La industria mueblera de Jalisco entró en agosto con una presión doble que ya no es coyuntural: por un lado, los aranceles impuestos por Estados Unidos encarecen la entrada de productos mexicanos a su principal mercado externo; por otro, el peso fortalecido reduce el valor de cada dólar exportado. En ese cruce, las ventas externas del sector han caído entre 8 y 10%, según AFAMJAL, una baja que no solo refleja una pérdida de competitividad inmediata, sino también la fragilidad de un modelo productivo muy expuesto al ciclo comercial norteamericano.
La señal no es menor porque el mueble jalisciense no opera como una industria aislada. Depende de insumos importados, de logística transfronteriza, de una red de proveedores locales y de una demanda que suele moverse con rapidez entre temporadas. Cuando el costo final sube por efecto arancelario y el ingreso en pesos se comprime por tipo de cambio, el margen desaparece primero en las empresas medianas y pequeñas, que tienen menos capacidad para financiar inventarios, renegociar contratos o absorber pérdidas temporales.
Ese deterioro ayuda a entender la cautela de Roberto Quiñones cuando reconoce que competir en el exterior “está difícil”. Su diagnóstico apunta a una realidad conocida por los industriales exportadores: el problema no es solo vender menos, sino hacerlo en un entorno donde el precio ya no alcanza para sostener el mismo nivel de rentabilidad. En muchos casos, las empresas prefieren absorber incrementos en costos de insumos antes que trasladarlos al cliente y perder mercado. Esa estrategia protege ventas en el corto plazo, pero erosiona capital de trabajo y posterga decisiones de inversión, modernización o contratación.
La referencia a China también ilumina la dimensión geopolítica del conflicto. Para algunos fabricantes mexicanos, los aranceles estadounidenses pueden parecer una desventaja relativa menor si golpean con más fuerza a competidores asiáticos; sin embargo, esa comparación no elimina el daño interno. En la práctica, la política comercial de Washington redistribuye presiones: abre una ventana para ciertas órdenes de compra, pero al mismo tiempo obliga a las empresas mexicanas a operar con mayor eficiencia en un mercado más volátil. La oportunidad existe, sí, pero no se materializa sola; exige estándares de calidad, capacidad de entrega y escala financiera que no todos los talleres o fábricas tienen.
El contexto de Expo Mueble Internacional y Tecno Mueble confirma que la industria apuesta buena parte de su año a la concentración comercial de estas ferias. Que dos eventos concentren hasta 70% de las ventas anuales revela una estructura de negocio intensiva en encuentros, contratos y pedidos por volumen. Si la feria proyecta 1,500 millones de pesos en derrama y más de 50,000 visitantes especializados, no se trata únicamente de una vitrina sectorial: es un mecanismo de liquidez para miles de empleos y una pieza de amortiguamiento frente a las turbulencias del comercio exterior.
Por eso el dato de que la industria genera más de 25,000 empleos en Jalisco da una medida concreta del alcance social del problema. Una caída prolongada en exportaciones no se traduce de inmediato en cierres masivos, pero sí en ajustes silenciosos: menos turnos, menor contratación temporal, postergación de compras a proveedores locales y menor dinamismo en transporte, embalaje, herramentales y servicios vinculados. El daño se dispersa en la cadena y termina afectando a comunidades donde el mueble es una fuente estable de ingreso familiar.
La respuesta del gobierno estatal, centrada en pedir mayor vigilancia contra el comercio desleal de muebles importados vendidos como nacionales, apunta a otro frente igual de corrosivo: la informalidad sofisticada. Cuando productos originarios de otros países se comercializan con una identidad falsa, no solo se engaña al consumidor; también se castiga al fabricante que cumple reglas fiscales, laborales y aduaneras. El problema no es exclusivo de Jalisco, pero en una plaza con fuerte vocación exportadora amplifica la sensación de desventaja frente a quien compite desde la irregularidad.
Si Hacienda y Economía endurecen operativos, el efecto podría sentirse en dos planos. A corto plazo, aumentarían decomisos, revisiones y sanciones; a mediano plazo, un control más estricto elevaría el costo de la cadena ilegal y devolvería parte del mercado a productores formales. Pero la eficacia real dependerá de la coordinación aduanera y de la trazabilidad documental. Sin capacidad para rastrear origen, facturación y ruta comercial, la supervisión corre el riesgo de quedarse en acciones aisladas que no alteran la estructura del problema.
Lo que está en juego, en realidad, es la posición de Jalisco dentro de una industria que vive entre la exportación, el mercado interno y la competencia desleal. La combinación de aranceles, tipo de cambio y comercio ilícito obliga a las empresas a redefinir su estrategia: vender más cerca, diversificar destinos, elevar productividad y apostar por diseño y diferenciación en lugar de competir solo por precio. Quien no logre ese salto quedará atrapado en una ecuación cada vez más estrecha, donde producir en México ya no garantiza vender con margen en el exterior.
