La expresión “destrucción creativa” volvió al centro del debate económico argentino, pero su uso oficial enfrenta una dificultad decisiva: no toda desaparición de empresas, empleos o actividades productivas es schumpeteriana. Para que exista destrucción creativa debe haber una sustitución visible. Los negocios menos eficientes pierden espacio, mientras nuevas inversiones, tecnologías y compañías absorben recursos, elevan la productividad y generan oportunidades laborales. Si la primera parte ocurre sin la segunda, el fenómeno se parece más a una contracción productiva que a una transformación virtuosa.
La distinción no es semántica. Determina cómo se evalúan el ajuste fiscal, la apertura comercial, la evolución del empleo y el impacto de las inversiones en minería y energía. Desde el Gobierno se sostiene que la economía atraviesa una etapa de reordenamiento capaz de liberar recursos para actividades más competitivas. La lectura crítica señala que, hasta ahora, el cierre de empresas y la pérdida de puestos formales avanzan con mayor velocidad que la creación de nuevas firmas y empleos de calidad.
Joseph Schumpeter describió en Capitalismo, socialismo y democracia, publicado en 1942, un capitalismo que progresa mediante oleadas de innovación. El automóvil desplazó a los carruajes; la computadora redujo el uso de máquinas de escribir y modificó tareas administrativas; internet transformó el comercio, la banca y los medios. En cada caso hubo perdedores concretos, pero también empresarios, inversiones, proveedores y trabajadores vinculados con la nueva tecnología. El cambio no fue indoloro, aunque sí amplió la capacidad productiva.
La diferencia entre innovar y simplemente achicarse
La experiencia personal del autor de la reflexión ayuda a visualizar el mecanismo. En 1985, una columna periodística podía exigir escritura manuscrita, transcripción a máquina, fotocopias y traslado físico al diario. Luego llegaron la computadora, el fax y el correo electrónico. La productividad individual aumentó de forma sustancial, pero también desaparecieron fabricantes de máquinas de escribir, parte del negocio de copiado y la industria del fax. La destrucción estuvo acompañada por nuevas cadenas de valor: fabricantes de notebooks, empresas de telecomunicaciones, servicios digitales y programadores.
El punto de quiebre argentino aparece cuando los recursos liberados no encuentran un destino productivo. El trabajador despedido de una fábrica no necesariamente pasa a una empresa más eficiente; puede terminar en una actividad informal de baja productividad, en el autoempleo de subsistencia o fuera del mercado laboral. Del mismo modo, un local comercial que cierra no siempre es reemplazado por una plataforma digital argentina, una compañía exportadora o un negocio con mayor capacidad de inversión. Puede ser sustituido por menos consumo y más desempleo encubierto.
La primera conclusión analítica es que el país podría estar atravesando una “destrucción defensiva”: empresas que reducen personal, suspenden inversiones o abandonan el mercado para sobrevivir a la caída de la demanda. No se trata de una innovación que desplaza un modelo antiguo, sino de una respuesta a costos, impuestos, falta de crédito y ventas insuficientes. Esta diferencia importa porque las políticas adecuadas son opuestas. La destrucción creativa requiere facilitar la expansión de los nuevos; la destrucción defensiva exige evitar que empresas potencialmente viables desaparezcan antes de poder reconvertirse.
El ajuste que comprimió el mercado interno
La reducción de los salarios reales aparece como uno de los principales canales de transmisión del ajuste. Cuando los ingresos pierden poder de compra, el efecto no queda limitado a los hogares: alcanza a supermercados, comercios de cercanía, restaurantes, transporte, servicios personales y pequeñas industrias orientadas al mercado interno. Una empresa puede cerrar no porque produzca mal, sino porque vende menos de lo necesario para cubrir costos fijos, salarios, alquileres e impuestos.
Este proceso puede mejorar ciertos indicadores macroeconómicos y, al mismo tiempo, deteriorar la estructura empresarial. La menor demanda reduce importaciones, inventarios y utilización de capacidad, pero también desincentiva la contratación. Si la recuperación posterior no eleva de manera sostenida el consumo y la inversión, el ajuste se convierte en una selección basada en liquidez: sobreviven quienes cuentan con reservas, acceso a financiamiento o una posición dominante, no necesariamente quienes son más productivos.
El empleo informal es el indicador que mejor expone esa tensión. En la estructura laboral argentina, la informalidad ya representa aproximadamente un tercio de los asalariados, con variaciones según la medición y el período. Si el empleo total aumenta principalmente por ocupaciones sin aportes, cobertura social ni estabilidad, el dato agregado oculta una degradación de la calidad laboral. Para el trabajador, pasar de un puesto registrado a una actividad informal no constituye una transición schumpeteriana; significa perder productividad, derechos y posibilidades de capacitación.
