El anuncio de Colgas sobre la expansión de su terminal en Cartagena refleja tensiones acumuladas en el sistema energético colombiano durante los últimos años. Las reservas de gas natural han mostrado un declive progresivo desde 2018, impulsado por el agotamiento de yacimientos maduros en la Costa Atlántica y retrasos en nuevos proyectos de exploración. Esta trayectoria coincide con un aumento sostenido de la demanda industrial, que creció cerca del 4 % anual en promedio entre 2020 y 2025.
Orígenes del desequilibrio actual
El país dependió históricamente de la generación hidroeléctrica para cubrir más del 60 % de su matriz eléctrica. Sin embargo, la variabilidad climática ha expuesto esta concentración. Durante el fenómeno de El Niño 2015-2016, las plantas térmicas debieron operar al máximo de su capacidad, consumiendo volúmenes significativos de gas natural. Las proyecciones oficiales indican que un evento similar en 2026-2027 podría elevar la demanda térmica en un 25 %, acentuando la presión sobre el suministro interno.
Al mismo tiempo, la infraestructura de transporte por gasoducto presenta cuellos de botella en regiones del interior y el suroccidente. Empresas manufactureras ubicadas fuera de las redes de distribución han enfrentado restricciones periódicas, obligándolas a recurrir a combustibles más costosos y contaminantes como el diésel o el carbón.
El papel del GLP como alternativa inmediata
La decisión de elevar la capacidad de la terminal de Okianus Terminals de 21 000 a 32 000 toneladas mensuales responde a la necesidad de contar con una fuente flexible que no requiera gasoductos. El gas licuado de petróleo puede distribuirse en cilindros o tanques estacionarios, lo que permite llegar a zonas sin infraestructura de tubería. Esta característica resulta especialmente útil para industrias textiles y cerámicas en Antioquia y el Valle del Cauca.

En la práctica, varias plantas de secado de alimentos en el Eje Cafetero ya han migrado parcialmente al GLP. Los resultados muestran una reducción del 18 % en costos operativos durante picos de restricción de gas natural, según datos internos de la empresa. Además, el poder calorífico del GLP permite mantener la misma eficiencia térmica sin modificaciones mayores en los quemadores existentes.
Repercusiones en la industria y el empleo
La continuidad del suministro energético afecta directamente la competitividad de sectores exportadores. Empresas del rubro químico y metalúrgico que mantienen compromisos de reducción de emisiones con compradores europeos podrían enfrentar penalizaciones si se ven obligadas a usar carbón durante emergencias. La disponibilidad de GLP reduce ese riesgo y preserva empleos en cadenas productivas que emplean a más de 180 000 personas en el país.
Por otro lado, el incremento en la capacidad de almacenamiento genera demanda de mano de obra calificada para operaciones de carga, mantenimiento y logística portuaria en Cartagena. Se estima que el proyecto de 60 millones de dólares creará alrededor de 120 puestos directos durante la fase de construcción y 45 empleos permanentes una vez operativo.
Implicaciones ambientales y de política pública
La sustitución parcial de diésel y carbón por GLP representa una disminución en emisiones de material particulado y óxidos de azufre. Sin embargo, el GLP sigue siendo un combustible fósil, por lo que su uso extensivo podría retrasar metas de descarbonización establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Las autoridades energéticas enfrentan el dilema de autorizar mayor importación mientras promueven simultáneamente la expansión de renovables.
La combinación de GLP con autogeneración solar, como la que Colgas ya implementa con 14 926 MWh acumulados en 2025, ofrece una ruta intermedia. Esta hibridación permite a las industrias cubrir procesos térmicos con gas licuado y consumo eléctrico con paneles fotovoltaicos, reduciendo la exposición a variaciones de precio y disponibilidad de un solo recurso.
Tendencias de largo plazo
Si el déficit proyectado del 39 % se materializa, Colombia podría convertirse en importador neto de gas natural licuado hacia 2030. La expansión de terminales como la de Cartagena sienta precedente para futuras inversiones en regasificación y almacenamiento. No obstante, esta dependencia externa incrementa la vulnerabilidad ante fluctuaciones de precios internacionales y tensiones geopolíticas en rutas de suministro.
En paralelo, el desarrollo de yacimientos offshore en el Caribe y la posible entrada de biogás y biometano podrían modificar el balance. La capacidad de adaptación del sector dependerá de señales regulatorias claras que incentiven tanto la infraestructura de importación como la exploración responsable y las soluciones renovables.
El caso de Colgas ilustra cómo decisiones de infraestructura puntual pueden influir en la resiliencia del tejido productivo nacional durante la próxima década.
