El Gobierno de Javier Milei resolvió avanzar primero con la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) antes de enviar al Congreso el resto del paquete anunciado por el Presidente: el denominado “grillete fiscal”, la desregulación del mercado de capitales y la liberalización del mercado de seguros. La estrategia oficial busca ordenar el tratamiento legislativo de iniciativas de alto impacto económico y evitar que varias discusiones complejas se superpongan en el Parlamento.
Milei presentó la reforma del Banco Central el jueves pasado, durante un mensaje transmitido por cadena nacional. Al día siguiente, el proyecto ingresó formalmente a la Cámara de Diputados. Según fuentes de la Casa Rosada citadas por Infobae, la iniciativa constituye el primer paso de una secuencia legislativa que contempla el envío posterior de los otros proyectos. “La idea es que vayan enviándose en cascada”, señaló un integrante del entorno presidencial.
El Ministerio de Economía confirmó que el orden responde a una “secuencia” previamente definida. El oficialismo pretende que la modificación del estatuto del BCRA sea debatida en Diputados durante la tercera o cuarta semana de agosto. Antes, el texto deberá obtener dictamen en comisión y, si consigue la aprobación del pleno, será remitido al Senado para completar el trámite de sanción.
El financiamiento al Tesoro, en el centro
El proyecto concentra su principal cambio en la relación entre la autoridad monetaria y el sector público. El Ejecutivo propone eliminar el artículo 21 de la carta orgánica, que permite al BCRA otorgar adelantos transitorios al Tesoro. Ese mecanismo fue utilizado durante años para cubrir necesidades fiscales mediante emisión monetaria y se convirtió en una de las vías más relevantes de asistencia directa al Ministerio de Economía.
La reforma también plantea derogar la transferencia de utilidades contables del Banco Central al Tesoro. La actual administración recurrió a este procedimiento durante el año, a partir de resultados derivados de la variación del valor en pesos de activos denominados en dólares. En la práctica, esas ganancias contables podían ser giradas a Economía en forma de dividendos en pesos, aunque no representaran necesariamente ingresos líquidos generados por una actividad corriente.
Al eliminar ambas herramientas, el Gobierno busca cerrar canales de financiamiento fiscal indirecto y reforzar su objetivo de limitar la emisión de dinero. La lógica oficial es que el Tesoro deba sostener sus gastos con ingresos genuinos o con endeudamiento sujeto a las condiciones del mercado. El cambio, sin embargo, también reduciría el margen de maniobra del Estado ante episodios de tensión fiscal, por lo que su aplicación dependerá de la capacidad del Congreso y del Poder Ejecutivo para preservar el equilibrio presupuestario.
Autonomía y mandato monetario
El texto impulsa además un fortalecimiento de la autonomía del BCRA y el restablecimiento de una misión exclusiva: preservar el valor de la moneda. La definición procura limitar objetivos adicionales de la autoridad monetaria y establecer una línea más estricta entre la política fiscal, bajo responsabilidad del Gobierno, y la política monetaria, a cargo del Banco Central conducido por Santiago Bausili.
Para el oficialismo, esa separación es necesaria para evitar que la entidad sea utilizada como fuente habitual de recursos públicos. Sus críticos podrían advertir que una autonomía formal no depende únicamente de la redacción legal, sino también de la designación de autoridades, de la coordinación con Economía y de la capacidad política del Banco Central para sostener sus decisiones frente a las necesidades del Gobierno.
El calendario parlamentario será determinante. La reforma no solo necesita mayoría en Diputados, sino también una nueva aprobación en el Senado. Hasta que ese proceso no concluya, el Ejecutivo no prevé enviar los demás proyectos. La decisión permite concentrar los esfuerzos de negociación en una sola iniciativa, aunque también expone todo el cronograma económico a eventuales demoras, cambios o rechazos durante el tratamiento legislativo.
El paquete fiscal que espera su turno
El “grillete fiscal”, inicialmente presentado bajo la idea de un shutdown o apagón del Estado, establecería un mecanismo de respuesta cuando el Sector Público Nacional registre déficit durante varios meses. En ese escenario, el Congreso tendría un plazo limitado para restablecer el equilibrio entre ingresos y gastos.
Mientras persista el desequilibrio, se suspenderían actividades públicas consideradas no esenciales, se congelarían nuevos gastos, no se adjudicarían contratos ni se incorporaría personal. También se interrumpirían las transferencias no automáticas a las provincias. La propuesta contempla, además, que el Presidente, el vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios y legisladores nacionales dejen de percibir sus salarios durante la vigencia del mecanismo.
Milei defendió la medida como una forma de trasladar a la dirigencia política el costo de no ordenar las cuentas públicas. Su alcance concreto, no obstante, dependerá de cómo se definan los plazos, las excepciones y los servicios que quedarían exceptuados. El impacto sobre las provincias también podría convertirse en uno de los principales puntos de discusión, especialmente por la dependencia de recursos nacionales no automáticos.
Desregulación financiera y seguros
El proyecto sobre el mercado de capitales apunta a modificar distintas leyes para reducir la intervención estatal y facilitar el canal de ahorro hacia la inversión productiva. Entre los ejemplos mencionados por el Presidente figura la posibilidad de emitir obligaciones negociables en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida.
La iniciativa también incluiría cambios en el financiamiento colectivo. Milei sostuvo que el régimen vigente incorporó requisitos que limitaron una herramienta utilizada en otros países. El desafío será ampliar el acceso al financiamiento sin debilitar los controles contra el fraude, la manipulación de información o la captación irregular de fondos.
En el sector asegurador, el Gobierno pretende eliminar restricciones y autorizaciones previas para que las compañías diseñen y ofrezcan productos con mayor libertad. El regulador se concentraría en controlar la solvencia de las empresas y proteger a los contratantes frente a estafas. La propuesta podría acelerar la innovación y aumentar la competencia, aunque también trasladaría mayor responsabilidad a los consumidores y exigiría una supervisión eficaz sobre la capacidad de pago de las aseguradoras.
En Diputados, los negociadores oficialistas estiman que, después de la reforma del BCRA, el orden probable sería el grillete fiscal, el mercado de capitales y el mercado de seguros. Esa secuencia todavía no está cerrada. Por ahora, el Gobierno eligió que la redefinición del Banco Central funcione como condición política y normativa para el resto de su programa económico.
