Guadalajara, Jal. Hasta 20% de las transacciones inmobiliarias realizadas en Jalisco podrían concretarse a sobreprecio cuando intervienen asesores que no cuentan con registro ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), advirtió Jahaziel Omar Castañeda González, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara.
El señalamiento se produce en un mercado estatal que, de acuerdo con estimaciones de la organización, superó las 100,000 operaciones inmobiliarias durante 2025. La dimensión de esa actividad, junto con la participación de miles de intermediarios con distintos niveles de preparación y supervisión, ha colocado la certeza sobre los precios y la documentación de las propiedades entre las principales preocupaciones para compradores e inversionistas.
Un mercado con amplia participación informal
Castañeda explicó que en Jalisco alrededor de 20,000 personas realizan actividades de asesoría inmobiliaria. Sin embargo, sólo 10% está acreditado simultáneamente por la AMPI y registrado ante la Sedeco. En consecuencia, cerca de 90% opera sin certificación profesional o fuera del padrón estatal, de acuerdo con los datos citados por el dirigente empresarial.
La AMPI Guadalajara estima que 80% de las operaciones gestionadas por asesores afiliados a la asociación se concreta con valores acordes con el mercado. El riesgo de sobreprecio, sostuvo, se concentra en el segmento de transacciones intermediadas por personas no certificadas. La organización no presentó un desglose independiente que permita determinar cuántas operaciones han sido afectadas ni precisó una metodología estadística para calcular el porcentaje señalado.
La diferencia entre el precio publicado y el valor efectivo de cierre puede oscilar entre 10% y 50%, según Castañeda. Esa brecha puede originarse en anuncios que utilizan referencias desactualizadas, estimaciones sin respaldo técnico o precios elevados para probar la respuesta del mercado. También puede complicar la obtención de crédito, ya que las instituciones financieras suelen basarse en avalúos y criterios propios para establecer el valor de una garantía.
Una plataforma para comparar valores por colonia
Para atender el problema, la AMPI Guadalajara suscribió un convenio de colaboración con el Colegio e Instituto Mexicano de Valuación de Jalisco (CIVAJAL) y anunció la creación del primer Laboratorio de Datos del sector inmobiliario en el estado. El proyecto será desarrollado junto con Teseo Data Lab.
La plataforma reunirá información sobre precios de venta, rentas, valor del metro cuadrado de tierra y otras variables relevantes. El objetivo es elaborar indicadores respaldados por valuaciones profesionales y generar referencias específicas por colonia, en lugar de depender únicamente de anuncios en internet, comentarios en redes sociales o estimaciones difundidas por personas sin acreditación.
El laboratorio pretende ofrecer una base común para evaluar si el precio solicitado por una vivienda corresponde con las condiciones de la zona. La disponibilidad de datos comparables podría reducir la especulación, aunque su eficacia dependerá de que la información sea actualizada, verificable y suficientemente amplia para reflejar las diferencias entre inmuebles, incluso dentro de una misma colonia.
La información estará disponible públicamente mediante la aplicación digital de AMPI Guadalajara. En ella se podrán consultar propiedades previamente verificadas, con avalúo, revisión jurídica y validación documental. Actualmente, la plataforma concentra más de 10,000 inmuebles certificados y tiene como meta superar las 50,000 propiedades antes de que concluya el año.
Certificación y protección patrimonial
Para los consumidores, la certificación del intermediario y la revisión del inmueble cumplen funciones distintas. La primera permite conocer si el asesor está sujeto a un esquema de registro o acreditación; la segunda ayuda a confirmar la situación jurídica de la propiedad, la identidad del vendedor, la existencia de gravámenes y la correspondencia entre los documentos y las características físicas del bien.
La AMPI Guadalajara considera que la actual legislación estatal no ofrece suficientes incentivos para que todos los asesores se incorporen al padrón. Por ello, Castañeda reiteró el llamado al Congreso de Jalisco para modificar la Ley Inmobiliaria y convertir en obligatorio el registro ante la Sedeco, que actualmente tiene carácter opcional.
El dirigente comparó la situación con la de Quintana Roo y Yucatán, entidades donde, según indicó, existen disposiciones obligatorias para los asesores inmobiliarios. A su juicio, establecer requisitos uniformes permitiría elevar la responsabilidad profesional y proteger tanto a compradores locales como a inversionistas extranjeros, especialmente en zonas con alta demanda.
El reto de hacer exigibles las reglas
La eventual obligatoriedad del registro implicaría definir con claridad los requisitos de capacitación, la responsabilidad de los intermediarios, los mecanismos de sanción y la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento. También sería necesario precisar cómo se distinguiría entre un asesor profesional, un propietario que vende directamente y otros participantes ocasionales del mercado.
Mientras se discute una reforma, la asociación recomienda que los compradores soliciten información verificable del asesor, comparen precios con operaciones similares y eviten entregar anticipos sin revisar previamente la documentación. Un precio atractivo no sustituye la comprobación de la propiedad ni garantiza que la operación pueda formalizarse sin riesgos.
La creación del Laboratorio de Datos busca ofrecer una herramienta adicional para esa toma de decisiones. Sin embargo, los indicadores de mercado no reemplazarán el avalúo individual ni la revisión legal de cada compraventa. Para que el proyecto tenga impacto más allá del sector afiliado a la AMPI, será determinante que sus datos sean transparentes, accesibles y sometidos a actualización constante.
