La debilidad de la productividad factorial total ofrece una explicación más profunda del bajo crecimiento de la economía mexicana. El problema no se limita a que el sector público invierta poco o a que las empresas privadas pospongan proyectos por la incertidumbre jurídica. Cuando la productividad disminuye, cada unidad adicional de capital y trabajo genera menos producción que antes. La economía puede incorporar más maquinaria, contratar a más personas e incluso ampliar su infraestructura, pero si utiliza esos recursos de manera menos eficiente, el resultado será un crecimiento más lento, salarios reales estancados y menor capacidad para competir.
Los datos citados del INEGI muestran que entre 1991 y 2024 la productividad factorial total de México registró una tasa promedio anual negativa de 0.51 por ciento. El deterioro no fue uniforme: el sector primario presentó un crecimiento promedio de 1.85 por ciento, mientras que la productividad cayó 0.37 por ciento en las actividades secundarias y 0.60 por ciento en las terciarias. La comparación internacional resulta todavía más exigente. Durante el periodo asociado al TLCAN y al T-MEC, la productividad factorial total aumentó 20 por ciento en Estados Unidos y 3 por ciento en Canadá, pero se contrajo 20 por ciento en México, de acuerdo con las Penn World Tables.
El costo de crecer sin eficiencia
La primera consecuencia de esta trayectoria es que la inversión pierde capacidad para impulsar el producto. Una fábrica nueva, una carretera o una plataforma tecnológica pueden elevar la producción, pero su efecto dependerá de la calidad de la gestión, la disponibilidad de trabajadores capacitados, la seguridad del suministro eléctrico, la logística y las reglas que permitan operar sin interrupciones. Si esos factores fallan, el capital instalado produce por debajo de su potencial y el rendimiento esperado disminuye.
Este mecanismo afecta de manera directa la decisión empresarial. Un inversionista no observa únicamente el tamaño del mercado o el costo de la mano de obra; también calcula cuánto puede producir con los recursos disponibles y qué tan predecibles serán sus costos. Una economía con productividad descendente exige una rentabilidad mayor para compensar riesgos operativos, regulatorios y financieros. Cuando los consumidores no pueden pagar precios suficientemente altos o la competencia internacional impone límites, muchos proyectos dejan de ser viables.
El efecto también alcanza a las finanzas públicas. Si el Estado asigna recursos a proyectos con bajo rendimiento social, el costo no consiste solamente en el gasto inicial. Existe un costo de oportunidad: el dinero deja de destinarse a infraestructura logística, educación técnica, salud, digitalización o seguridad, áreas que podrían elevar la eficiencia de amplios sectores. La deuda utilizada para sostener empresas deficitarias o proyectos sin demanda suficiente puede limitar durante años la capacidad de financiar inversiones con mayor impacto productivo.
Una oportunidad industrial con bases frágiles
La relocalización de cadenas productivas ofrece una posibilidad concreta para revertir esta tendencia. México cuenta con proximidad geográfica a Estados Unidos, acuerdos comerciales, experiencia manufacturera y una red industrial vinculada a sectores como el automotor, la electrónica, los dispositivos médicos y la industria aeroespacial. Si nuevas empresas llegan para producir bienes de mayor complejidad, podrían aumentar la transferencia tecnológica, desarrollar proveedores locales y crear empleos mejor remunerados.
Sin embargo, la llegada de capital extranjero no garantiza por sí misma un aumento de la productividad nacional. Una planta puede operar como una unidad aislada, importar la mayor parte de sus insumos y limitar la participación de proveedores mexicanos a actividades de bajo valor agregado. En ese escenario, el país obtiene empleos y exportaciones, pero no necesariamente desarrolla capacidades tecnológicas propias. El beneficio será mayor cuando la inversión se vincule con universidades, centros de investigación, empresas nacionales y programas de formación laboral.
La oportunidad también está condicionada por la infraestructura. La falta de electricidad suficiente y confiable, las restricciones de agua, los problemas aduaneros, la saturación de carreteras y ferrocarriles y la inseguridad pueden convertir una ventaja geográfica en un costo adicional. El riesgo es que México atraiga proyectos orientados principalmente al ensamble, mientras otras economías capturan las etapas de diseño, investigación, software y servicios avanzados, que son las que concentran una mayor parte del valor.
Educación, tecnología y movilidad laboral
La productividad no depende solamente de comprar tecnología. Para que una innovación transforme la producción, los trabajadores deben comprenderla, adaptarse a nuevos procesos y resolver problemas que no estaban previstos en los manuales. El capital humano determina qué tan rápido una empresa puede incorporar automatización, análisis de datos, inteligencia artificial o sistemas de manufactura avanzada. Una fuerza laboral con deficiencias en matemáticas, lectura, ciencias y habilidades digitales enfrenta mayores dificultades para aprovechar esos cambios.
