México.- Entre abril y junio de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador condonó impuestos a 862 contribuyentes por un monto total de 293.3 millones de pesos, de acuerdo con una nota de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA). El caso más llamativo fue el de Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, a quien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le perdonó 68 millones 911 mil pesos, la cifra más alta dentro del grupo de beneficiarios reportado en ese periodo.
El monto más alto fue para Carlos Slim
La ONEA detalló que el empresario recibió el beneficio fiscal a través de dos compañías: SOFOM Inbursa, por 56 millones 991 mil pesos, y Seguros Inbursa, por 11 millones 920 mil pesos. El dato resulta relevante no solo por el volumen de la condonación, sino porque contrasta con la narrativa pública del propio presidente, quien ha insistido en que la condonación de impuestos está prohibida y la ha presentado como un logro de su administración.
En su conferencia matutina del 15 de junio, López Obrador sostuvo que la condonación de impuestos estaba prohibida por la Constitución y citó el artículo 28 como base de esa postura. “Está prohibido por la Constitución, y así se establece en el artículo 28, la condonación de impuestos”, dijo entonces, al subrayar que en sexenios anteriores los grandes contribuyentes no pagaban o recibían devoluciones preferenciales. La información difundida por ONEA coloca ese discurso bajo una nueva luz: aun con la restricción anunciada, el SAT siguió aplicando beneficios fiscales en el periodo revisado.
Bancos, empresas y figuras públicas en la lista
Además de Slim, la lista incluye a varios bancos y empresas con presencia relevante en sectores financieros, industriales y de servicios. Entre ellos aparece Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, ligado a Carlos Hank González, con un millón 585 mil pesos; y Banco Regional de Monterrey Fideicomiso 851-00614, conocido como BanRegio, con 112 mil 390 pesos. La presencia de instituciones financieras en la relación sugiere que las condonaciones no se concentraron en un solo perfil empresarial, sino que alcanzaron a compañías de distintos tamaños y ramas.
La ONEA también reportó beneficios para Tesoro México Supply & Marketing, filial de Marathon Petroleum Corporation, por 44 millones 379 mil pesos; Promotora de Construcción Saltillo, por 34 millones 381 mil pesos; Servicios de Salud del Estado de Colima, por 9 millones 954 mil pesos; y Desarrollo de Medios, titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual de La Jornada, por 9 millones 746 mil pesos. En un segundo bloque aparecen Vitro, S.A.B. de C.V., con 400 mil 206 pesos; Gerardo Fernández Mena, director general de Crédito Maestro, con 109 mil 247 pesos; José Guillermo Dowell Delgado, expresidente del PRI en Chihuahua, con 85 mil 776 pesos; y Bernardo Garza de la Fuente, director general de Internacional Sigma Alimentos, con 120 mil 882 pesos.
La tensión entre discurso y práctica fiscal
El contraste central del caso no está solo en los montos, sino en la distancia entre el mensaje oficial y los resultados administrativos. El gobierno federal ha defendido una política de combate a privilegios fiscales heredados, pero los datos citados por ONEA muestran que, al menos durante el segundo trimestre de 2021, siguieron registrándose condonaciones a contribuyentes de alta capacidad económica y a empresas con fuerte peso en la economía nacional. Esa discrepancia alimenta preguntas sobre el alcance real de la reforma fiscal en la práctica y sobre los criterios con los que el SAT aplicó esos beneficios.
También abre un debate más amplio sobre transparencia. La condonación fiscal, aunque puede responder a mecanismos legales o procedimientos administrativos específicos, adquiere otra dimensión cuando beneficia a conglomerados, bancos y figuras empresariales prominentes en un contexto de discurso anticorrupción. La información divulgada no permite concluir por sí sola irregularidad alguna, pero sí muestra que la eliminación de privilegios fiscales no es un proceso lineal ni automático. La lectura completa del episodio exige distinguir entre la prohibición política anunciada y la operación concreta del sistema tributario, donde todavía aparecen excepciones de alto valor económico.
