La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un informe detallado sobre la ejecución del Presupuesto General de la República correspondiente a 2026, en el que destaca una creciente dependencia del endeudamiento para cubrir los compromisos financieros del Estado. Según el monitoreo realizado por la organización, de cada 100 lempiras destinados al pago de la deuda pública, 38 provienen de nuevos préstamos, 43 de los impuestos recaudados y el resto de otras fuentes de financiamiento.
Dependencia del crédito en las finanzas públicas
Este patrón revela una dinámica que podría comprometer la sostenibilidad fiscal si no se implementan medidas para mejorar la eficiencia del gasto. El informe, elaborado con datos del primer semestre del año, fue dado a conocer en Tegucigalpa y busca contribuir al seguimiento ciudadano de las cuentas públicas. La ASJ señala que recurrir de forma recurrente a nuevos créditos para atender obligaciones anteriores genera un ciclo que limita el margen de maniobra del gobierno en áreas prioritarias.
Baja ejecución presupuestaria en el primer semestre
Además del tema de la deuda, el documento alerta sobre el bajo nivel de ejecución del presupuesto nacional durante los primeros seis meses de 2026. Al cierre de junio, el gobierno había ejecutado solo el 35 % de los 443.966,69 millones de lempiras aprobados para el ejercicio fiscal. Esto implica que las instituciones deberán ejecutar el 65 % restante en el segundo semestre, lo que aumenta el riesgo de decisiones apresuradas y menor eficiencia en el uso de los recursos.
La concentración del gasto en los últimos meses del año puede afectar tanto la transparencia como la planificación institucional, según el análisis de la organización. Históricamente, Honduras ha enfrentado desafíos similares en la distribución temporal de los recursos, lo que ha generado críticas de organismos de control y sociedad civil.
Rezagos en salud y educación
El informe también pone atención en los sectores considerados prioritarios. La Secretaría de Salud alcanzó una ejecución del 34,5 %, mientras que la Secretaría de Educación registró un 42,2 %. Algunos programas específicos, como los relacionados con infraestructura escolar, muestran avances limitados que podrían impactar la calidad de los servicios públicos. Estos porcentajes contrastan con las metas establecidas en el presupuesto y reflejan dificultades operativas que persisten en varias dependencias.
Concentración de recursos en pocas entidades
Otro hallazgo relevante es que seis instituciones concentran el 71 % del presupuesto de la Administración Central. El servicio de la deuda pública encabeza la lista, seguido por las secretarías de Educación y Salud. En menor proporción aparecen las asignaciones para Infraestructura y Transporte, Seguridad y Defensa Nacional. Esta distribución refleja las prioridades actuales del Estado, aunque también plantea preguntas sobre el equilibrio entre el pago de obligaciones financieras y la inversión social.
Propuestas para mejorar la gestión fiscal
Frente a este panorama, la ASJ recomendó establecer un cronograma trimestral de ejecución presupuestaria con metas verificables que permitan un seguimiento más efectivo del gasto público. Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la planificación institucional para evitar que una parte significativa de los recursos se ejecute en el último trimestre. La organización insistió en priorizar proyectos orientados al crecimiento económico, la mejora de los servicios públicos y el bienestar de la población.
El informe de la ASJ se suma a otros análisis recientes sobre la situación fiscal de Honduras y ofrece datos concretos que pueden servir de base para el debate sobre la política de endeudamiento y la eficiencia del gasto. Las recomendaciones apuntan a mecanismos de control que ya han sido aplicados en otros países de la región con resultados mixtos, dependiendo del contexto institucional de cada nación.
