por el Ministerio es la reducción del coste por plaza judicial. Con el antiguo sistema, crear una plaza junto con su cuerpo de funcionarios asociado suponía aproximadamente 600.000 euros. En el nuevo modelo, el coste por plaza no supera los 100.000 euros. Esta diferencia permite, según el Gobierno, ampliar la capacidad de respuesta del sistema sin un incremento proporcional del gasto público.
Expertos consultados por este diario señalan que el ahorro estructural dependerá de la efectiva coordinación entre los nuevos tribunales y de la consolidación de los MASC como vía previa habitual. La experiencia de otros países europeos que han implantado sistemas similares muestra que los resultados a medio plazo dependen tanto de la dotación de medios como de la cultura de resolución extrajudicial de conflictos.
El Ministerio ha indicado que la implantación ya está completa en el territorio de su competencia y que las comunidades con transferencias están adaptando progresivamente sus propios calendarios. Los próximos informes del CGPJ permitirán verificar si la tendencia observada en 2025-2026 se mantiene o si requiere ajustes adicionales en la regulación de los MASC.
