La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que, tras el aumento del IEPS aplicado a los cigarros, uno de cada cuatro productos comercializados en el país sería de procedencia ilícita. La organización atribuyó el crecimiento de este mercado a la amplia diferencia de precios entre las cajetillas legales y las piratas.
Según la asociación, en el mercado ilegal se ofrecen cajetillas desde 15 pesos, mientras que los productos legales superan los 100 pesos. Para ANPEC, el incremento del impuesto especial, sumado al IVA, ha ampliado esa brecha y ha creado condiciones favorables para el contrabando y la venta de mercancía sin regulación.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la organización, señaló que el problema trasciende la pérdida de recaudación fiscal. En un comunicado, sostuvo que los pequeños comercios pueden quedar expuestos a una “disyuntiva perversa”: vender productos ilegales o enfrentar presiones, amenazas y extorsiones.
Riesgos para comerciantes y salud pública
ANPEC indicó que el comercio ilegal de cigarros opera fuera de las disposiciones fiscales, comerciales y sanitarias. Por ello, advirtió que representa un riesgo adicional para la salud pública y afecta a los establecimientos formales que cumplen con sus obligaciones tributarias y regulatorias.
La agrupación añadió que estas actividades pueden servir como fuente de financiamiento para el crimen organizado. También alertó que los comerciantes de menor escala pueden convertirse en un eslabón de la cadena ilegal al ser obligados a comprar y vender cigarros de contrabando.
Como ejemplo, recordó un operativo realizado el 18 de agosto en Uruapan, Michoacán, donde fueron detenidas dos personas y asegurados 14 mil 400 cigarros. Durante la acción también se localizó una libreta con nombres y direcciones de comerciantes presuntamente víctimas de extorsión, después de denuncias sobre ventas forzadas de mercancía ilícita.
Rivera afirmó que aceptar productos de origen dudoso puede exponer a los dueños de negocios a pérdidas patrimoniales y riesgos de seguridad. ANPEC recordó que mantiene la campaña “No Vale la Pena”, mediante la cual llama a evitar mercancía ilícita y a denunciar amenazas, extorsiones o venta forzada a través del 089.
La asociación pidió a los comerciantes organizar redes de apoyo frente a grupos dedicados al contrabando. También advirtió que la comercialización de cigarros de procedencia ilícita puede derivar en multas elevadas, clausuras definitivas y penas de hasta nueve años de prisión.