Un tipo de cambio que selecciona sin revelar quién es competitivo
El debate cambiario introduce otra controversia. Un tipo de cambio apreciado abarata bienes importados y puede beneficiar a consumidores y empresas que utilizan insumos externos. También ayuda a moderar la inflación de algunos productos y obliga a los productores locales a elevar su eficiencia. Sin embargo, cuando esa apreciación se combina con una presión tributaria elevada, infraestructura deficiente y crédito escaso, la competencia deja de ser simétrica.
En esas condiciones, una empresa nacional puede perder mercado frente a un producto importado sin que exista evidencia suficiente sobre su verdadera productividad. El precio final incorpora costos logísticos, impuestos nacionales, provinciales y municipales, tasas financieras y problemas de escala. La importación, en cambio, puede llegar con una estructura de costos más eficiente y financiamiento externo más barato. El resultado es una selección empresarial condicionada por el entorno, no exclusivamente por la capacidad de innovar.
Esto no implica que la apertura comercial sea un error. Proteger indefinidamente actividades ineficientes encarece bienes y retrasa la modernización. Pero abrir la economía sin una reducción paralela de costos sistémicos puede producir una asimetría peligrosa: las empresas locales enfrentan al mundo mientras el Estado conserva una mochila fiscal y regulatoria que sus competidores internacionales no soportan dentro del mercado argentino.
La propuesta de una flotación cambiaria más limpia, en lugar de una devaluación administrada como solución permanente, busca evitar que el tipo de cambio sea utilizado para ocultar problemas estructurales. Aun así, una mayor flexibilidad cambiaria no resolvería por sí sola la falta de productividad. Podría incluso elevar la inflación y reducir nuevamente los salarios si no está respaldada por disciplina fiscal, credibilidad monetaria y una expansión del crédito productivo.
Minería y energía: inversión grande, empleo limitado
La minería y la energía pueden convertirse en motores de inversión, exportaciones y generación de divisas. Sin embargo, su capacidad para crear empleo directo suele ser menor que la de sectores intensivos en mano de obra. Un proyecto minero de gran escala requiere capital, tecnología y trabajadores especializados, pero no necesariamente contrata a miles de personas de manera permanente. La expectativa de un derrame automático sobre toda la economía puede, por eso, exagerar el impacto social inmediato.
El verdadero multiplicador depende de la integración local. Para que una inversión minera o energética impulse hoteles, restaurantes, transporte, construcción y comercio, deben existir proveedores nacionales capaces de cumplir estándares, entregar a tiempo y financiar capital de trabajo. También se necesitan rutas, energía confiable, conectividad y ciudades preparadas para recibir trabajadores. Sin esa red, buena parte del equipamiento, los servicios técnicos y las compras intermedias pueden importarse, reduciendo el efecto sobre las pequeñas y medianas empresas argentinas.
La segunda observación central es que la concentración sectorial puede producir crecimiento sin transformación amplia. Si las inversiones se concentran en pocos complejos exportadores, el producto y las reservas pueden mejorar mientras el empleo formal permanece estancado. El país obtiene divisas, pero no construye necesariamente una base empresarial diversificada. El desafío consiste en convertir la ventaja extractiva en una plataforma industrial y de servicios, no en aceptar que el proyecto termine funcionando como un enclave conectado al exterior.
El crédito, la variable que decide quién puede crecer
Schumpeter asignaba al financiamiento un papel esencial: el innovador necesita recursos antes de que su proyecto genere ingresos. En Argentina, esa condición está severamente limitada. El crédito al sector privado tiene una profundidad reducida en comparación con economías regionales y con las necesidades de inversión de una empresa que pretende pasar de pequeña a mediana o grande. La inflación, los defaults, las pesificaciones, las confiscaciones y los cambios regulatorios erosionaron el ahorro local y elevaron la desconfianza.
Sin ahorro de largo plazo, los bancos prestan a plazos cortos y con tasas elevadas. Una pyme que debe financiar maquinaria, certificaciones, capacitación o expansión exportadora queda atrapada entre el capital propio y el crédito comercial de sus proveedores. Las compañías grandes pueden acceder al mercado de capitales o financiarse en el exterior; las pequeñas, que concentran una parte relevante del empleo, quedan fuera. La ausencia de crédito no solo frena nuevas empresas: también impide que las existentes incorporen tecnología y sobrevivan a la apertura.
