Integrantes de la comunidad mazahua y de la Organización Margarita García bloquearon este domingo el Eje Central Lázaro Cárdenas para demandar una mayor cantidad de espacios de venta en la Alameda Central, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. La movilización ocurrió después de un operativo de reordenamiento del espacio público que redujo la presencia de comerciantes no autorizados en uno de los principales corredores turísticos y culturales del Centro Histórico de la Ciudad de México.
La protesta comenzó alrededor de las 11:00 horas, cuando vendedores afectados por las acciones de la autoridad se concentraron en la vialidad. Los manifestantes sostuvieron que la restricción de puestos impacta directamente sus ingresos, pues una parte del gremio depende de las ventas diarias y no cuenta con otra fuente de empleo regular. Su principal petición fue ampliar la oferta de lugares autorizados dentro de la Alameda, donde consideran que pueden mantener una actividad comercial con afluencia suficiente para sostener a sus familias.
Operativo en una zona de alta afluencia
El despliegue fue encabezado por la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública, área dependiente de la Secretaría de Gobierno capitalina. De acuerdo con la información oficial, el objetivo fue disminuir la ocupación irregular de banquetas, explanadas y áreas de paso en la Alameda Central y en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, espacios que reciben cada semana a miles de peatones, visitantes nacionales y turistas extranjeros.
En las semanas previas se había observado la instalación de decenas de puestos semifijos en esa zona. A la actividad comercial se sumaron coleccionistas y vendedores de estampas vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA, quienes utilizaron la explanada del Palacio de Bellas Artes como punto de venta. La concentración de comerciantes en un área reducida reavivó la tensión entre el derecho al trabajo de quienes viven del comercio informal y la necesidad de preservar condiciones de movilidad, seguridad y disfrute público en un sitio emblemático de la capital.
La Alameda Central no es únicamente un parque de uso cotidiano para habitantes de la zona; forma parte de un circuito patrimonial y cultural que conecta con Bellas Artes, el corredor de Madero y otros puntos del Centro Histórico. Por ello, el ordenamiento de vendedores ambulantes suele tener consecuencias más amplias que el retiro de puestos: modifica flujos peatonales, condiciones de acceso a recintos culturales y la percepción de seguridad en un área con actividad permanente.
La demanda de 30 sitios por organización
Durante la movilización, representantes de los grupos solicitaron la asignación de al menos 30 espacios para cada gremio mercantil dentro de la Alameda Central. Los vendedores argumentaron que varias personas afectadas llevan años sin acceso a un empleo formal o estable, por lo que la venta en vía pública constituye su principal mecanismo de subsistencia. Desde esa perspectiva, una oferta limitada de lugares no resuelve el problema económico de quienes quedaron fuera del reordenamiento.
La demanda también refleja una disputa recurrente sobre los criterios de distribución del espacio público. Para los comerciantes, contar con un sitio autorizado implica previsibilidad de ingresos y menor riesgo de decomisos o desalojos. Para la autoridad, ampliar de forma considerable el número de permisos en una zona saturada puede incentivar nuevas concentraciones y dificultar la supervisión. El desacuerdo no se centra sólo en cuántos puestos pueden operar, sino en qué condiciones, ubicaciones y horarios podrían hacerlo sin afectar la función principal de la Alameda como espacio común.
Gobierno ofrece diálogo, pero mantiene límites
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que mantendrá abiertas las mesas de diálogo con los vendedores ambulantes. No obstante, sostuvo que la Alameda Central no tiene capacidad para albergar la cantidad de comerciantes solicitada. La dependencia afirmó que su política no busca impedir el comercio, sino evitar su desbordamiento y garantizar el orden en el espacio público.
Según la postura oficial, algunos comerciantes y dirigentes pudieron continuar con sus actividades tras aceptar acuerdos establecidos con las autoridades. La dependencia precisó que la comunidad mazahua rechazó una propuesta de siete espacios de venta, mientras que la Organización Margarita García no aceptó la oferta de cinco sitios. La diferencia entre esas cifras y la petición de 30 lugares por gremio explica la persistencia del conflicto y anticipa que las negociaciones deberán abordar alternativas de ubicación o esquemas de rotación.
La autoridad capitalina ratificó que el retiro de decenas de comerciantes forma parte de una estrategia de reordenamiento y concertación. El planteamiento busca priorizar el libre tránsito de los visitantes sin cerrar por completo la posibilidad de comercio autorizado. Sin embargo, la viabilidad de esa estrategia dependerá de que los acuerdos sean claros, verificables y capaces de ofrecer opciones reales a los grupos que dependen de esta actividad.
Un conflicto de ingresos y espacio público
El bloqueo de Eje Central evidenció el costo inmediato que pueden tener los operativos de reordenamiento cuando no existe consenso previo sobre las alternativas laborales. El cierre afectó la circulación en una de las vías más transitadas del centro de la ciudad, mientras que los vendedores hicieron visible su demanda ante autoridades y peatones. En paralelo, el episodio mostró que la recuperación de espacios públicos requiere medidas que combinen control territorial, diálogo con organizaciones y reglas aplicables de manera consistente.
Las mesas anunciadas por el Gobierno de la Ciudad de México serán determinantes para definir si el conflicto deriva en nuevos bloqueos o en una salida negociada. La discusión deberá equilibrar la protección de la actividad económica de familias que viven al día con la conservación de la Alameda Central como un espacio accesible, transitable y ordenado. Hasta ahora, las posiciones permanecen distantes: los comerciantes consideran insuficientes los lugares ofrecidos y la autoridad sostiene que ampliar sustancialmente la presencia ambulante comprometería la capacidad del sitio.