La debilidad educativa produce una doble desventaja. Por un lado, reduce la capacidad de las empresas para innovar y escalar. Por otro, puede ampliar la desigualdad, porque los trabajadores con mayor preparación acceden a los empleos tecnológicos mientras quienes carecen de ella quedan concentrados en actividades informales o de baja productividad. La transición tecnológica no necesariamente destruye todos los puestos de trabajo, pero sí modifica las tareas y puede desplazar a quienes no tienen oportunidades de capacitación.
El desafío consiste en diseñar una política educativa y laboral vinculada con las necesidades productivas sin reducir la educación a una capacitación de corto plazo. Las empresas requieren técnicos, ingenieros, especialistas en mantenimiento, programadores y administradores capaces de aprender continuamente. Para ello se necesitan mejores escuelas, formación docente, educación dual, certificaciones reconocidas y mecanismos que permitan actualizar competencias durante toda la vida laboral. Sin estas condiciones, la automatización podría aumentar la producción de algunos establecimientos sin mejorar de forma amplia los ingresos.
Instituciones: el riesgo que atraviesa todo
La productividad también depende de instituciones que permitan coordinar inversiones y proteger contratos. La incertidumbre sobre la aplicación de las leyes, los cambios regulatorios abruptos, la debilidad de los organismos autónomos o la percepción de que las decisiones públicas responden a criterios políticos elevan el riesgo exigido por los inversionistas. Ese sobreprecio puede reflejarse en mayores tasas de financiamiento, plazos más cortos y una preferencia por proyectos de recuperación rápida, aunque sean menos transformadores.
El debilitamiento institucional tiene efectos que van más allá de la inversión extranjera. Las pequeñas y medianas empresas suelen tener menos recursos para protegerse ante cambios regulatorios, litigios o extorsiones. Si enfrentan costos impredecibles, pueden permanecer en la informalidad, limitar su tamaño o evitar contratar trabajadores formalmente. Esto reduce la recaudación, restringe el acceso al crédito y dificulta que se integren a cadenas de suministro de mayor exigencia.
Existe además un riesgo de diagnóstico. Atribuir la baja productividad únicamente a la falta de inversión puede conducir a políticas incompletas. Más infraestructura no resolverá por sí sola los problemas de gestión, competencia, educación, seguridad o certidumbre jurídica. Del mismo modo, responsabilizar exclusivamente a la educación ocultaría fallas en el entorno empresarial y en la asignación del gasto público. La productividad es el resultado de múltiples decisiones coordinadas; por eso, las medidas aisladas suelen tener rendimientos limitados.
Qué puede cambiar la trayectoria
La recuperación requiere priorizar proyectos públicos con evaluación transparente de costos y beneficios, incluyendo su impacto ambiental, su demanda esperada y su capacidad para elevar la productividad de otras actividades. También exige fortalecer la competencia, agilizar permisos con controles claros, garantizar el suministro energético y mejorar la seguridad en corredores industriales. Cada peso público debería evaluarse no solo por el número de obras inauguradas, sino por la producción adicional, los empleos formales y las capacidades que genere a lo largo del tiempo.
En el sector privado, una mayor inversión en investigación aplicada, capacitación y digitalización puede elevar la eficiencia incluso en empresas pequeñas. Para que eso ocurra, el crédito debe ser accesible y las políticas de apoyo deben evitar convertirse en subsidios permanentes a negocios sin posibilidades de mejorar. Los incentivos pueden vincularse con resultados verificables, como aumento de productividad, incorporación de proveedores nacionales, exportaciones de mayor contenido tecnológico o formación certificada de trabajadores.
Medir la productividad con mayor oportunidad y detalle también es indispensable. Los promedios nacionales pueden ocultar diferencias importantes entre regiones, tamaños de empresa y ramas de actividad. Un estado puede atraer inversión y mantener bajos niveles de valor agregado local; una industria puede elevar sus exportaciones sin mejorar los salarios; y una empresa puede aumentar su producción mediante más horas de trabajo, sin lograr una eficiencia genuina. Las estadísticas deben distinguir estos fenómenos para orientar mejor las decisiones.
Una recuperación posible, pero no automática
La contracción de la productividad factorial total no implica que México carezca de capacidades para crecer. Existen sectores competitivos, empresas innovadoras, regiones con talento especializado y oportunidades derivadas de la integración norteamericana. El dato sí indica, sin embargo, que esas fortalezas no se han difundido lo suficiente hacia el conjunto de la economía. Mientras la productividad permanezca estancada, el crecimiento dependerá en exceso de aumentar la cantidad de trabajadores, expandir el endeudamiento o aprovechar ciclos externos favorables.
El riesgo central es que la debilidad se vuelva persistente. Una economía que crece poco recauda menos, invierte menos en bienes públicos y ofrece menos oportunidades para acumular capital humano. Esa combinación puede reforzar la informalidad, la migración de talento y la desigualdad regional. La señal positiva sería observar una mejora sostenida y simultánea en productividad, inversión, salarios reales y creación de empleos formales. Antes de celebrar nuevas plantas o grandes obras, será necesario comprobar si están generando capacidades duraderas y una utilización más eficiente de los recursos.