La tercera idea es que la estabilidad macroeconómica debe medirse no solo por inflación o resultado fiscal, sino por su capacidad de reconstruir contratos financieros. Una economía puede estabilizar precios y, sin embargo, tardar años en recuperar el ahorro si los agentes temen nuevos controles, reestructuraciones o cambios de moneda. La inversión productiva exige previsibilidad sobre impuestos, regulaciones y acceso a divisas. Sin ella, los capitales buscan retornos rápidos, dolarizados o extractivos, en lugar de comprometerse con proyectos industriales de largo plazo.
Empresas, trabajadores y Estado: una disputa de diagnósticos
El Gobierno puede argumentar que el cierre de empresas ineficientes es el costo inicial de una economía más abierta, con menos déficit y mejores señales de precios. Desde esa perspectiva, subsidiar compañías inviables prolongaría la mala asignación de recursos y trasladaría la factura a los contribuyentes. Los consumidores, además, pueden beneficiarse de productos más baratos y mayor variedad, una ventaja que no debería descartarse.
Los empresarios industriales responden que no compiten únicamente contra firmas extranjeras, sino contra una estructura doméstica de costos. Señalan impuestos acumulativos, logística cara, rutas deterioradas, regulaciones laborales complejas y dificultades para importar insumos o acceder a financiamiento. Para ellos, la apertura sin reformas complementarias no acelera la productividad: acelera la salida del mercado. Las organizaciones sindicales agregan que la informalidad y la pérdida salarial trasladan el costo del reordenamiento a los trabajadores, sin garantías de capacitación ni recolocación.
Las provincias y municipios enfrentan un dilema adicional. Necesitan recaudar para sostener servicios, pero sus tributos y tasas forman parte del costo que desalienta la inversión. Una reforma nacional que no coordine con los gobiernos subnacionales corre el riesgo de quedar incompleta. La infraestructura, la educación técnica y la habilitación de nuevas actividades dependen en buena medida de decisiones locales. La destrucción creativa no puede ser administrada únicamente desde el Ministerio de Economía.
Qué puede ocurrir después del ajuste
El escenario más favorable supone una segunda fase de expansión: estabilización persistente, recuperación del salario real, mayor crédito, reducción de impuestos distorsivos e inversión en infraestructura. En ese caso, la minería, la energía, la agroindustria, la economía del conocimiento y algunos servicios transables podrían generar proveedores y empleos indirectos. La apertura funcionaría como presión competitiva, pero también como acceso a insumos y mercados. El resultado sería una sustitución gradual de empresas, no una simple reducción del tejido productivo.
Un escenario intermedio combinaría crecimiento de exportaciones con una recuperación parcial del mercado interno. Habría inversión en sectores puntuales, pero poco derrame territorial y laboral. La economía mejoraría sus cuentas externas sin resolver la dualidad entre empleos formales de alta productividad y una masa creciente de ocupaciones informales. Esta configuración podría ser políticamente estable durante un tiempo, aunque mantendría una demanda social elevada y una distribución desigual de los beneficios.
El riesgo más serio aparece si la apreciación cambiaria, la falta de crédito y la debilidad del consumo persisten juntas. Más empresas podrían cerrar antes de que nazcan competidores locales; la informalidad absorbería parte de los desplazados; y la inversión se concentraría en actividades con escasa contratación. En lugar de una economía dinámica, surgiría una estructura más pequeña, dependiente de pocos sectores y vulnerable a los precios internacionales.
También existe un riesgo de interpretación. Si cada cierre se presenta como prueba de modernización, se vuelve difícil identificar los casos en que la política económica está destruyendo capacidades productivas recuperables. Y si toda quiebra se atribuye al Gobierno, se ignora que algunas empresas necesitan innovar, profesionalizarse y abandonar modelos protegidos durante décadas. La evaluación debe apoyarse en indicadores concretos: cantidad de nuevas firmas, empleo registrado, inversión privada, productividad, crédito, exportaciones con valor agregado y supervivencia de emprendimientos después de los primeros años.
Argentina no progresará congelando su estructura productiva, pero tampoco mediante una liberalización que confunda desaparición con progreso. La prueba del proceso será visible cuando una empresa que cierra sea reemplazada por otra que invierta, exporte, contrate y pague mejores salarios; cuando el trabajador desplazado encuentre capacitación y un puesto formal; y cuando las inversiones extractivas impulsen una red local de proveedores. Hasta que esos movimientos sean mayores que la destrucción, la etiqueta schumpeteriana seguirá siendo una promesa de política económica, no una descripción fiel de la realidad.
